Los especialistas detectan que esa alianza política busca “ganar tiempo para recuperar favorabilidad electoral”, y que el Órgano Ejecutivo en vez de pacificar el país “le está poniendo gasolina al conflicto”.
Yolanda Mamani Cayo / La Paz
Analistas políticos y expertos en temas electorales perciben que la alianza Juntos pone en riesgo el proceso de transición democrática al “atacar” al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Consideran que esa entidad, pese a sus escasos meses de vigencia, “lo está haciendo bien”, y que el intento de “minarla” puede derivar en una crisis de Estado.
Página Siete consultó a cuatro expertos al respecto, quienes detectan que el embate contra el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) se originó con más nitidez desde que el presidente del TSE, Salvador Romero, enviara al Legislativo, con aval de la mayoría de los partidos y apoyo internacional, un proyecto de ley para definir la nueva fecha de comicios: el 6 de septiembre.
El 9 de junio, la Asamblea Legislativa sancionó ese documento y lo remitió al Ejecutivo. El Gobierno anunció que la presidenta Jeanine Añez lo promulgaría, aunque después la mandataria puso en el limbo la puesta en vigencia del proyecto.
Entre el domingo y parte del lunes, el candidato a la Vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, arremetió contra Romero y los vocales electorales, al afirmar que el TSE no cumplió con la Ley al no querellarse contra el MAS por el fraude electoral del 20-O.
“Hemos probado que (Salvador) Romero y el TSE han incumplido la ley al no querellarse contra quienes hicieron el fraude de octubre de 2019; han quedado sin sanción, ni han devuelto el dinero gastado, huele mal!!!”, dijo Doria Medina. (La tarde de ayer, el TSE informó que la pasada semana interpuso una querella por el caso fraude)
El analista y comunicador social Rafael Loayza afirmó que el Gobierno y los candidatos de Juntos ponen en riesgo los comicios y el proceso de transición democrática.
“Lo que está haciendo el Ejecutivo es poner en riesgo la elección, la transición democrática, al atacar al TSE, al tratar de desprestigiarlo a partir de las declaraciones del Procurador y otros funcionarios, al hacer una campaña, entre sus militantes, de desprestigio irresponsable. Están tratando de ganar tiempo para recuperar favorabilidad electoral”, afirmó.
El politólogo Carlos Cordero expresó que Juntos pretende generar un conflicto entre órganos del Estado, cuando este tipo de temas pueden solucionarse de forma interna.
“Lo que están generando es un conflicto al interior del Estado y esto puede degenerar en una crisis de Estado, en una espiral nuevamente de violencia. La señora Añez, en vez de pacificar el país, le está poniendo gasolina al conflicto, y lo que está haciendo Doria Medina es exactamente lo mismo. Él es candidato. ¿Un candidato va a cuestionar al árbitro? Eso está poniendo en riesgo no sólo las elecciones sino la estabilidad de la democracia”, manifestó Cordero.
Para la socióloga Sonia Montaño, la intención de postergar las elecciones “favorece a la actitud conspirativa del MAS”, y observa una suerte de consenso entre Juntos y el partido azul, que según la experta se percibe en que en el Estado se haya permitido la presencia de funcionarios públicos del anterior régimen.
“El Tribunal Electoral en este momento es la única institución respetable porque, aunque tiene escasos meses, lo está haciendo bien”, manfiestó Montaño.
El analista Marcelo Arequipa considera que entre los órganos del Estado el que tiene más credibilidad en este momento es el TSE, más que el Ejecutivo, que –subrayó- tiene un gobierno de transición, y más que Legislativo, que -sostuvo- es dominado por el partido de Evo Morales.
“Me parece un intento de parte del Gobierno transitorio de minar el único espacio institucional que hoy sirve, funciona y que además tiene legitimidad como es el Órgano Electoral. La única garantía de que funcione todo esto es resguardar la labor del Tribunal Supremo Electoral, no atacarlo como están haciendo ahora”, manifestó Arequipa.
En respuesta, el candidato a la vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, defendió su postura al afirmar que la institucionalidad democrática se asienta sobre el libre intercambio de ideas. Aseguró que gran parte de los analistas tienen “intereses políticos”.
“Nuestras críticas son válidas, porque muestran que el Tribunal Electoral no está cumpliendo una cláusula legal, que le da la atribución de querellarse contra los autores del fraude. La mayoría de los analistas tienen intereses políticos, así que no son jueces imparciales de lo que opinamos y hacemos los políticos”, declaró a Página Siete.
El líder político subrayó que la intención de Añez no es prorrogarse en el poder, sino acudir a elecciones para formar un gobierno electo de forma democrática. “Quiero aclararle que no hay prorroguismo. La presidenta Añez no quiere quedarse unos meses más, sino formar un nuevo gobierno para una nueva etapa política. Para eso, requerimos elecciones, que ganaremos. Acusarla de prorroguista en tales circunstancias es absurdo”, dijo.
Tras que se conoció que el TSE interpuso querella por el fraude, el político dijo que “era su deber”.
Fraude: TSE dice que interpuso la querella la pasada semana
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero informó ayer que la anterior semana el ente electoral presentó ante el Ministerio Público una querella por el fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre de 2019.
La decisión, comentó la autoridad electoral, fue asumida por unanimidad en sala plena del miércoles pasado.
“El Tribunal Supremo Electoral ya presentó su querella en el transcurso de la semana anterior. Lo hizo después de una valoración adecuada de la sala plena, de una identificación de los tipos de probables delitos que se habrían cometido y luego de este análisis minucioso y jurídico se presentó la querella”, informó Romero en el programa Asuntos Centrales.
El proceso es contra quienes resultaren autores, cómplices, instigadores y/o encubridores de la presunta comisión de los delitos de falsificación de Documentos o uso de Documento Falsificado, Manipulación Informática y Alteración y Ocultación de Resultados, resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, entre otros.
Fuente: Página Siete Digital