En Arica se quejan por el perjuicio que provoca un terreno entregado a YPFB

Las autoridades del vecino país reclaman por los costos del tratado pos Guerra del Pacífico. Un enclave de 3,5 hectáreas concedido a Bolivia  se convirtió en un sitio baldío costoso que perjudica el desarrollo urbano



EL DEBER

Un terreno de 3,5 hectáreas que Chile cedió, en concesión, en 1958 a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el funcionamiento del oleoducto que abastece de petróleo al país se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de Arica, ya que el tendido pasa por toda la ciudad y recorre parte del valle de Lluta hasta la frontera con Bolivia, según un reportaje de La Tercera.

Por el Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización (actualmente Ministerio de Bienes Nacionales), el 2 de julio de 1958, el presidente Carlos Ibáñez del Campo concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica-Sica… el lote N°2 de 3,5 hectáreas para la instalación de un estanque receptor de lastre”.

Pero 58 años después, un informe de 2016 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre este terreno ubicado en las calles Diego Portales y Alejandro Azolas, postula que el sitio y su estanque “están en desuso”.

El sitio, en pleno centro de Arica y próximo a dos terminales de pasajeros, está cercado con una explanada de tierra, un estanque metálico deteriorado, una casa y un guardia. La empresa estatal boliviana -según la publicación de La Tercera- explica que no hay tal desuso, pues ese lugar está destinado ante una emergencia para habilitar una piscina que debería acumular el petróleo que transporta este ducto.

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“Este propiedad fue entregada en comodato al fisco boliviano cuando Arica llegaba hasta el río San José. Sin embargo, con el crecimiento urbano, el enorme sitio quedó en medio de la ciudad por lo que se hace indispensable recuperarlo para poder generar algún proyecto inmobiliario, de servicios públicos o comercial”, indica el diputado Luis Rocafull a La Tercera.

La queja también se extiende a un territorio concedido a Perú, ubicado en el acceso norte de la ciudad de Arica. Allí hay 126 mil metros cuadrados de tierra cercados, pero que aún el vecino país no ha definido su uso. Ello, pese a que la última intención clara fue el año pasado, con el Decreto N° 020 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que dispuso la construcción del Consulado General en ese sitio.

 Antes hubo otro del Ministerio de Defensa del vecino país que lo declaró “de interés nacional y necesidad de desarrollo” y anunció la construcción de un centro cultural. El predio tiene un componente que evoca la Guerra del Pacífico, pues fue adquirido para asilar a peruanos que debían promover un plebiscito para que los residentes de Tacna y Arica decidieran si estas ciudades quedarían o no en manos de Chile tras el conflicto.

Molestia del alcalde

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, advierte que la ciudad “paga caro los costos de vivir en función de dos tratados. Los más graves son ambientales con los camiones que llegan al Puerto, que sufren accidentes en la carretera y derraman sustancias tóxicas en las zonas de áreas silvestres protegidas por donde atraviesa la carretera a Bolivia”.

Esos problemas -asegura- motivaron una alianza con la alcaldesa de Putre, Maricel Gutiérrez, para gestionar asistencia técnica con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (y abordarlos con un plan de descontaminación. También apunta a otro sitio relacionado con el oleoducto que traslada petróleo a Bolivia, ubicado entre las calles Renato Rocca con Tucapel. “En las afueras de este lugar se estacionan los camiones bolivianos dañando las veredas y a veces derraman combustible, lo que altera la tranquilidad de los vecinos”, reclama el edil.

El terreno está a pocas cuadras del que tiene el estanque abandonado donde comienza el barrio industrial antiguo de la ciudad. A través del Decreto Supremo N°336 del 16 de abril de 1958, Chile concedió, también bajo uso gratuito, “un extensión de terrenos fiscales de una superficie de 13 hectáreas, para la instalación de la planta terminal de dicho oleoducto”.

En cuanto a los sitios baldíos que poseen Perú y Bolivia, Espíndola dice a La Tercera que el municipio no cuenta con herramientas para multarlos.

Relación amistosa

El parlamentario chileno Nino Baltolu afirma que “hay que mantener una relación amistosa con los países vecinos, pese a estos espacios que afectan nuestra vida cotidiana. Hay que conversar con ellos y pedirles una definición porque tenemos que convivir con ellos”.

La intendenta María Loreto Letelier entrega una visión más optimista de los tratados bilaterales. La jefa del Gobierno Regional reconoce algunos “como el creciente interés turístico que un año tras otro experimentamos con Bolivia, así como el fuerte intercambio comercial que mantenemos con Perú. Nuestro desafío debe ser buscar la manera de mitigar los impactos que siempre van a existir en toda ciudad que mira directamente hacia los ojos del progreso.

Fuente: eldeber.com.bo