El exejecutivo de YPFB presentará una queja formal. Dice que vehículos de la Fiscalía rondan su domicilio y teme un allanamiento para su detención.
eju.tv
«Estoy siendo perseguido y acosado abusivamente por la Fiscalía de La Paz. Hace días hay vehículos de la Fiscalía fuera de mi domicilio, poniendo en pánico a toda la vecindad. Temo un allanamiento indebido o ilegal a mi hogar. Tengo familia y en mi casa vive una menor. No soy un maleante, ni un criminal y no tolero la corrupción», denunció en un video el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz.
Anunció que presentará una queja formal ante el juez que lleva el caso en La Paz y una denuncia formal a la Fiscalía General por «abuso de poder que va encima de sus normas y por la vulneración de mis derechos como ciudadano. Es evidente que la Fiscalía de La Paz pretende detenerme injustificadamente».
Según el exejecutivo, el 4 de junio recibió una llamada anónima notificándolo para una audiencia, la cual desconocía. El 8 de junio, la Fiscalía lo notificó en la oficina de sus abogados pidiéndole que vaya a La Paz en 24 horas, pese a que en Santa Cruz había encapsulamiento. Sus abogados presentaron un memorial por la imposibilidad del viaje, pero la Fiscalía no aceptó la posibilidad de que pueda declarar en Santa Cruz.
«La Fiscalía pretende obligarme a ir a declarar a La Paz, a pesar de que he mostrado predisposición para declarar en Santa Cruz», argumentó Soliz.
En otro video difundido hoy, Soliz lamentó que hubiesen pasado 40 días desde que lo destituyeron del cargo y que hasta ahora no se haya iniciado ninguna auditoría, a pesar de que él mismo las ha solicitado.
Con relación a los hechos supuestamente ilegales de los que se le acusa, Soliz negó que alguno de esos hechos exista «daños económicos al Estado».
«Todos los bienes del YPFB tienen que estar asegurado, pero en este caso no se formalizó ningún nuevo contrato por el tema de seguros, solo se amplió por 60 días el contrato ya vigente y en ese lapso recién se podría licitar públicamente esta contratación. No existe ni existió daño económico al Estado en este proceso», explicó.
«Sobre el servicio de alimentación y limpieza en el complejo Río Grande. En estas plantas se generaron todos los carburantes esenciales para subsistir en la cuarentena, como GNL, GLP y gasolina. Se cuestionó un sobreprecio en los alimentos de los trabajadores, pero hay que tomar en cuenta que en este servicio se incluye lavandería, transporte de alimentos, logística para el personal, gestión de residuos y otros. La empresa contratada tenía los precios más bajos entre siete empresas. Los precios han sido similares a las de las demás empresas. No existe sobreprecio y, por ende, no existe daño económico al Estado», enfatizó en el video.
«Sobre la importación de combustible. Estos contratos fueron elaborados para garantizar el abastecimiento de combustibles por 90 días durante la pandemia. Sin embargo, no llegué a comprar ni un litro de gasolina ni de diésel bajo estos contrato ni tampoco llegué a firmar estos documentos porque me destituyeron. Sigo sosteniendo que es imprescindible garantizar estos contratos para no poner en riesgo el abastecimiento al país», puntualizó.
Por su parte, el fiscal Alexis Vilela informó este jueves que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de YPFB luego de no asistir a declarar en las dos oportunidades que fue convocado en el marco de las investigaciones por presuntos contratos irregulares con una aseguradora.
Fuente: Facebook Herland Soliz