“No hacemos huelga, pero nos asustamos e invertimos menos”

El empresario boliviano dice que las medidas salariales están politizadas y que ello repercute negativamente.“No hacemos huelga, pero nos asustamos e invertimos menos” Marco Antonio Salinas conversa con Isabel Mercado (izq), directora de Página Siete, y con Mery Vaca, subdirectora. Foto: Victor Gutierrez/ Página SieteMarco Antonio Salinas acaba de ser elegido para un nuevo período al frente de la Cámara Nacional de Comercio. Desde su función como representante del sector abrigó esperanzas de que este año el Gobierno daría un mejor trato a los empresarios, puesto que había dado señales de diálogo y comprensión de la situación económica del país. Sin embargo, no fue así y expresa su frustración en esta entrevista con Página Siete.¿Cuál es su reacción respecto al incremento salarial y al anuncio del doble aguinaldo por parte del Gobierno?Pese a que hemos hecho una propuesta concreta basada en  la realidad económica, estamos frustrados como empresarios, porque las medidas que ha tomado el Gobierno son medidas políticas que no condicen con la situación económica y que van a tener una repercusión negativa para el país en el déficit fiscal, mayor desempleo y menor flujo de inversión para los privados. Por todo eso, nos sorprende, y nos sorprende aún más el segundo aguinaldo que el Presidente ya lo da por hecho, siendo que no contempla cifras finales. En las proyecciones del sector privado no vamos a llegar a 4,5%. La única forma de garantizar ese pago sería  cambiando el decreto.Sin embargo, existió una aproximación del Gobierno con los empresarios. ¿Qué pasó?Por el discurso que estaba teniendo el Gobierno de aproximarse a nosotros esperábamos que las discusiones se basaran más en temas económicos que políticos, pero ahora vemos que además de hacer un incremento fuera de lo  racional promete un doble aguinaldo sobre el cual no tenemos resultados definitivos. Seguimos en la línea politizada en el manejo salarial.¿Cuál es su evaluación de la política salarial en general?El tema salarial involucra varios componentes y debería trabajarse durante todo el año. Además, el Gobierno y la COB no son los únicos que deberían tratar este tema porque  el Gobierno ha firmado un acuerdo con la OIT a una negociación tripartita. Nosotros siempre hemos denunciado a la OIT como Confederación de Empresarios un incumplimiento al convenio internacional y estamos esperando que se resuelva porque eso dura dos o tres años. No hay un debate técnico para la definición. Se manejan los porcentajes como si fuera una tómbola. Hay actores fundamentales que deberían ser parte del debate como la juventud, que tiene el mayor indicador de desempleo, que está entre el 17, 18 hasta un 20%; las mujeres son otro actor que debe estar presente. Nosotros hemos sacado un estudio que dice que la gente profesional cada vez tiene menor sueldo y resulta que la persona que no está capacitada ha tenido un incremento de un 300% de su ingreso, que es el salario mínimo. Hay profesionales de administración de empresas que por ejemplo en la banca están ganando 2.700 o 2.500 bolivianos, mientras que la empleada doméstica, que es iletrada, está ganando 2.000. El ingreso per cápita de Bolivia del ciudadano promedio está alrededor de 3.000 dólares; el ingreso per cápita de los que tienen el mínimo nacional está por encima del promedio nacional. Toda la política salarial que ha manejado el gobierno ha distorsionado el mercado, ha generado más desempleo. No puede ser que la COB, que representa a pocos (20 o 25% de empleo formal) tenga una influencia decisoria en este tema.¿Cómo se podría resolver el problema de que cada vez se paga menos a los más calificados?Hay una concepción ideológica de no creer en la meritocracia, aunque hoy en día está cambiando. Esto no significa no incrementar a la base, está bien, estamos en un promedio interesante, pero ahora pensemos en nuestros profesionales. La pobre clase media en este país recibe palo por todos lados, clase en decadencia, no le pagan los sueldos que corresponden, eso tenemos que cambiarlo, tenemos que generar meritocracia y pagar los sueldos que corresponden. Los decretos dicen que el aumento para  gerentes y directores es voluntad de los dueños de la empresa y los incrementos son inversamente proporcionales (al total ganado), eso obedece a una posición política ideológica. En mi empresa mi secretaria está muy cerca de los ingenieros.¿El diálogo que ustedes han sostenido con el Gobierno ha sido tripartito con la COB o por separado?Por separado. La política laboral del Gobierno en toda esta gestión ha sido favorable al obrero porque ése es su discurso político y es legítimo, con eso han ganado las elecciones.¿Cómo ha repercutido en el aparato productivo la política salarial del Gobierno?Un incremento importante de los salarios hace que haya una mayor demanda, entonces hay gente que puede comprar más, pero el costo salarial se ha disparado en las empresas. En la construcción, por ejemplo, el costo salarial en un edificio era 20%, hoy día es 45% y eso no es lo más grave; lo peor es con los exportadores porque les suben el costo salarial y el tipo de cambio se mantiene, entonces no son competitivos afuera. El Gobierno nos dice “inviertan”, invertimos y nos aplica incrementos salariales terribles y doble aguinaldo.Existe un nivel de crecimiento por encima de otros países. El Gobierno se basa en eso para pedir a los empresarios que compartan sus utilidades.El boom del país ha sido por el incremento de los precios de las materias primas y el Estado vía la inversión pública ha hecho crecer al país. Si nosotros hacemos el análisis de las utilidades de las empresas indudablemente han subido de forma muy importante, pero de las empresas grandes y medianas. El 70% de las empresas en Bolivia son unipersonales y ésas no han ganado nada y las Pymes están en el suelo. Los empresarios estamos de acuerdo con la redistribución de las utilidades, pero con racionalidad, porque el doble aguinaldo es un impuesto ciego para los que han ganado y los que han perdido. Ya existe la prima que se paga sobre las utilidades y podemos generar otros mecanismos para redistribuir, pero tiene que haber un consenso nacional.Tampoco se podía dejar las cosas como estaban. Nadie podría vivir con 500 bolivianos de mínimo salarial.Nunca decimos que debería congelarse, sino que tiene que haber racionalidad. El mayor elemento para determinar el aumento del salario es la productividad del obrero, que en Bolivia es una de las más bajas en Latinoamérica.Y, según usted, ¿cuál es el nivel de incremento óptimo?El Gobierno por norma o por decreto debería decir todos los años que se nivela de forma automática a la inflación, sin discutir. Nosotros hemos dicho que el incremento debería estar en el orden del 3% porque es 2,71% de inflación, más la productividad que ha subido un 0,8%, entonces el incremento debería estar en 3,3% más o menos. Lo del mínimo es más serio aún cuando se sube 10 o 15% porque sirve para calcular los bonos de antigüedad, para lactancia o sea tiene un efecto en el salario bruto.¿Entonces estaríamos en una política proteccionista del empleo, que no redunda en la productividad?No hay una política clara del Estado de mejorar la productividad. El año pasado se han asustado por eso han presentado su política de empleo porque el desempleo subió del 3,5 al 4,7, porque están subiendo los sueldos demasiado, suben tanto que los formales ya no quieren empleados, muchos se van a la informalidad, donde no se paga el mínimo, no hay salud, no hay educación, no es un salario digno.Sin embargo, las cifras del desempleo siguen siendo bajas en comparación a la medida regional.En Bolivia está el empleo más informal de la región.  El desempleo de 4,7, que es bajo regionalmente, esconde el desempleo del joven, que en La Paz es del 20%, esconde el autoempleo; entonces esas cifras del empleo son pues muy relativas y pese a ser tan relativas se ha incrementado. Si estamos creciendo en este país, lo lógico sería que haya más empleo, pero no hay más empleo por los incrementos salariales y la inamovilidad funcionaria. En este país no se puede retirar al personal.Entonces ¿no solo se trata del salario, sino de las medidas que protegen al trabajador?Hay muchos inversores que han venido a Bolivia a ver y han decidido no invertir por el tema de la inamovilidad funcionaria porque eso tiene un costo altísimo. El Ministerio de Trabajo aquí ya no es del trabajo, es del trabajador. De 100 demandas que se presentan, 99 salen a favor del trabajador y ese 1% es porque no está ahí o porque se ha perdido el expediente.¿Existe alguna relación entre empresas cerradas y empresas abiertas durante este tiempo a raíz de esta política salarial? No creo que sea tan directa la relación, el año pasado hemos tenido 6.000 empresas cerradas y 9.000 creadas, o sea el neto es favorable todavía; pero también hay muchas empresas que están inscritas en Fundempresa, pero que no están funcionando. Pero no es un efecto de causa-efecto rápido, es acumulativo. Además hay un sinfín de acuerdos laborales para las planillas, por ejemplo, dicen que han pagado el doble aguinaldo, pero yo les aseguro que la mitad son mentira.¿Es una política laboral ficticia o de doble discurso entonces?Muchas de las conquistas no se cumplen, pero los que cumplen son los empresarios o industriales formales y grandes, que no pueden evadir, están muy bien vigilados, pero las empresas chicas, las panaderías, se ríen en la noticia.Y respecto a las empresas quebradas que podrán ser transferidas a los trabajadores, ¿cuál es su percepción?Este proyecto ya lo tenían listo el año pasado y lo frenamos. Una de las razones para declarar una empresa quebrada era de que no se pagaran los sueldos durante  tres meses o servicios básicos, pero eso es un absurdo. Hoy en día se ha mejorado muchísimo, pero hay muchos elementos que en esa ley todavía no están muy claros y el empresario está muy preocupado. Los empresarios no salimos a la calle, no hacemos huelga, pero nos asustamos muy rápido,  si hay estas leyes invertimos menos. La historia nos dice que las empresas quebradas que han querido ser recuperadas por los obreros en 80% de los casos han vuelto a quebrar y lo más grave que han vuelto a quebrar y los pobres obreros que se han metido en el baile  han perdido hasta sus casas. Si se quieren levantar esas empresas para preservar el empleo, lo lógico es hacer que las quebradas ya no estén quebradas. Además, por la dinámica de la economía, hay un número de empresas que tienen que quebrar y no hay que salvarlas, es un absurdo porque salvarlas es un costo para el Estado, es un costo para la banca, hay que dejar que quiebren, se vendan los activos y punto y el empresario que se ha metido en eso tendrá alguito de plata al final y hará otro negocio.¿Sobre la alta presión tributa ria que cae sobre empresarios y clase media aún se puede hacer algo o es un tema ya cerrado?Ese es un tema que tiene un componente político muy importante, lo primero que hay que hacer es ampliar la base impositiva, no puede ser que unos pocos paguen y otros no. 20, 30% del empresariado formal paga todo, lo fiscalizan, lo refiscalizan, suben los salarios, son los que toda la vida están pagando, pero los cooperativistas mineros no pagan impuestos, la feria de El Alto no paga impuestos, el régimen simplificado no paga impuestos. Lo más preocupante, más que la magnitud de los impuestos, es que somos pocos y sufrimos una presión desmedida.¿Por qué cree que es tan inequitativo? ¿Es para beneficiar a sectores del Gobierno?Somos un país monoexportador, esas industrias del gas no son intensivas en mano de obra, entonces mucha de nuestra gente acaba contrabandeando, teniendo su puestito ligado al tema político y  eso se le suma el componente político: si las cooperativas me apoyan no pagan impuestos, si los gremiales apoyan la Alcaldía no les cobra sentaje. Por eso pedimos un cambio de matriz económica. Se necesita diálogo y concertación. El año pasado hemos estado 3.800 horas en negociaciones con el Gobierno, sentados, hemos tenido comisiones de todo, pero los resultados han sido mínimos, pero vamos a seguir haciéndolo.¿Cuál es la realidad de la relación entre los empresarios y el Gobierno?Son procesos, cuando entró este Gobierno no estábamos en su lista, ni de últimos, pero ellos han aprendido a gestionar, a administrar el país, el Presidente no es el mismo de hace 10 años, se ha dado cuenta de la importancia del sector privado y ya hay diálogo. Está mejorando la relación, pero no encontramos todavía resultados.¿Cuánto daño le hizo el contrabando al país?Nosotros tenemos un estudio que el contrabando representa 2.400 millones de dólares al año, y es un cálculo conservador. Le ha hecho daño al país en general, al Estado porque no recibe impuestos, a los empresarios porque sus productos hacen competencia desleal, al empleado porque hay empresas que no pueden competir. Todos tenemos que combatir, porque es el cáncer de la sociedad.¿Qué opina que los militares tomen el control de la lucha contrabando?Estamos de acuerdo.Página Siete/  La Paz