Demandas y ultimátum: escala la pulseta entre el Gobierno y Cruz

El Ejecutivo interpuso una denuncia contra la Defensora interina, quien también presentó una demanda contra el ministro Núñez y el viceministro Santamaría.

Pablo Peralta M.  / La Paz



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La pulseta entre el Órgano Ejecutivo y Nadia Cruz, Defensora del pueblo interina, escaló otro peldaño después de que desde ambos ámbitos se interpusieran demandas y luego de que  Cruz advirtiera con iniciar un juicio de responsabilidades a la  presidenta Jeanine Añez si obstaculiza su labor.

La controversia data del 13 de julio, cuando desde el Gobierno se sostuvo que el mandato Cruz al frente de la Defensoría feneció en el primer semestre de 2019.

Entonces, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, indicó que cuando la Defensoría haga un requerimiento, firmado por Cruz, el Ejecutivo informará que venció su mandato y “no será atendida”.

La respuesta de entonces de la Defensoría, entre otros detalles, fue que por cada omisión en responder a los requerimientos de información  “se aplicará el principio de presunción de verdad en favor del peticionario” que acude a la Defensoría; además la entidad anunció que recurriría “a las vías administrativas, constitucionales y penales”.

El viernes, 24 de julio, la pugna subió otro peldaño, después de que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informara que interpuso una demanda en contra de Cruz  por la presunta comisión de los delitos de prolongación y usurpación de funciones.

“El Gobierno ratifica que Nadia Cruz ejerce el cargo de Defensora del Pueblo de forma ilegal”, sostuvo el ministro Núñez, quien agregó que el  periodo de interinato feneció y, por tanto, quedan “nulo todos sus actos”,

La autoridad manifestó que Cruz “tuvo una estrecha relación con el MAS”  y que los bolivianos requieren una autoridad que vele por los derechos y garantías, y no por los intereses de un partido político.

Ese mismo día, Cruz informó que interpuso una demanda en contra del ministro  Núñez y del viceministro Santamaría por la presunta comisión de los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones.

“Y vamos a hacerlo (presentar denuncia penal) contra cualquier funcionario público que continúe obstaculizando las labores de la Defensoría del Pueblo”, afirmó Cruz, quien indicó que el Ejecutivo le devolvió más de un requerimiento que realizó su despacho.

Cruz también indicó que  si el Gobierno insiste en esa postura, pedirá un juicio de responsabilidades para  Añez.

“En caso de que la Presidenta continúe, a través de sus ministros, rehusando a dar información a la Defensoría del Pueblo, voy a pedir juicio de responsabilidades contra la Presidenta, porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo”, aseguró.

Cruz asumió en el cargo de máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo  el 30 de enero de 2019, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que el MAS tiene mayoría, la designó  en el puesto de forma interina, después de la renuncia de David Tezanos Pinto.