Con el fallo del TCP, Áñez y legisladores ejercerán funciones máximo hasta julio

Si se da una segunda vuelta como consecuencia de los resultados de las elecciones del 3 de mayo, las actuales autoridades nacionales ampliarán su mandato hasta el 22 de julio. Si hay un ganador en primera vuelta, ese plazo se acorta al 12 de junio.

Jeanine Áñez aparece en el balcón del Palacio de Gobierno, en La Paz, el día de su juramento el 12 de noviembre de 2019.
Jeanine Áñez aparece en el balcón del Palacio de Gobierno, en La Paz, el día de su juramento el 12 de noviembre de 2019. Foto: archivo / La Razón
Paulo Cuiza / La Paz

Hasta al menos el 22 de julio próximo se ampliará el mandato de la presidenta Jeanine Áñez y de los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en caso de darse una segunda vuelta electoral producto de los resultados de las elecciones del 3 de mayo.

De acuerdo a los plazos fijados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la posesión de las autoridades electas que obtengan la victoria en primera vuelta está prevista entre el 29 de mayo y el 12 de junio. De darse ese caso, el mandato de las actuales autoridades concluirá hasta el 12 de junio con la entrega del poder alos ganadores de los comicios.



«En caso de realizarse una segunda vuelta electoral, ésta se prevé para el 14 de junio, en cuyo caso la posesión de autoridades sería entre el 8 y el 22 de julio», fija  el calendario aprobado por el TSE y publicado el pasado 6 de enero.

De ser así, las autoridades electas asumirán su mandato hasta el 22 de julio.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) viabilizó este miércoles la prórroga del mandato de las actuales autoridades, que fenecía este 22 de enero. Hace 13 días la presidenta del Senado, Eva Copa, envió en consulta el proyecto de ley no solo para ampliar el mandato de las autoridades electas nacionales sino municipales y departamentales.

Áñez asumió el poder el 12 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral en las elecciones anuladas del 20 de octubre, un paro cívico y la falta de respaldo de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Sobre el fallo, el procurador del Estado, José María Cabrera, ponderó la «valoración jurídica» que hizo el tribunal y recordó que no es admisible en un Estado de derecho y constitucional el funcionamiento de un gobierno democrático sin el equilibrio y contrapeso que debe existir entre la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.

«La salud y la estabilidad del gobierno democrático, del Estado constitucional de derecho ha quedado consolidado con este fallo del tribunal que la Procuraduría del Estado saluda», remarcó en una conferencia de prensa.

La Razón Digital