Se apunta a Morales, Gabriela Montaño, Carlos Romero y Andrónico Rodríguez por los respiradores españoles y al candidato Luis Arce, por la Gestora Pública.
Yolanda Mamani Cayo / La Paz
El gobierno de la presidenta Jeanine Añez lleva adelante una arremetida contra Evo Morales y su cúpula con la activación de procesos penales por los casos respiradores, el fraude electoral, e irregularidades y supuestas pérdidas millonarias en las compras de software de la Gestora Pública.
El Ejecutivo puso en la mira al expresidente Evo Morales, a los exministros Carlos Romero y Gabriela Montaño, además de los candidatos a la presidencia Luis Arce y al Senado Andrónico Rodríguez, entre otros representantes del partido azul.
El caso respiradores
En el caso de la compra de 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio, después de que la Policía emitiera un informe en el que reveló que el exasesor jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela tuvo varios contactos telefónicos con Morales, Romero, Montaño, Rodríguez y otras 12 personas, el Gobierno presentó ante el Ministerio Público una ampliación de denuncia para que se investigue a estos posibles implicados en la adquisición de los equipos.
Los acusan de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de personas particulares con afectación al Estado y organización criminal relativa a corrupción, informó ayer el viceministro de Transparencia Guido Melgar.
Por su lado, la Comisión Mixta del Legislativo, en la que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría, que indaga sobre los respiradores, anunció ayer que convocará a nueve personas para que expliquen su participación en la compra supuestamente irregular.
Entre los convocados están los exfuncionarios del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela, Giovanni Pacheco; además de Ana Fernanda Espinoza, Gabriela Pérez y los exministros Aníbal Cruz y Marcelo Navajas. En la nómina también están la canciller Karen Longaric, el cónsul Alberto Pareja y el embajador Mohammed Mostajo.
“Testigo clave” en caso fraude
El ministro de Justicia Álvaro Coimbra informó ayer la aparición de un “testigo clave” en el marco de las investigaciones que realiza el Ministerio Público por el fraude electoral, que derivó en la anulación de los comicios del 20 de octubre de 2019.
“Declarará ante la Fiscalía. Es un testigo que se presentó de manera voluntaria y vamos a proteger su identidad, es un testigo que va a dar mucha información”, afirmó Coimbra ayer. Se presume que se trata de un exservidor público de la gestión de Morales.
En esa línea, Coimbra adelantó que las investigaciones en este caso serán ampliadas a cinco personas más, y que el nuevo testigo será quien aporte con datos sobre la manipulación de los resultados en los comicios.
Caso Gestora
La Gestora Pública presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el exministro de Economía y candidato a la presidencia del MAS Luis Arce y otros exfuncionarios que intervinieron en contratos de compra de software y bienes inmuebles, causando un millonario daño económico al Estado.
El representante legal de la Gestora Pública Sergio Flores informó que en los resultados de las auditorías internas realizadas en la entidad se encontraron pruebas “contundentes” en contra de Arce y otros exfuncionarios del gobierno de Morales. “Él en su calidad de ministro y presidente del directorio de la Gestora debe responder ante estos hechos de corrupción”, señaló Flores.
Según la auditoría, en enero de 2017, el Gobierno contrató la empresa panameña Sysde para la provisión un software de administración para el Sistema Integrado de Pensiones por un monto de 5,15 millones de dólares, pero el software nunca fue entregado de acuerdo con los términos de contratación, pero se pagó el 59% del monto del contrato, 3,05 millones de dólares por concepto de licencia y otros productos menores.
El 23 de octubre de 2019, en medio de la convulsión política y social, el Gobierno firmó otro nuevo contrato para lograr otro software, esta vez de la empresa colombiana Heinsohn, por 10,9 millones de dólares, pero bajo la modalidad de alquiler, ya que sólo podrá usar el producto y adicionalmente pagar 1,6 millones de dólares por el mantenimiento del sistema y el código fuente.
Fuente: Página Siete