En medio del escándalo por la compra de un lote de respiradores para la lucha contra el COVID-19, el Gobierno anunció que pedirá a la Fiscalía la convocatoria al ministro de Salud, Marcelo Navajas, para que preste su informe. En tanto, paralizó el pago del saldo a la proveedora y ya habla de un ajuste.

Así lo anunció este miércoles el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, luego de precisar que la compra de los equipos fue procesada en la gestión “del doctor Navajas”.

“Nosotros vamos a solicitar en primera instancia que el ministro de Salud sea llamado como testigo y presente un informe y en todo caso ya será el Ministerio Público, a través de los elementos, que pueda constituir establecer cuál va a ser la calidad jurídica del ministro Navajas dentro del proceso”, reveló en una entrevista en la red Bolivision.

Defensa

La tarde del miércoles, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que el titular de Salud había presentado una denuncia en la Fiscalía para que se investigue el caso. Un día antes, el Gobierno había defendido la compra en una conferencia, y ayer Navajas insistió en una entrevista con La Razón Digital que el proceso fue transparente.

¿Quiénes más serán convocados?

Coímbra dijo que “todas las personas que tengan que ver con el proceso de contratación y establezcan cuál fue los criterios que se utilizaron para comprar estos respiradores y además para establecer los precios van a ser convocados”.

El miércoles., en medio de operativos policiales, fueron detenidos dos altos funcionarios de Salud. Se trata de Giovanni Pacheco, director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), y de Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.

El Gobierno ha vinculado a este último funcionario con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y con la exministra de esa cartera Gabriela Montaño, que ocupó el cargo en el último periodo de gobierno de Evo Morales.

“Pertenece al MAS y eso llena de susceptibilidad todo lo que está pasando porque es él el que el que encabeza todo el proceso, que se hace cargo del proceso de contratación, él es que el termina culminando que se haga toda esta compra y el MAS está en un plan para desestabilizar este Gobierno”, dijo Coímbra sin mostrar pruebas.

El segundo fue Gerente de Soboce en Tarija y jefe de Aseo Urbano de El Alto.

Corrupción

La detención ocurrió un día después de que el Gobierno negara la existencia de un sobreprecio en la adquisición de los respiradores por un valor de $us 28.088 cada uno, cuando la empresa española GPA Innova, la proveedora de los equipos, precisó su costo de fábrica es de $us 6.540.

“Como Ministerio de Justicia no vamos a tener ningún tipo de contemplación, la población tenga la certeza que todos los que participaron en cualquier acto de corrupción van a ser procesados y nosotros nos vamos a encargar que tengan una pena y además se recuperen los dineros que han sido malgastados en un sobreprecios por estas máquinas”, dijo Coímbra.

En ese marco, anunció: “Hemos solicitado al ministro (de Economía, José Luis) Parada que se paralice el 50% que falta, que no se realice este pago y esto se va a hacer en base a un ajuste de las cuentas que se tengan, no vamos a permitir de ninguna manera que se malgasten los recursos públicos”. (20/05/2020)

Fuente: La Razón