Mesa pide a Fiscalía procesar a Evo y a Rodríguez Veltzé

Según su fundamento, entre su Gobierno y los que le sucedieron, avalaron la expulsión definitiva de la firma chilena Non MetallicMinerals-Quiborax del Salar de Uyuni.El expresidente Carlos D. Mesa afirmó ayer que si la Fiscalía General del Estado  da curso a la proposición acusatoria sobre el caso Quiborax, también se debe procesar penalmente al exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé y al presidente Evo Morales.“(..) Si  su autoridad no rechaza la proposición acusatoria y dispone el archivo de obrados,  tendría que requerir ante  el Tribunal Supremo de Justicia  el enjuiciamiento de los expresidentes Carlos D. Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual presidente Juan Evo Morales, ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non MetallicMinerals-Quiborax del Salar de Uyuni”, señala el memorial  de demanda que envío Mesa ayer por la tarde a  la Fiscalía General del Estado.En el documento, Mesa también pide iniciar una demanda penal a todas las autoridades del  gobierno de turno  que intervinieron en la defensa formal de Bolivia en el arbitraje.Como argumento señala que ellos  causaron un daño económico al Estado al haber ejercido una “pésima” defensa de los intereses del pueblo boliviano.El 22 de mayo pasado, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía  el inicio de una investigación por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica contra el expresidente   Mesa y tres exministros.Añade que se trata de un intento de ocultar el “fracaso” de la defensa del equipo legal boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Quiborax, que ratificó el pago de  57 millones de dólares, que incluye intereses y costas.Mesa sostiene que el expresidente Rodríguez  Veltzé, siguiendo la línea de nacionalización de Non Metallic, hizo una corrección de forma y  ratificó lo que su Gobierno  hizo   en 2004.Al respecto, el exmandatario  afirmó el  martes que el desarrollo del arbitraje que interpuso  Quiborax se sustanció a partir de noviembre de 2006 hasta la fecha, durante el gobierno  actual. En criterio de Mesa, durante la defensa la   Procuraduría  debería haber demostrado no sólo que el capital invertido por la empresa demandante no llegaba al millón de dólares.Sino que  la tasa de retorno o de reembolso de este capital estaba “superabundantemente” cubierta con las ganancias obtenidas con relación a las inversiones realizadas y que las declaraciones de sus exportaciones falseaban el volumen del mineral realmente exportado, hecho que  ocasionaba un perjuicio económico para Bolivia.Sobre la aprobación de ambos decretos explicó que como primera medida de protección del Salar de Uyuni, por la importancia estratégica de los recursos naturales que contiene, promulgó la Ley 2564 que abrogó la Ley 1854, por ser contraria a los intereses nacionales que ampliaba la superficie de la reserva fiscal del salar.Esto fue con el fin de evitar concesiones o autorizaciones “fraudulentas” o contrarias a los intereses del país en favor de empresas depredadoras del patrimonio natural y cultural.Aseguró que la  política de Estado y de Gobierno fue compartida por los gobiernos que le sucedieron, es  el caso de Rodríguez Veltzé, quien si hubiera compartido el criterio del actual procurador Pablo Menacho “no sólo habría  discrepado con la norma aprobada, sino que habría devuelto la concesión a la compañía”.Dijo que similar situación ocurrió con el Gobierno del presidente Morales.Gobierno: “Nos concentramos en  compensación”La defensa del actual Gobierno se concentró en la parte de la compensación y en argumentar que la demanda económica no correspondía como exigía la empresa Quiborax, afirmó el ministro de Minería, César Navarro.“Hemos hecho una defensa y hemos expresado que la compensación no correspondía al nivel de actividad que desarrolló”, argumentó  cuando se le consultó sobre  las contradicciones cuando se asumió la defensa del caso.Navarro dijo que si no se hacían esas fundamentaciones incluso el laudo arbitral pudo haber ratificado el 100% de compensación que demandaba Q   uiborax, que eran unos 150 millones de dólares, pero que ahora  el monto asciende a  57 millones.“El Estado boliviano defendió desde el punto de vista de la ausencia de inversión, daño ambiental e incluso la vulneración laboral y tributaria. Por tanto, la Procuraduría considera que el expresidente Carlos Mesa cometió  errores jurídicos”, precisó.Para  Mesa, si el actual Gobierno  hubiera tenido desde el inicio esa posición, debería haberse allanado a la demanda arbitral y no haber presentado acción penal alguna contra los accionistas. “Debería haber dejado sin efecto las decisiones previas de revocatoria y nulidad tanto de mi gobierno como del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé y  haber devuelto la concesión a  Quiborax”,  añadió.Fuente: paginasiete.bo