Autonomía cruceña, sin estatuto y con escasos recursos y competencias

Las percepciones sobre las autonomías difieren y se contradicen según los actores políticos. El pacto fiscal aparece como alternativa para captar recursos para las regiones y la ALD cruceña destaca que el estatuto fue aprobado un 75% por el TCP  

Fernando Soria Sejas



El 4 de mayo de 2008, los colores verde, blanco y verde ondeaban en todo el departamento, había efervescencia por el anhelo de lograr autonomía. En esas circunstancias, 925.537 personas acudieron a las urnas para votar por la aprobación de su Estatuto Autonómico. Al final de esa jornada, en que hubo alguna tensión, conflictos y heridos en zonas específicas que eran consideradas ‘territorio’ del MAS, se conoció que un 85,6% de los votantes decidió aprobar un estatuto y la gente se volcó a las calles para festejar el resultado. 

El hecho tuvo repercusión mediática a escala internacional, de por sí ya amplificada desde dos años antes, cuando Evo Morales asumió el poder en el país. A nueve años de esa votación, el espíritu autonómico parece aplacado entre la población; el estatuto por el que votaron ha sufrido modificaciones, se le han cercenado algunos artículos incompatibles con la actual Constitución Política del Estado y se están adecuando otros. En cuanto a competencias, se pasó de tener 22 a 59, eso sí, sin recibir recursos adicionales para solventarlas, lo que, sumado a  una crisis por la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos (de los cuales depende el 78% de sus ingresos), impulsó a la Gobernación cruceña a posicionar el debate por el pacto fiscal. Así las cosas, la Gobernación recibirá este año Bs 439,6 millones por estos dos conceptos, cifra comparable a la de 2006, luego de años de bonanza en que se alcanzó un pico de Bs 1.038,9 millones en 2013 (ver gráfico). La Gobernación cruceña habla de una “asfixia económica” a las autonomías y reclama que desde 2008 se le recortó el IDH en casi el 70% (Bs 1.887 millones), con los que ahora se paga la Renta Dignidad y otros bonos. En contrapartida, el Gobierno central aduce que los gobiernos subnacionales reciben cuatro veces más recursos que antes, que los recortes eran fondos no ejecutados y le reclama la generación de recursos propios. “Manejando el 1% de los recursos del Estado, tenemos los mejores indicadores de inversión pública y de desarrollo humano, con agua, energía eléctrica y caminos”, señala José Luis Parada, asesor general de la Gobernación. Acota que la generación de recursos propios pasa por flexibilizar la Ley de Clasificación de Impuestos y que la buena administración en estos años permitirá seguir manteniendo el nivel de inversión pública en Santa Cruz. 

A contramano, el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, plantea que “no se trata de recursos, sino de eficiencia en la ejecución pública”. 

¿Hay autonomía?Mientras los impulsores destacan que se trata de un proceso y enaltecen haberlas incorporado a la Constitución, y que aunque el avance es lento, ‘igual que las motos, la autonomía no tiene retro’, otras voces cuestionan que la población perdió el entusiasmo y acusan un abandono de la lucha. Carlos Dabdoub lo grafica con un vaso de agua por la mitad para discutir si está medio lleno o medio vacío. “Es un proceso que tuvo un comienzo y no tiene fin. Antes no había autonomía, hoy sí existe.

En lo político, está constitucionalizada y hay elección de autoridades; en lo económico, está de por medio un acuerdo por el pacto fiscal. Cuando tengamos ambas, lograremos una autonomía plena”, afirma.Para Paola Parada, secretaria de Desarrollo Humano de la Gobernación, es destacable que el Tribunal Constitucional haya declarado la legalidad del 75% del estatuto y afirma que “la concentración de recursos es el último muro del centralismo, que también cederá ante la fuerza del ciudadano de a pie”, en referencia al pacto fiscal. En la misma línea, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Kathia Quiroga, destaca tener un autogobierno por voto popular, aunque quedan reivindicaciones pendientes. 

Sin embargo, desde otra óptica, Juan Carlos Urenda, constitucionalista y uno de los principales redactores del estatuto cruceño, y Germán Antelo, ex presidente cívico, afirman que no hay autonomía, que se le miente al pueblo y que el estatuto por el que votó difiere mucho del que se pretende hacer aprobar. 

“Lo que hay es un texto constitucional donde están reconocidas, pero las competencias son más centralistas que antes”, afirma Urenda. Desde su óptica, los factores que incidieron en esto fueron que la CPE limita a los gobiernos regionales; que no hay una nueva forma de transferencia de recursos; y que los gobiernos autónomos no se han apropiado de las 36 nuevas competencias que tienen establecidas. 

Repasa las competencias en educación, hidrocarburos, minería y agropecuaria como algunas de las más importantes en las que no tiene tuición, y ejemplifica con el anhelado proyecto Mutún, donde la Gobernación solo tiene un director. 

A su vez, Antelo cree que el estatuto por el que votó la población ha cambiado un 50% y que no tiene la visión con que se aprobó. “No hay autonomía, lo que ha habido es gestión, que es lo que debe hacer cualquier institución pública con plata”, dice.Coinciden en que desde un ángulo totalmente distinto, aparece el Gobierno central, que, cuando parecía rebasado por las autonomías, las tomó, logró moldearlas, ampliarlas y transformarlas de su idea original a su criterio, hasta lograr una ley marco que las delimitara. El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, destaca que el modelo autonómico vigente en el país “es uno de los más avanzados en Latinoamérica” y subraya la vigencia de los estatutos de Pando y Tarija, las 20 cartas orgánicas municipales en vigencia y 160 en revisión; una autonomía indígena (Charagua), dos en proceso; además de un gobierno regional, el de Gran Chaco. 

El TPC cercenó 12 artículos al estatuto cruceño; la ALD espera enmiendas para adecuar otros 49 El año pasado, el Estatuto Autonómico cruceño fue enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional, que declaró incompatibles 61 de sus 144 artículos. La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) fue conminada a retirar 12 de los 61 artículos observados. Actualmente una comisión trabaja en la adecuación del resto (49) en medio de una larga espera de respuesta a una nota con aclaraciones y enmiendas enviadas al Tribunal Constitucional Plurinacional. Sobre los artículos cercenados, Kathia Quiroga, presidenta de la ALD, dice que no se renuncia a ellos, sino que quedarán como reivindicaciones para el futuro. “En enero entregamos un recurso de aclaración y enmienda, y esperamos la respuesta para seguir la adecuación. Esperamos tener nuestro estatuto este año”, afirmó Quiroga, quien resaltó que el estatuto está aprobado un 75%.

Competencias se deben ‘arrancar’ y en el pacto fiscal, negociar recursosDos actores que jugaron roles activos por la autonomía y que en determinado momento se alejaron de Rubén Costas, la figura más visible del proceso, exponen su visión sobre cómo se debería continuar la lucha autonómica. “Hay que cambiar las leyes, reformar parcialmente la Constitución; asumir competencias, como hidrocarburos, minería, agro, la Policía”, dice Juan Carlos Urenda. Sin embargo, cree que esto no sucederá  mientras no haya un gobierno con voluntad de generar verdadera autonomía. También señala que ante el poder abrumador del centralismo, se debió seguir con la “lucha testimonial”, y recuerda que la autonomía no se pidió, sino que se “arrebató” al poder central por la vía democrática. 

Germán Antelo cree que Santa Cruz y sus autoridades deberían haber mantenido la llama de la autonomía, pero la dejaron de lado, porque hoy la gente desconoce qué pasó con el estatuto y esporádicamente se escucha si hay avances. “La autonomía no se consigue con lamentos; debe haber una estructura comunicacional para concienciar a la gente, para socializar ante la población”, señala y critica que actualmente solo se maneje el tema del estatuto entre el poder departamental y el Tribunal Constitucional. “No se quiere arrancar competencias; solo tenemos asambleístas que van a La Paz a quejarse, pero sin apoyo popular.  Se aplazaron en generar conciencia”, concluye.Ambos también destacan la importancia del pacto fiscal, que está en su tercera de cinco etapas. José Luis Parada destaca que la Gobernación cruceña impulsó este debate, proponiendo que el Gobierno central pase de manejar el 75% al 50% de las recaudaciones tributarias, y que el otro 50% lo administren gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas del país, con lo cual duplicarían sus ingresos actuales.

Fuente: eldeber.com.bo