Asamblea sancionó norma para controlar y fiscalizar endeudamiento público y donaciones

La norma busca establecer mecanismos de control y fiscalización para precautelar la estabilidad y solvencia económica del Estado

Fernando Rojas Moreno

La norma fue aprobada en la Asamblea. Foto: APG Noticias



 

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En tiempo récord, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en senadores y diputados, sancionó la Ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones. Comprende seis artículos y dos disposición, una final y otra derogatoria.

La norma, a la que accedió EL DEBER, señala que tiene por objeto establecer los mecanismos para el control y fiscalización del endeudamiento público y las donaciones de Bolivia, principalmente las emergentes de la pandemia del Covid-19para precautelar la estabilidad y solvencia económica del Estado.

Desgrana que todo endeudamiento público externo, para atender la crisis sanitaria del Covid-19 debe contar con condiciones financieras favorables para el país, en términos de tasas de interés y plazos, mismas que deberán ser autorizadas previo análisis, por la ALP, mediante Ley, en el marco del Artículo 322 de la Constitución Política del Estado.

En el tema de endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital externo, la ley señala que, previo a la colocación el Órgano Ejecutivo, deberá solicitar a la ALP la aprobación de las condiciones financieras para la emisión de los títulos y deberá justificar la capacidad del Estado para asumir el pago de los mismos.

La emisión deberá considerar como referencia, las condiciones de los financiamientos disponibles de los organismos multilaterales y otros. Aclara que la ALP no autorizará la operación si considera que las condiciones financieras a ser asumidas por el Estado no son favorables, al tratarse de endeudamiento público.

El Órgano Ejecutivo deberá remitir en forma trimestral a la ALP un informe detallado y documentado del uso y destino de los recursos provenientes del endeudamiento público externo e interno del país y de la emisión de títulos valor en mercados de capital externos.

Referente a las donaciones, la norma señala que el Órgano Ejecutivo deberá informar a la ALP sobre todas las donaciones habidas y por haber, externas e internas, en efectivo o en especie, principalmente las que tienen como destino la ayuda para el Covid-19. Además, deberá remitir en forma trimestral un informe detallado y documentado sobre el uso y destino de dichos recursos considerando el nivel nacional, departamental y municipal.

La ley establece un plazo de 30 días al Órgano Ejecutivo, a partir de la promulgación de la norma, para informar a la ALP sobre el endeudamiento público externo e interno, la emisión de títulos valor en mercados de capital externos y donaciones recibidas a partir de noviembre de 2019 a la fecha.

Según la diputada oficialista, Shirley Franco, la ley no ha sido consultada al Órgano Ejecutivo y ayer fue tratada y sancionada en las dos instancias camarales, diputados y senadores. A juzgar, por la parlamentaria es un norma que duplica las medidas de control que ejerce la Contraloría General del Estado y que busca controlar y fiscalizar con mayor rigurosidad el endeudamiento público y las donaciones. “Lo que nos llama profundamente la atención es que la ley tiene temporalidad, es decir, tiene vigencia únicamente en el tiempo que dure la pandemia”, sentenció.

Franco indicó que no está en contra de que se ejerza mayor vigilancia al manejo de los recurso públicos, pero observan que lo hagan de manera temporal. “Mientras en otros países se están relajando las medidas burocráticas para acceder a contratos de prestamos o créditos para tener mayor flujo económico para combatir el Covid-19. 

En el caso de Bolivia, desde la Asamblea Legislativa, están tratando de impedir que podamos acceder a recursos económicosDesde que Evo Morales ingresó a su gestión gubernamental, en 2016, la deuda pública creció un 500% y nunca fiscalizó el endeudamiento público el MAS”, sentenció.

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, citado por la agencia oficial ABI, cree que el MAS paralizó el crédito del FMI ($us 327 millones) por un fin político y no por un aspecto técnico. Explicó que el préstamo no tiene condicionamientos y ofrece mejores condiciones en cuanto a la tasa de interés.

Fuente: https://eldeber.com.bo