Tarija cuestiona cuatro fallos del TCP de los 2 últimos años

Tarija cuestiona cuatro fallos del TCP de los 2 últimos años

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia durante las dos últimas gestiones emitió al menos cuatro fallos que provocaron polémica en las instituciones públicas del departamento de Tarija. Algunas de ellas revocaron lo fallado por el Tribunal Departamental de Justicia.

Entre los principales fallos está la resolución que emitió el TCP a favor de la Gobernación sobre la Ley del Órgano Ejecutivo (LOE), que obligó a los subgobernadores a depender en el tema administrativo, contratación de recursos humanos entre otras competencias de la administración central y al mismo tiempo traspasar el manejo y ejecución de algunos programas y proyectos, contrarios a lo que se establece en el Estatuto Autonómico.

Otra sentencia polémica que emitió el TCP a favor de la Gobernación fue sobre el manejo administrativo del Programa Villa Montes Sachapera (Provisa), que si bien resolvió la pugna por la ejecución del proyecto entre la administración central y la subgobernación de Villa Montes, pero paralizó el proyecto hasta la fecha a favor de las familias indígenas.

Una tercera, y bastante cuestionada, fue la que el TCP denegó mediante una resolución la tutela de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) al actual viceministro, Eduardo Cortez, quien se había proclamado ganador de los comicios en 2014. Esta sentencia obligó a llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días, al no haber ganado las elecciones en ambos estamentos como recoge el Reglamento Interno.

La última resolución del TCP que para muchas instituciones y autoridades departamentales fue a destiempo, es la que obliga al gobernador, Adrián Oliva, a publicar la Ley deTransferencia del 8 por ciento de Recursos Económicos de la regalías para cada municipio, cuando la norma ya fue desechada por la propia Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT).

Sobre los fallos el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) por el municipio de Entre Ríos y secretario de la ALDT, Abel Guzmán, señaló que las resoluciones del TCP en algunos casos han permitido zanjar algunos conflictos políticos, administrativos y sociales, pero también en otros casos ayudaron a agravar los problemas en la región.

La autoridad considera que debe haber mayor celeridad en las acciones, amparos y recursos de inconstitucionalidad que se plantean al TCP desde las regiones, con la finalidad de ayudar a resolver los problemas y dudas de cualquier conflicto que se presenta ya sean de manera institucional, políticos y administrativos.

Similar preocupación expresó en su momento el asambleísta de la bancada de Camino Democrático Para el Cambio (CDC), Mauricio Lea Plaza, al indicar que los fallos que emiten los magistrados del TCP, son muchas veces a destiempo como ocurrió con la resolución a favor de la ley del 8 por ciento.

Los representantes de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y otros sectores del departamento aseguran que cuando apelan ante el TCP por cualquier sentencia, proceso o fallo de la justicia en la región, tienen que esperar años para tener una respuesta de los magistrados sobre sus casos peor cuando son particulares, indicó el representante del sector campesino en la Central Obrera Departamental (COD), Osvaldo Yucra.

La retardación

La retardación de justicia es una preocupación masiva que tiene la población en el departamento de Tarija, porque consideran que los procesos que encaran en los tribunales de justicia de la región, duermen años en los juzgados sin resolverse y en algunos casos los mismos se cierran por sobreseimiento y falta de seguimiento de los mismos jueces y fiscales que llevan las causas.

Esta preocupación la dio a conocer el ex dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct), Eider Quiroga, quien manifestó que los procesos penales que encaran las familias campesinas y los obreros en los tribunales de justicia por conflictos de tierra, laborales y otros tardan años para resolverse.

Para el fiscal del Ministerio Público de Tarija, Gilbert Muñoz, algunos procesos llevan retraso en resolverse en los juzgados debido a la carga procesal y otros por falta de personal y recursos humanos.

El funcionario aseguró que a medida que van ingresando los procesos los jueces y fiscales asignados a las causas tratan de ir resolviendo en el menor tiempo posible, aseguro.

elpaisonline.com / Tarija

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