Prado: El Gobierno obtuvo seis sentencias a punta de chantajes

Leny Chuquimia /  Santa Cruz

Gary Prado Araúz,  abogado defensor de seis de los procesados y uno de los acusados sobreseídos en el caso Rózsa, señaló que las seis sentencias que hay hasta la fecha son fruto de presiones y chantajes a cambio de libertad.  Todas fueron por la vía del juicio abreviado.“El Gobierno tiene seis condenas  obtenidas por la vía del juicio abreviado. Lo que hubo es una canje de libertad por culpa”, manifestó el jurista.Señaló que inicialmente el juicio debió empezar  con 39 personas acusadas pero solo comparecieron ante la autoridad judicial 22. De esas solo llegaron a la audiencia de instalación de juicio oral -en Tarija- 20, cifra que subió a 21 cuando el proceso fue trasladado a Santa Cruz.De los 21, después de cinco años de detención preventiva, seis se acogieron al juicio abreviado. Esta salida se habilitó con la modificación de  la Ley 586 del código de procedimiento penal.“Ahí fue  que  Mario Tadic y Elöd Toasó, arrestados en el Hotel Las Américas, se acogieron a esa medida para salir de la cárcel”, manifestó.

  Rózsa  en una de las fotografías encontradas.

Indicó que ambos, al igual que los dos presos que continúan en celdas,  eran prisioneros políticos. Explicó que  la ley procesal vigente  al momento de su aprehención establecía 18 meses de detención preventiva sin acusación y 24 meses sin sentencia por lo que correspondía que se defiendan en libertad.



“Ellos estaban en la cárcel con  preventivas más de cinco años, no  tenían sentencia y el juicio estaba en sus primeras etapas. A pesar de las insistentes audiencias      para la cesación de las detención los jueces no concedieron medidas sustitutivas. A cambio de su libertad se  autoinculparon como cómplices en alzamiento armado, un delito que no hubo”, afirmó Prado.Al poco tiempo,   Ignacio Villa Vargas, considerado el testigo  clave  por ser el chofer del vehículo con el que se colocó la bomba en la casa del Cardenal se acogió al mismo procedimiento. Él también era el hombre del polémico videosoborno que incrimina al  exfiscal Marcelo Soza en actos de  extorsión.“A través de su abogado se declara cómplice de terrorismo por acompañar a los policías Walter Andrade, Karen Vargas y al  funcionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo en el colocado del  explosivo. Pero  le rechazan su solicitud y le exigen que cambie  la versión a que los tres partícipes del atentado eran los ejecutados en el Hotel Las Américas”, sostuvo eljurista.Fuente: paginasiete.bo