Defensora del Pueblo pide a la Contraloría y al Senado investigar la compra de respiradores

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La defensora interina Nadia Cruz pidió que las autoridades investiguen la compra de 170 respiradores.

La defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, pidió a la Contraloría del Estado y a la presidenta del Senador, Eva Copa, que se inicia una investigación del proceso de compra de los 170 respiradores adquiridos a la empresa GPA Innova, de España.

A pocas horas de que ejecutivos de la empresa española revelaron haber vendido estos equipo a un intermediario a un medio mucho menor de lo que dice el Gobierno boliviano (6.500 euros, unos $us 7.100), la defensora del Pueblo subió a su cuenta de tuit este mensaje:

Cruz observó la total falta de transparencia en la información proporcionada por las autoridades nacionales, respecto a las características de los equipos adquiridos, así como de los alcances económicos de la compra, lo que ha generado fundadas dudas y cuestionamientos. “Por esta razón, a la cabeza de las instituciones competentes se debe esclarecer todo el proceso de contratación, envío y equipamiento de estos instrumentos médicos, en el marco de la transparencia y acceso a la información”.

La defensora recordó que el Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que “los sistemas de salud en los que faltan la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, ofrecen un fértil caldo de cultivo para la corrupción”.

Ante ello, mediante una nota, pidió al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, una investigación de oficio sobre el proceso de adquisición de los 170 respiradores y al Contralor General del Estado, Henry Lucas Ara, acciones de supervisión al proceso de la compra de esos equipos, en el marco de la Resolución 070/2017

Además, solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, que instruya la inmediata investigación en el marco de sus atribuciones fiscalizadoras, y al Ministro de Salud, Marcelo Navajas, que informe sobre el proceso de contratación, los criterios técnicos y económicos para la compra de esos equipos, así como las razones para desechar el apoyo técnico de los especialistas.

Para la Defensoría del Pueblo, esta situación supone una afectación directa a la salud de la población, pues estos instrumentos tenían el objeto de coadyuvar a las unidades de terapia intensiva para la atención de la pandemia Covid-19; sin embargo, a más de dos meses del inicio de la cuarentena no existen avances en cuanto al equipamiento de estas unidades.

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada respirador, adquirido bajo la modalidad de contratación directa, tuvo un costo de $us 29.411 o Bs 204.700, lo que suma un total de $us 5 millones.

La noche del lunes, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, descartó cualquier negociado en la compra y aseguró que este proceso tuvo la «no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)«.

Fuente: Defensoría del Pueblo