La Asociación de Pilotos de Santa Cruz denuncia el incremento de requisitos para el certificado de aeronavegabilidatd y otras irregularidades de dos funcionarios.
Mediante un voto resolutivo, la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz conminó al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que reemplace o retire a dos funcionarios de esta entidad gubernamental por abusos y corrupción.“Resuelve exigir la inmediata sustitución o retiro de los funcionarios Milor Gustavo Severich Godoy y Cristian Mayta Gorrilli, quienes son declarados personas no gratas por nuestra asociación”, se lee en la parte resolutiva del documento que fue enviado a ambas instancias del Gobierno.Ambos servidores trabajan en la DGAC como técnicos y son los encargados de emitir los certificados de aeronavegabilidad a los aviones, es decir que con esa autorización las aeronaves están habilitadas para volar porque cumplen con los estándares requeridos. Los pilotos o representantes deben hacer el trámite cada año.“Desde el año pasado, Severich y Mayta han incrementado discrecionalmente los requisitos, incluido el NDT, que no está previsto en los manuales de mantenimiento del fabricante”, denuncia la asociación de pilotos civiles. El NDT es una revisión específica que se hace para descartar o identificar rajaduras en los metales de los aviones.Cristian Mayta era empleado de Horizontal Bolivia de Aviación SRL, empresa implicada en el caso de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), caso que aún sigue en investigación en la Fiscalía. Por este vínculo, los denunciantes consideran que no puede tener ese cargo en la dirección aeronáutica.Asimismo, los pilotos denunciaron que Severich es propietario de un centro de mantenimiento NDT, el único que hay en el país, porque “la DGAC ha cerrado los otros talleres NDT, quedando como único el de Severich, el cual ahora ha cambiado de nombre”.Este requisito, según la asociación de pilotos, no está previsto en los manuales de mantenimiento del fabricante.Al margen de esas irregularidades, los pilotos contaron que en gestiones pasadas el costo por el certificado de aeronavegabilidad llegaba a 1.000 dólares y que “ahora llega a 6.000 dólares, debido a los nuevos requerimientos. Además, el pago del NDT se hace en los talleres (y no en la DGAC)”.Ante este panorama, la Asociación de Pilotos pidió por escrito una reunión urgente con las autoridades de la DGAC, de lo contrario anunciaron medidas de presión para los siguientes días.En una carta enviada a este sector, la DGAC cita a los representantes de los pilotos para una reunión para hoy, a las 8:30, en la ciudad de Santa Cruz, con el fin de que se toque la denuncia. Este medio intentó contactarse con esa dirección, pero no hubo respuesta. En 2018, aviadores acusaron a Celier Arispe por otras disposicionesLos pilotos civiles de Santa Cruz y al menos 130 pilotos de Boliviana de Aviación (BOA) se declararon en emergencia, en noviembre de 2018, por una resolución de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) que los obligaba a recalificar sus conocimientos del idioma inglés, bajo sanción de suspensión de sus licencias y multas económicas.
En esa oportunidad, la Asociación de Pilotos Civiles de Santa Cruz observó la situación y denunció otras irregularidades que ponen en riesgo la seguridad operacional. El Gobierno minimizó las quejas.Aquella vez, los aviadores informaron que una recalificación de competencia lingüística implicaba desconocer los intervalos de evaluación que estaban vigentes. Declararon un abuso porque los pilotos ya estaban calificados y con experiencia.La DGAC, en un comunicado, respondió que es su obligación hacer cumplir la recomendación de la Autoridad Aeronáutica de Colombia, a partir del informe del accidente de Lamia y otro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).Denuncia contra ArispeEn noviembre del año pasado, la Asociación de Pilotos de Santa Cruz denunció que el director de la DGAC, Celier Arispe Rosas, “sin ningún fundamento técnico ni operativo” dispuso una serie de procedimientos que ponían en riesgo la seguridad operacional, exponiendo la vida e integridad de pasajeros y tripulación.“Ha suprimido la categoría internacional a aeropuertos fronterizos, como los aeródromos de Guayaramerín y Puerto Suárez, situación que afecta a la autonomía de vuelo, obligando a alargar los tramos sin combustible y sin la posibilidad de utilizar aeropuertos alternos, como los ya mencionados”.Aseguraron en esa oportunidad que Arispe obstaculiza los trámites, en especial la internación de aeronaves, registro de pistas, certificaciones de aeronavegabilidad y renovaciones de documentación y permisos de operación, entre otros.Fuente: https://www.paginasiete.bo