Imagen./ El Deber
El segundo aguinaldo implica una señal de mayor riesgo fiscal y externo, lo cual repercutirá en menores niveles de inversión pública y privada. Además, esta mayor incertidumbre provocará que en lugar de gastar, las familias ahorren este ingreso adicional, en un contexto económico más adverso e incierto.
La mayor vulnerabilidad fiscal y externa que generará esta medida no dinamizará la economía. Existen diversos estudios que señalan que la población, en especial la más pobre, ahorra recursos adicionales temporales como el doble aguinaldo para afrontar el futuro. En ese sentido, el efecto multiplicador se disipa.
“Esta medida es un despropósito para la creación de actividad económica generadora de empleo porque implica un alza del costo laboral de más de 650 millones de dólares para el sector privado y un aumento del costo por trabajador de 8,5%. En ese sentido, se constituye en un impuesto a la contratación de la mano de obra”, señaló Jorge Arias, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO).
Añadió que no existe una situación en la cual un impuesto a un sector haya generado la promoción de la actividad sectorial. “Decir lo contrario va contra toda lógica mínima en economía y en la experiencia internacional de política pública”, aseveró.
En similar línea, es un claro incentivo a la informalidad laboral, fenómeno éste que ha generado dos realidades sociales distintas y ha hecho que 3,8 millones de trabajadores activos no tengan seguro médico (69% del total) y 4,5 millones no aporten para su jubilación (83% del total). Si bien según el Fondo Monetario Internacional señala que la informalidad productiva disminuyó de 66% en 2005 a 46% en 2015, esto se debe a que la formalización de las empresas se concentró en las medianas y grandes, mientras que las micro y pequeñas (Mipymes) están con una situación de trabajo y emprendimiento más vulnerable.
Es aún más irresponsable la medida, tomando en cuenta que acarreará costos para el sector público que implican menor inversión pública. El pago del doble aguinaldo para el Estado implica alrededor de 300 millones de dólares este año, cuando necesitamos cubrir el déficit fiscal que este año se calcula estará en los 3.200 millones de dólares. Su efecto también se sentirá en 2019, puesto que implicará menor recaudación por Impuesto a las Utilidades de Empresas por cerca de 200 millones de dólares.
La suma de estos dos efectos, que equivale alrededor de 500 millones de dólares menos para el Estado, deberían ser destinados para incrementar los apenas 1.500 millones de dólares en inversión pública en el área social, es decir en educación y salud, que presupuestó para el 2018.
Fuente: Prensa Cainco