La Cainco y la CNI aseguran que proyecto de Ley de Empresas Sociales atenta contra el derecho a la propiedad privada y entrega su patrimonio a los obreros.
Advierten que ley de empresas es confiscatoria y vulnera la CPE
Punto Blanco es una de las empresas que ahora es gestionada por los trabajadores. Foto:Archivo / Página Siete
Horacio Villegas, presidente de la CNI. Foto: ABI Pese a los ajustes realizados al proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales, que propone que los obreros se hagan cargo de las industrias que están en quiebra y las conviertan en una compañía social, los empresarios privados consideran que esta norma es confiscatoria porque vulnera la Constitución Política del Estado (CPE).“El hecho de que a los trabajadores se les transfiera la totalidad de los activos, pero no se les transfiera la totalidad de los pasivos, es un enunciado confiscatorio y atenta contra la propiedad privada, porque al final de cuentas la que tiene activos y pasivos, la que tiene derechos y también obligaciones es la empresa. No se puede decir, por una disposición normativa, ‘estos activos entran y estos pasivos no entran’”, manifestó a Página Siete Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco).Para el empresario poner en vigencia esta norma, tal como se lo está planteando, sería peligroso para la economía nacional porque desestabilizaría el aparato productivo e inviabilizaría las inversiones nacionales y extranjeras. “La falta de un equilibrio en esta normativa destruiría lo que se ha venido construyendo en materia económica en el país”, advirtió.El artículo 6 del proyecto de ley dice, de forma textual: “Las trabajadoras y los trabajadores activos de una empresa sujeta a concurso preventivo, quiebra o liquidación y que el mismo hubiere concluido, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 1612 y 1613 del Código de Comercio, en su calidad de acreedores privilegiados, podrán de manera voluntaria solicitar al juez que conoce la causa la adquisición de la empresa (propiedad intelectual, marca, etc.), bienes y negocios, con la finalidad de conformar una empresa social”.Para el representante de los industriales cruceños, este contenido atenta contra la propiedad privada, un derecho que está consagrado en la Carta Magna.La opinión es compartida por Horacio Villegas, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), quien sostuvo que esta norma es motivo de inseguridad para su sector.“Este proyecto de ley es una preocupación muy grande para los industriales, porque nos parece que esto viene como el regalo adicional que se da siempre el Primero de Mayo, pero creo que el momento que vive el país no es para pensar en regalos ni acuerdos por una fecha”, declaró.En explicación del empresario, una de las observaciones que hicieron al proyecto es la forma en que se permitirá la creación de una empresa social.“El nacimiento de una empresa social sólo se da a partir de la muerte de una empresa comercial, no hay otra forma, es decir que esté en quiebra, liquidación o disolución, abandono o cierre injustificado.Y ahí el tema de fondo es a qué se considera abandono y qué es cierre injustificado”, apuntó Villegas.La Cámara Nacional de Industrias, que analiza la propuesta con sus abogados, también hizo notar a las autoridades que otro detalle incluido en la ley, que es “atentatorio” contra su sector, es el de los despidos masivos o intempestivos, que podrían dar lugar a la creación de una empresa de carácter social.“No sabemos a qué se refiere el despido masivo o intempestivo, ¿es cinco, 10, 20, el 50% (de los empleados)? También nos hemos asustado porque casi todo está relacionado para temas de industria, habla de empresa comercial productiva, se habla de que los bienes se declaran indivisibles en el caso de producción industrial incluido el inmueble”, señaló.El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, explicó ayer que la norma dispone la creación de una empresa social sólo a partir de tres posibles escenarios.“Hay tres modalidades: en caso de liquidación, de quiebra y de abandono, esas tres están en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado, que son las que fundamentan la creación de las empresas sociales. Obviamente tienen un procedimiento jurídico que no afecta el derecho de otros, pero que sí consolida la posibilidad de que los trabajadores puedan mantener sus empleos”, aseguró.El artículo 54 de la CPE dice: “Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales”.La autoridad agregó que el proyecto de ley fue modificado y ahora se busca consensuar su contenido con los empresarios.“Esta ley busca un marco normativo para que los trabajadores puedan crear empresas sociales basados en un capital social, que son los salarios, los beneficios sociales, los aguinaldos y otros que no son pagados por los empresarios, lo cual legalmente les permite la creación de una empresa social para mantener su fuente de trabajo”, explicó.En mayo del año pasado, el proyecto de Ley 218/17 de Ley de Creación de Empresas Sociales fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero después de varias observaciones de los empresarios quedó paralizado. Esta vez, el Gobierno busca aprobarla en el Día del Trabajo.“Presentaron el proyecto de norma en un televisor”El titular de la Cámara Nacional de Industria (CNI), Horacio Villegas, señaló que los legisladores les informaron de su intención de aprobar la norma en una presentación realizada en un televisor.“Un tema curioso es que la presentación que nos han hecho (las autoridades) ha sido en un televisor, directamente. Entiendo que ir a una reunión con los presidentes de la Asamblea (Legislativa Plurinacional), recibir una presentación en la televisión y decir ‘sobre eso va a ser’, no era lógico. Ayer (el martes) hubo una reunión de trabajo técnico y ya había observaciones”, comentó.El representante de la CNI añadió que su sector no conoce con exactitud cuántas ni qué tipo de modificaciones se realizaron al borrador del proyecto de ley presentado el año pasado.“La verdad es que no sabemos qué va a salir, puede salir otro (documento) modificado, puede salir el anterior. Realmente la decisión de sacar este proyecto de ley es política, es por el Primero de Mayo”, indicó Villegas.El presidente de la Cámara de Industrias apuntó que por estos días los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana (COB) y los funcionarios del Gobierno no sólo discuten el tema del incremento salarial, sino una serie de normas que pueden llegar a perjudicar al sector empresarial.“Una parte es el incremento salarial, una segunda parte es la ley de las empresas públicas y una tercera parte son la serie de normas técnicas del cemento, de la leche, de la madera que están queriendo aprobar”, manifestó el máximo ejecutivo de los industriales del país.Página Siete / Fernando García / La Paz