Sector agropecuario definirá medidas en un congreso

Emergencia. Los productores del departamento no están en condiciones de asumir medidas como las empresas sociales y un posible doble aguinaldo.



El sector agropecuario de Santa Cruz se encuentra  en emergencia ante las últimas leyes promulgadas por el gobierno, además del anuncio de un segundo aguinaldo para esta gestión, es por ello que se realizará un congreso con todos los sectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), donde definirán las medidas que tomarán frente a esta situación. La fecha del encuentro productivo aún no tiene fecha definida.



Analizarán los temas a profundidad. Fredy Suárez, presidente de la CAO, indicó que se analizarán los distintos temas a profundidad, ya que en reunión de directorio que se realizó el pasado jueves, el sector se declaró en emergencia. «Con el tema de las empresas sociales no estábamos para nada de acuerdo, no considerábamos ni siquiera analizar los artículos, porque esa ley para los sectores es lapidaria. El tema de reservas  de Guarayos también está en agenda porque se sigue impulsando reservas integrales, con lo cual no estamos de acuerdo. En cuanto al segundo aguinaldo que suena, hay que respetar las leyes porque si no crecemos el 4,5% no se paga y en el incremento salarial, no se está en condiciones y no porque estemos en contra de los trabajadores si no porque el sector agropecuario está golpeado», explicó Suárez, a tiempo de agregar que la ley de empresas sociales se presta para muchas cosas  ya que existen muchos vacíos en ella. «En el congreso esperamos que asistan los 18 sectores afiliados a la CAO, ellos son los que determinarán qué hacer y se sacará un mandato para ponerlo en práctica», apuntó.

Rechazo al incremento salarial. Por su parte Ricardo Alandia, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), indicó que su sector rechaza el incremento salarial ya que ha sido el doble de la inflación y el salario mínimo que parecería poco un 3% pero que afectará de gran manera. «En cuanto a la Ley de empresas, no estamos de acuerdo y ni vamos a revisar un solo artículo», apuntó.

Ven vacíos en la ley. Entre tanto el expresidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Guillermo Pou Mont, manifestó que hay vacíos legales en la Ley de Empresas Sociales promulgada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo. Dijo que una reglamentación no soluciona la intención que tienen los trabajadores de «confiscar» las empresas y proponen que sea el Estado boliviano que financie la consolidación a las empresas sociales. La normativa establece que a pedido de los trabajadores, un juez laboral puede intervenir una empresa que esté en quiebra o el empresario la cierre o abandone sin justificación alguna. «Nos han escuchado, pero no  nos han hecho caso. Hay agujeros y espacios no tratados en la Ley. No pueden ser cubiertos por una reglamentación (…). La ley tiene muchos vacíos,  hemos hecho notar que todo los elementos que puedan considerar incluyendo la necesidad de financiamiento de la empresas sociales», declaró el empresario. El inciso V del Art 11 de la Ley de Empresas Sociales, dice que el juez de materia laboral dispondrá «la transferencia de un contrato de dación en pago, con arreglo al artículo 307 del Código Civil  a los trabajadores y trabajadoras, quienes adquieren la propiedad de los activos y la obligación de satisfacer al pasivo de la misma, hasta el monto del activo».

Este es otro de los vacíos que existe, según Pou Mont, en la norma porque no aclara qué pasará con los activos y pasivos de una empresa en quiebra. De acuerdo con el empresario solo el 20% pertenecería a los trabajadores. «Y si hay otros acreedores ¿Qué va pasar con los otros acreedores?», cuestionó.

30 de mayo
las empresas privadas deberán cancelar el retroactivo al mes de enero.


Privados denuncian discriminación por incremento

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, mediante un comunicado público, rechazó el contenido de la Resolución 413/18 a la que califica de «discriminatoria y sesgada» y afirmó que esta norma muestra «la intencionalidad de sectores del Gobierno, de afectar de manera persistente y sistemática, la estabilidad y crecimiento del sector privado boliviano, al que se lo somete a un tratamiento clara y manifiestamente discriminatorio, con relación al sector público» El pasado 3 de mayo, el Ministerio de Trabajo emitió la Resolución 413/18 que reglamenta para el sector privado, el pago del incremento salarial fijado en 5.5% y del salario mínimo establecido en Bs 2.060 mensuales, y que señala que las normas laborales se deben aplicar bajo principios como «primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral y no discriminación», señala el comunicado de la CEPB.

 

Fuente: eldia.com.bo