Gobernación cruceña recibirá $us 3 millones del IDH e insiste en anular ley confiscatoria

Vladimir Peña dijo que seguirá exigiendo que se abrogue la Ley 767 que establece la confiscación de recursos para el sector hidrocarburos, porque hay necesidades urgentes en salud y educación.

Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, espera que se pueda abrogar la ley que confisca los recursos a entidades territoriales/Foto: EL DEBER

La Gobernación de Santa Cruz recibirá $us 3 millones por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), luego de que la Asamblea Legislativa sancionara la norma. Sin embargo, insiste en que se debe abrogar la Ley 767, que confisca recursos de entidades territoriales y universidades para exploración y explotación de hidrocarburos.



Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, dijo que venían luchando por los recursos que se confiscaron durante el Gobierno del MAS, y que debían invertirse en salud y educación. «Nos complace que se haya impuesto la sensatez», afirmó.

La autoridad considera que los $us 200 millones que transfieren a favor de los municipios, gobernaciones y universidades ( corresponden al 12% del IDH) son un alivio, peor no resuelven todas las necesidades de la ciudadanía que sufre la virulencia del Covid-19.

De los $us 200 millones, de acuerdo a la ley aprobada, que se promulgará en las próximas horas, $us 30 millones son para gobernaciones, $us 14 millones para las universidades y $us 156 millones para los gobiernos municipales. En el caso de la Gobernación de Santa Cruz serán algo más de $us 3 millones, un 50% menos de lo que se aportó, según Peña.

El dinero se invertirá en apoyar la estrategia de lucha contra el Covid-19, los programas anticontagio, es decir, ralentizar y fortalecer el sistema sanitario. Aunque Peña observó que la distribución no se hizo conforme al aporte de cada una de las entidades públicas, ni de acuerdo a criterios epidemiológicos.No obstante, afirma que es un paso fundamental y definitivo para corregir un error histórico de haberle quitado recursos a la salud y educación para destinarlos a la actividad hidrocarburífiera, que en cinco años no generó un rédito positivo.

De los $us 520 millones confiscados desde 2016 hasta 2019, solo se devuelven $us 200 millones para atender la emergencia por Covid-19.

Lucharán para que la ley se anule

La Ley del 12% del IDH es una norma temporal. Así, los aportes de las entidades se suspendieron hasta el 31 de diciembre de 2020 y se devuelven parcialmente los fondos acumulados durante estos cuatro años y medio, por lo que la región seguirá exigiendo que se abrogue la Ley 767, que establece la confiscación de recursos para el sector hidrocarburos.

En la misma línea, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, explicó que quien hizo la norma aprobada el jueves tiene visión centralista y no respeta la autonomía establecida en la Constitución Política del Estado debido a que la Ley 767, confiscatoria del IDH, solo se suspende en su aplicación hasta diciembre de 2020.

A partir del 1 enero de 2021 la Ley 767 otra vez vuelve a estar vigente, pese a que tiene varias demandas pendientes en el Tribunal Constitucional, según el jurista. «Lo correcto y constitucional hubiera sido abrogar La ley 767 y devolver todos los recursos del IDH confiscados a partir del 20162, señala el analista.

Fuente: El Deber