Se informó que los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, editores y otros serán evaluados antes de ser recontratados por el Ministerio de la Presidencia.
Cándido Tancara Castillo / La Paz
Los trabajadores de los medios estatales: el diario Bolivia, la agencia de noticias ABI y radio Illimani, quedaron cesantes el miércoles, cuando el Ministerio de Comunicación quedó cerrado en todas sus áreas por la aplicación del Decreto Supremo 4257, que instruyó su fusión como Viceministerio al ministerio de la Presidencia, junto con sus ahora dos direcciones generales: Políticas Comunicacionales y Gestión Comunicacional.
Desde entonces los trabajadores de los citados medios estatales, además del personal administrativo, financiero, jurídico y de planificación del exministerio, quedaron cesantes o a la espera de que se los contrate, después de una reingeniería y evaluación del conjunto del personal por el ministerio de la Presidencia. “No se ha decidido el destino de nadie, del 99,9% de los funcionarios, excepto de Isabel Fernández (que el miércoles 10 de junio fue posesionada como viceministra de Comunicación); todos estamos en el limbo, no se sabe; se hace la restructuración, la reingeniería; tiene que verse el tema de la reingeniería; están trabajando en ello las dos direcciones de Planificación, tanto del exministerio (de Comunicación) como del actual ministerio (Presidencia); la principal dificultad que atraviesa es Radio Illimani y el periódico Bolivia por el tema de que son autosostenibles económicamente”, informó ayer a Página Siete el exviceministro de Gestión Comunicacional, Marco Julio.
El pasado 4 de junio la presidenta Jeanine Añez anunció que “hemos ordenado reducir tres ministerios, en lugar de 20 ministerios tendremos 17”: de Comunicación, Deportes y Cultura y Turismo, además del cierre de las embajadas de Bolivia en Nicaragua e Irán. El ministro de Economía, José Luis Parada, explicó que el cierre de los tres ministerios significa un ahorro de 126 millones de bolivianos, recursos que servirán para la lucha contra el Covid-19. El presupuesto anual del ministerio de Comunicación era 157 millones bolivianos.
Julio precisó que los trabajadores de las 104 Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), distribuidos en todo el país, continúan trabajando porque son responsables por doble partida, realizan mantenimiento de los equipos y también son custodios de esos bienes del Estado. También precisó que los trabajadores de las empresas estratégicas Bolivia Tv o Canal 7 y la Editorial del Estado no son parte de la reingeniería ni serán evaluados, a menos que sus gerentes dispongan aquello; aunque dependían del exministerio de Comunicación, ahora dependerán del ministerio de la Presidencia.
Aseguró que el Canal 7 y la Editorial del Estado son “empresas estratégicas, tienen dirección administrativa, financiera y jurídica; tienen gerentes designados por una terna, tienen independencia económica, funcionan como empresas independientes”.
Este diario conoció en la víspera que los trabajadores de los medios estatales y del exministerio de Comunicación se habrían declarado en emergencia para preservar sus fuentes laborales, pese a que el DS 4257 dio por cerrado el exdepacho de Comunicación, que fue creado en febrero de 2011 por el gobierno del MAS. “Están asustados, todos hemos quedado desde el miércoles (10) en la noche cesantes del trabajo y se busca que todos vuelvan a sus fuentes de trabajo y eso dependerá de la reingeniería, de la evaluación y de temas económicos”, dijo Julio, quien fue posesionado como viceministro de Gestión Comunicacional el 15 de mayo, en lugar de Mónica Coelho.
Una de las personas que se comunicó con Página Siete afirmó que alrededor de 350 trabajadores quedaron cesantes en el exministerio de Comunicación. Otro afirmó que los “trabajadores de el periódico estatal se declararon en emergencia” y pedía que al menos las autoridades les den una respuesta sobre el destino que tendrán. Otra persona que ingresó a trabajar con el gobierno transitorio afirmó que no es tomado en cuenta por los antiguos para nada en sus reuniones porque, según ellos, “somos los buzos que pasamos información a los jefes”.
Otro trabajado estimó que el 80% del personal se quedaría sin trabajo. Otra persona afirmó que el personal que será recontratado deberá estar calificado para los medios estatales, en la parte operativa –periodistas, editores, fotógrafos, camarógrafos, etc.–, pero no así de las áreas de finanzas, administrativa, jurídica ni planificación, pues estas dependencias ya están cubiertas en el ministerio de la Presidencia. Se conoció que el personal de la Agencia Boliviana de Información (ABI) tiene presupuesto del Tesoro General y pese a ello su personal es parte de la reingeniería y evaluación para que sean recontratados. Julio afirmó que el personal que será recontratado, mantendrá los niveles salariales como ocurre con el conjunto de los trabajadores de los ahora 17 ministerios, según la responsabilidad asumida.
La reducción
- Fusión La presidenta Jeanine Añez anunció el pasado 4 de junio la reducción de tres ministerios: Comunicación, Deportes y Cultura y Turismo, además del cierre de las embajadas de Bolivia en Nicaragua e Irán.
- Ahorro El ministro de Economía, José Luis Parada, explicó que el cierre de los tres ministerios significa un ahorro de 126 millones de bolivianos, recursos que servirán para atender la lucha contra el Covid-19. El presupuesto anual del ministerio de Comunicación era 157 millones bolivianos.
- Viceministra El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, posesionó el miércoles (10) a María Isabel Fernández como la nueva viceministra de Comunicación.
Marco Julio: Radio Kawsachun Coca tiene equipos del Estado
El exviceministro de Gestión Comunicacional, Marco Julio, aseguró ayer que los equipos que utiliza Radio Kawsachun Coca (RKC), emisora de propiedad de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, son del Estado boliviano, entre ellos el transmisor, la antena, equipo de radioenlace, entre otros.
“Los equipos (de RKC) de acuerdo con un informe que he recibido son del Estado”, afirmó Julio al ratificar que “son de propiedad del Estado”. También denunció que la emisora cocalera obliga a algunas de las 104 Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) a bajar la señal de RKC y son impedidas de bajar de radio Illimani.
“La radio (RKC) es de los cocaleros, pero los equipos son del Estado”, certificó Julio al relatar que el gobierno del MAS instaló algunos equipos de las RPOs en un sindicato afín al masismo, cuando tenían en frente a un municipio rural contrario a la posición ideológica, de donde ahora será difícil recuperarlos para poner al servicio de la población en general. Cuando Evo Morales asumió la Presidencia, en enero de 2006, los cocaleros crearon Radio Kawsachum Coca, con la idea de que su señal llegue a otras regiones del país. Y así fue.
La emisora, que emite su señal desde Lauca Ñ, en el municipio de Shinahota (Cochabamba), también recibió apoyo del Ministerio de Comunicación. Según la resolución administrativa RPCD 003/2015, del 28 de octubre de 2015, el exministerio de Comunicación pagó el servicio satelital “para el fortalecimiento” de Kawsachum Coca, para su difusión en FM. La resolución de adjudicación señala que el DS 2548, del 14 de octubre de 2015, autoriza a Comunicación la contratación directa de hasta tres millones de bolivianos para la adquisición e instalación de sistemas de transmisión en FM, con potencia nominal de 5Kw, de acuerdo con una publicación de Página Siete hecha el 19 de mayo de 2019.
La emisora comenzó con tres trabajadores, una pequeña consola, un par de micrófonos y en ambientes prestados. En mayo del año anterior, sus instalaciones ocupaban media hectárea, contaba con 18 trabajadores de planta y ocho temporales. La predecesora de RKC fue Soberanía, que en los años 90, que emitió señal sólo en el territorio de los sindicatos cocaleros.
Fuente: Página Siete Digital