Las quejas incluyen compras fantasma de víveres para los orfanatos, negligencia administrativa y favoritismo en contratación del personal. Asambleístas departamentales anuncian controles.
El caso Alexander está lleno de contradicciones y fallas judiciales. Archivo / Página Siete
Tras el reciente escándalo judicial en el caso del bebé Alexander, los trabajadores del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) La Paz denuncian retardación en las adopciones, favoritismo en la contratación de personal y corrupción en la compra de víveres dentro los hogares de acogida dependientes de la Gobernación. Piden una reunión con el gobernador, Félix Patzi, para demostrar “con papeles en mano” las irregularidades en la institución.“Como trabajadores tenemos la obligación de denunciar estos hechos que vulneran la seguridad de los internos en los hogares. Cursa en el despacho del Gobernador una serie de denuncias con documentación que las respalda y creemos que sirven para empezar una investigación”, dijo el representante de los trabajadores del Sedeges, Marco Villca.Los trabajadores denuncian corrupción y retardación en los procesos de adopción, maltrato a los internos, compras fantasma de víveres, entre otras irregularidades, en los 14 hogares administrados por el Sedeges.La legisladora departamental Vilma Magne (SOL.bo) señaló que la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea de La Paz supo estas denuncias a través de una nota de los trabajadores. “Hemos determinado convocar a una sesión informativa donde vamos a recibir a los denunciantes ya que, por lo delicado del caso, corresponde escucharlos y ver sus pruebas”, informó.Acoso por apoyar a JhieryLa muerte del bebé Alexander, en circunstancias aún no esclarecidas, hace cuatro años, destapó la situación de los hogares públicos. “Es un problema estructural en todo el aparato de atención a niños en orfandad. El Estado en todos sus niveles no está cumpliendo con su deber”, señaló la asambleísta departamental Elizabeth Morales, por el MAS.Según el dirigente Villca, el pasado 2 de marzo, los trabajadores enviaron una primera denuncia escrita al Gobernador Patzi por “acosos laborales” que sufrían por defender la presunción de inocencia del médico Jhiery Fernández, quien estuvo preso cuatro años acusado de la muerte de Alexander y desde el miércoles se defiende en libertad.“Hemos observado el memorial que recientemente envió el Sedeges sumándose a la petición del Ministerio Publico de una sentencia de 30 años para el galeno, quien es inocente. La institución no ha movido ni una aguja para esclarecer el caso”, expuso.Compras fantasmaSegún los denunciantes, la negligencia administrativa es tal que fundaciones que apoyaron por más de 10 años al Centro para Niños y Personas con Discapacidad ( IDAI) se alejaron porque esperaron más de seis meses para la renovación de un convenio.Entre otras irregularidades, Villca denunció la emisión de cheques para la compra de un lote de harina y azúcar, alimentos que nunca llegaron a los hogares.Página Siete solicitó la contraparte de estos quejas a la Gobernación de La Paz y al Sedeges. La respuesta, mediante un comunicado oficial, fue: “El Gobierno departamental tiene los mecanismos para el tratamiento de las denuncias públicas”.Retardación y favoritismo en las adopciones
Trabajadores del Sedeges hicieron las denuncias públicas.Según datos oficiales del Sedeges, en casi tres años apenas cuatro parejas concretaron la adopción de un niño. “Hay retardación en los procesos de adopción por parte del área jurídica que no cumple los plazos y luego deslinda responsabilidades en las defensorías”, señaló el dirigente Marco Villca.Su denuncia fue corroborada por la legisladora departamental Elizabeth Morales. Hay casos que llegaron hasta la Asamblea para su investigación, dijo.La autoridad recuerda la lucha de una pareja que deseaba adoptar a dos pequeños. “Presentaron los requisitos y se sometieron a todos los estudios necesarios pero pese a que los resultados fueron favorables el proceso no obtuvo respuesta por más de tres años”.La misma pareja denunció que un año después de que ellos comenzaron el trámite, otra pareja inició una adopción que “por algún motivo” fue casi inmediata e incluso “con la posibilidad de escoger a los niños”.“Fueron víctimas de retardación y su denuncia da indicios de un favoritismo; ambas irregularidades deben ser investigadas. Sabemos que hay más casos”, sostuvo Morales.Según la asambleísta, en este caso el Sedeges argumentó que el Juzgado decide la adopción. No obstante, esta institución llevó adelante el proceso.“Mamitas” 24 horasNiñeras En 2014, luego de la muerte de Alexander, una inspección al Hogar Virgen de Fátima, hoy Niño Jesús, identificó varios problemas en el personal. Uno de ellos fue el de los horarios que cumplían las “mamitas” o niñeras que trabajaban en turnos de 24 horas con 10 niños.Reestructuración Se recomendó contratar más personal para que las niñeras puedan trabajar en turnos de ocho horas. La propuesta fue ratificada por la asambleísta Morales la gestión pasada, pero no obtuvo respuesta alguna.Condiciones La legisladora señaló que la falta de una normativa específica que proteja a los niños en situación de orfandad hace que el personal contratado en estos centros no sea calificado, sea removido o contratado por motivos políticos; tenga sueldos bajos y jornadas laborales de hasta 24 horas, lo que afecta e rendimiento y, por tanto, el cuidado de los niños.Denuncia Los trabajadores del Sedeges denuncian que, vulnerándose sus derechos, no tienen descanso en feriados.“Alexander 2”, otro caso irresuelto
Tras la muerte del bebé Alexander, el 13 de noviembre de 2014, salieron a la luz serias denuncias de maltrato en centros de acogida.“Alexander 2” es el nombre con el que se conoce a la denuncia de violación de una niña de seis años que fue dada en preadopción a una pareja de La Paz. Fue la madre adoptiva la que al escuchar el relato de la pequeña hizo una denuncia, meses antes de la aún no esclarecida muerte del bebé Alexander.“Hay un examen forense y los testimonios de la niña en la cámara Gesell que evidencian la agresión sexual. Pero, aunque la entonces responsable del Sedeges -Agustina Quispe- conocía el hecho, nunca investigó, nunca puso en recaudo a la niña y más al contrario la arrancaron de la familia adoptante y la entregaron a otra”, relata el abogado Eduardo Machicado.Señala que al estallar el caso Alexander el Sedeges procedió a denunciar al padre adoptivo como sospechoso autor de la violación. La demanda fue rechazada al evidenciar que el acusado fue el primer denunciante y que las lesiones eran de la época en la que la niña estaba interna.En 2013 fotografías de niños con los ojos morados, narices fracturadas y golpes en todo el cuerpo derivaron en la destitución de dos niñeras del hogar Virgen de Fátima, hoy Niño Jesús. El entonces gobernador de La Paz César Cocarico dijo que “nunca se enteró”.Asimismo, padres adoptivos reportaron signos de maltrato en sus hijos. Leonor Ayma Morales, exdirectora del hogar de acogida, indicó que presentó una carta con estas quejas.Niños de hogares están en total indefensión
Los niños en situación de orfandad se encuentran en la indefensión total, dijo la asambleísta departamental Elizabeth Morales. Su colega Vilma Magne realiza inspecciones a diferentes centros de acogida del departamento.“Es un problema estructural en todo el aparato de atención a niños en situación de orfandad. Hay estudios que indican que pese a las normativas, el Estado -en todos sus niveles- no está cumpliendo con su deber. No existe una normativa actual a nivel nacional o departamental para la protección de los pequeños institucionalizados”, aseveró Morales.Reprochó que hasta el momento no se hayan tomado en cuenta las recomendaciones tras la intervención que se hizo por el caso Alexander, hace cuatro años. Entonces se especificó que todos los centros infantiles debían contar con un médico pediatra -no sólo general- cámaras de vigilancia y un sistema de monitoreo.“Nada se está cumpliendo. Si no vamos trabajar con un compromiso real, los hechos lamentables van a seguir”, dijo.Magne indicó que la comisión de la cual es parte ha decidido realizar inspecciones a los hogares de acogida para fiscalizar y establecer el estado de los niños que están bajo la tutela de la Gobernación. “Hay que hacer un seguimiento permanente”, afirmó.10 muertes en un añoEntre 2016 y 2017 se registraron 10 fallecimientos de niños internos en hogares, según una investigación de Página Siete. Se abrieron auditorías que a la fecha no tienen resultados.
2014 La muerte aún no esclarecida del bebé Alexander puso en evidencia la precariedad e inseguridad en la que viven los niños, niñas y adolescentes de los hogares de acogida. Un galeno fue encarcelado sin pruebas.2015 En La Paz se promulgó una ley departamental para la acreditación y regulación de los hogares de acogida, con el fin de resguardar la integridad de los internos. Sin embargo, las denuncias de irregularidades suman y siguen.
2016 Seis internos de IDAI fallecieron en menos de siete meses. Tres de los fallecimientos fueron por broncoaspiración, según los certificados emitidos por el médico del centro.
2017 La legisladora departamental Elizabeth Morales denunció esas muertes. “Hay un proceso abierto en el Ministerio Publico, pero no ha avanzado por el mal manejo de la Fiscalía”.4 Fueron las muertes entre abril y agosto de 2017 en hogares municipales y privados de El Alto y Oruro. Una de ellas fue por asesinato, dentro del Hogar Paria, de un adolescente de 12 años por parte de sus compañeros, sin que los cuidadores se dieran cuenta.
138 denuncias de abusos sexuales fueron reportados entre 2009 y 2010 en seis centros de acogida de Cochabamba. La inspección en todo el país de la diputada Brito determinó negligencia y maltrato.
Trabajadores del Sedeges hicieron las denuncias públicas.Según datos oficiales del Sedeges, en casi tres años apenas cuatro parejas concretaron la adopción de un niño. “Hay retardación en los procesos de adopción por parte del área jurídica que no cumple los plazos y luego deslinda responsabilidades en las defensorías”, señaló el dirigente Marco Villca.Su denuncia fue corroborada por la legisladora departamental Elizabeth Morales. Hay casos que llegaron hasta la Asamblea para su investigación, dijo.La autoridad recuerda la lucha de una pareja que deseaba adoptar a dos pequeños. “Presentaron los requisitos y se sometieron a todos los estudios necesarios pero pese a que los resultados fueron favorables el proceso no obtuvo respuesta por más de tres años”.La misma pareja denunció que un año después de que ellos comenzaron el trámite, otra pareja inició una adopción que “por algún motivo” fue casi inmediata e incluso “con la posibilidad de escoger a los niños”.“Fueron víctimas de retardación y su denuncia da indicios de un favoritismo; ambas irregularidades deben ser investigadas. Sabemos que hay más casos”, sostuvo Morales.Según la asambleísta, en este caso el Sedeges argumentó que el Juzgado decide la adopción. No obstante, esta institución llevó adelante el proceso.“Mamitas” 24 horasNiñeras En 2014, luego de la muerte de Alexander, una inspección al Hogar Virgen de Fátima, hoy Niño Jesús, identificó varios problemas en el personal. Uno de ellos fue el de los horarios que cumplían las “mamitas” o niñeras que trabajaban en turnos de 24 horas con 10 niños.Reestructuración Se recomendó contratar más personal para que las niñeras puedan trabajar en turnos de ocho horas. La propuesta fue ratificada por la asambleísta Morales la gestión pasada, pero no obtuvo respuesta alguna.Condiciones La legisladora señaló que la falta de una normativa específica que proteja a los niños en situación de orfandad hace que el personal contratado en estos centros no sea calificado, sea removido o contratado por motivos políticos; tenga sueldos bajos y jornadas laborales de hasta 24 horas, lo que afecta e rendimiento y, por tanto, el cuidado de los niños.Denuncia Los trabajadores del Sedeges denuncian que, vulnerándose sus derechos, no tienen descanso en feriados.“Alexander 2”, otro caso irresuelto
Tras la muerte del bebé Alexander, el 13 de noviembre de 2014, salieron a la luz serias denuncias de maltrato en centros de acogida.“Alexander 2” es el nombre con el que se conoce a la denuncia de violación de una niña de seis años que fue dada en preadopción a una pareja de La Paz. Fue la madre adoptiva la que al escuchar el relato de la pequeña hizo una denuncia, meses antes de la aún no esclarecida muerte del bebé Alexander.“Hay un examen forense y los testimonios de la niña en la cámara Gesell que evidencian la agresión sexual. Pero, aunque la entonces responsable del Sedeges -Agustina Quispe- conocía el hecho, nunca investigó, nunca puso en recaudo a la niña y más al contrario la arrancaron de la familia adoptante y la entregaron a otra”, relata el abogado Eduardo Machicado.Señala que al estallar el caso Alexander el Sedeges procedió a denunciar al padre adoptivo como sospechoso autor de la violación. La demanda fue rechazada al evidenciar que el acusado fue el primer denunciante y que las lesiones eran de la época en la que la niña estaba interna.En 2013 fotografías de niños con los ojos morados, narices fracturadas y golpes en todo el cuerpo derivaron en la destitución de dos niñeras del hogar Virgen de Fátima, hoy Niño Jesús. El entonces gobernador de La Paz César Cocarico dijo que “nunca se enteró”.Asimismo, padres adoptivos reportaron signos de maltrato en sus hijos. Leonor Ayma Morales, exdirectora del hogar de acogida, indicó que presentó una carta con estas quejas.Niños de hogares están en total indefensión
Los niños en situación de orfandad se encuentran en la indefensión total, dijo la asambleísta departamental Elizabeth Morales. Su colega Vilma Magne realiza inspecciones a diferentes centros de acogida del departamento.“Es un problema estructural en todo el aparato de atención a niños en situación de orfandad. Hay estudios que indican que pese a las normativas, el Estado -en todos sus niveles- no está cumpliendo con su deber. No existe una normativa actual a nivel nacional o departamental para la protección de los pequeños institucionalizados”, aseveró Morales.Reprochó que hasta el momento no se hayan tomado en cuenta las recomendaciones tras la intervención que se hizo por el caso Alexander, hace cuatro años. Entonces se especificó que todos los centros infantiles debían contar con un médico pediatra -no sólo general- cámaras de vigilancia y un sistema de monitoreo.“Nada se está cumpliendo. Si no vamos trabajar con un compromiso real, los hechos lamentables van a seguir”, dijo.Magne indicó que la comisión de la cual es parte ha decidido realizar inspecciones a los hogares de acogida para fiscalizar y establecer el estado de los niños que están bajo la tutela de la Gobernación. “Hay que hacer un seguimiento permanente”, afirmó.10 muertes en un añoEntre 2016 y 2017 se registraron 10 fallecimientos de niños internos en hogares, según una investigación de Página Siete. Se abrieron auditorías que a la fecha no tienen resultados.
2014 La muerte aún no esclarecida del bebé Alexander puso en evidencia la precariedad e inseguridad en la que viven los niños, niñas y adolescentes de los hogares de acogida. Un galeno fue encarcelado sin pruebas.2015 En La Paz se promulgó una ley departamental para la acreditación y regulación de los hogares de acogida, con el fin de resguardar la integridad de los internos. Sin embargo, las denuncias de irregularidades suman y siguen.
2016 Seis internos de IDAI fallecieron en menos de siete meses. Tres de los fallecimientos fueron por broncoaspiración, según los certificados emitidos por el médico del centro.
2017 La legisladora departamental Elizabeth Morales denunció esas muertes. “Hay un proceso abierto en el Ministerio Publico, pero no ha avanzado por el mal manejo de la Fiscalía”.4 Fueron las muertes entre abril y agosto de 2017 en hogares municipales y privados de El Alto y Oruro. Una de ellas fue por asesinato, dentro del Hogar Paria, de un adolescente de 12 años por parte de sus compañeros, sin que los cuidadores se dieran cuenta.
138 denuncias de abusos sexuales fueron reportados entre 2009 y 2010 en seis centros de acogida de Cochabamba. La inspección en todo el país de la diputada Brito determinó negligencia y maltrato.