Activistas iniciaron una campaña para localizar y registrar a los niños que perdieron a sus madres por la violencia y exigir al estado una compensación como víctimas colaterales que les asegure un futuro
El Día del Amor, el 14 de febrero, fue el más amargo en la vida de Imelda Martínez. Su hija, Dalia Orozco, de 23 años, fue asesinada a tiros por su pareja. El cuerpo apareció dos días después en el municipio de Durango, en el estado del mismo nombre.
Mientras enfrenta el dolor de la pérdida tiene que enfrentarse a cuatro cosas que hace un par de meses jamás le hubieran cruzado por la cabeza: encontrar al asesino de su hija, sortear la burocracia que impide que las dos hijas de Dalia –una niña de 3 y otra de 5 años- accedan al apoyo del Estado que les corresponde por reparación de daño y explicarles que su madre ya no está; el cuarto es qué va a pasar con sus nietas cuando ella falte y cómo puede retenerlas ahora que el padre biológico, un hombre que asegura era violento con su hija, busca la custodia.
«No toda la vida voy a existir. Quisiera tener la esperanza de que las niñas estuvieran protegidas«, expresó a Infobae.
Además de la cuestión personal tiene que enfrentar una difícil situación económica pues con dos niñas pequeñas en casa, no le alcanza el tiempo para trabajar y con los 4.000 pesos al mes (USD 212) que gana su esposo tienen que ingeniárselas para los gastos de la casa y de las pequeñas, principalmente de la mayor, que desde la muerte de su mamá habla poco y se muestra alejada del resto de las personas.
El caso de las nietas de Imelda es el mismo por el que atraviesa un número indeterminado de menores, hijos de mujeres que murieron víctimas de feminicidios, a pesar de que el Artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su aparto segundo, que «se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas».
Cómo su caso puede haber cientos en el país, pero el problema es que el de los niños que quedan en orfandad es un problema que no se visibiliza porque hasta ahora la atención se ha centrado en el tema de cómo hacer que los gobiernos de los distintos niveles reconozcan todos los casos de feminicidio que se registran en el país en lugar de insistir en que algunos fueron homicidios imprudenciales o suicidios.
La crueldad de las cifras
El 21 de enero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hizo pública información sobre Presuntos delitos y víctimas de feminicidio en la que refiere que de 2015 a 2017, las procuradurías o fiscalías estatales registraron 1.640 carpetas que iniciaron una investigación por el delito de feminicidio en México: 389 en el año 2015; 580 casos en 2016, y 671 en 2017, es decir un aumento del 72% entre 2015 y 2017, según los datos difundidos. No proporciona información sobre los menores en orfandad.
Sin embargo, María Salgero, una activista mexicana que desde enero de 2016 dedica sus esfuerzos a construir una base de datos y crear el mapa de los feminicidios que cada día ocurren en el país, no está de acuerdo con esas cifras.
En entrevista, afirmó que sus mediciones, realizadas con base en reportes de prensa y que posteriormente pone en un mapa en el que documenta los casos por estado, tan sólo en 2017 registró 2.095 casos «y me faltan por cargar alrededor de 400».
En enero empezó a incluir los casos de huérfanos del feminicidio y se encontró con dos sorpresas.
La primera fue que al menos un niño queda huérfano cada día luego de que su madre fallece, víctima de feminicidio.
Y la segunda es que no existen cifras oficiales confiables para comparar su hallazgo. «Ni siquiera le gobierno sabe cuántos huérfanos del feminicidio hay. Hay que voltear a verlos», expresó en entrevista.
Entre enero y marzo de este año, Salgero documentó 50 casos de feminicidio en los que se reportaba que las víctimas tenían entre uno y cinco hijos. Contabilizó que en el mismo periodo 93 niños quedaron en la orfandad, uno por día.
Mientras que del año 2014 a febrero de 2017 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependencia encargada de atender estos casos, tenía registrados sólo 65 casos, según datos que proporcionó en tribuna la diputada oficialista Paola Iveth Gárate Valenzuela el 15 de mayo del año pasado.
La mayoría de los huérfanos detectados por Salgero se ubican en la capital, el Estado de México y Puebla.
«Antes de que yo empezara a medirlo no se le ocurrió a nadie hacerlo en serio y es partir de este año cuando empezamos a tener esa cifra, pero sólo de las mujeres que se reporta que eran madres, porque hay muchas de los que no se dice nada y sólo se destaca el caso del feminicidio», dijo Salgero.
La esperanza de un futuro
Tanto Salgero como Sandra Soto, abogada que llevó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 40 casos de niños que están a la espera de la reparación del daño por la pérdida de sus madres, destacaron la necesidad de ofrecerles a los menores no sólo la ayuda económica que les garantice un futuro sino también apoyo psicológico, pues algunos fueron testigos del asesinato de sus madres, lo que les dejó secuelas que es importante resarcir antes de que lleguen a una edad adulta.
Otro de los problemas es que, como en el caso de Imelda, el padre reclama la custodia y empieza una batalla legal, o los abuelos son personas de la tercera edad «y lo más probable es que el día que falten ellos, los niños se vayan a vivir a la casa de algún tío.
«Los niños pasan por un duelo terrible que es la pérdida de su mamá y cuando el responsable es su papá se quedan sin mamá y sin papá, se van con los abuelos y cuando los abuelos faltan tiene que cambiarse otra vez de hogar, entonces ya los arrancaste varias veces de lo que era su hogar, nunca va a volver a tener a su familia», expresó Soto a Infobae.
Los casos que Soto representa pertenecen a la Ciudad de México, a los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero y de México.
Algunos en el norte, otros en el centro del país, lo que muestra que el problema no es de una región en específico.
La abogada señaló que los centros oficiales reconocidos para dar atención a los menores no cuentan con una atención de perspectiva de género, a pesar de estar estipulado por la ley.
«Nosotros nos estamos basando en tratados internacionales de los derechos de los niños que deben ser superiores a cualquier política o ley», expresó.
Soto destacó el caso de Romeo, de 4 años, quien perdió a su madre el año pasado y ahora está a cargo de sus abuelos.
Antes de ser asesinada, su madre había adquirido un seguro a través de un programa gubernamental, gracias a ello el niño recibe una ayuda de 300 pesos mensuales (USD 15,91). Tan sólo se su hogar al lugar donde recibía atención psicológico, el taxi le cobra 150 pesos (USD 7,4) por lo que la ayuda sirve de poco.
Destacó la necesidad de elaborar una base de datos confiable sobre los huérfanos de feminicidio en el país para así poder garantizarles en un futuro.
Mientras tanto, Imelda, quien a lo largo de la conversación a veces se pierde entre las palabras, espera una respuesta doble: el encarcelamiento del presunto asesino de su hija y la ayuda para sus nietas.
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Fuente: infobae.com