El nuevo ministro de Economía del gobierno boliviano, Óscar Ortiz, anticipó ayer que analizará el tema con el Viceministerio de Política Tributaria.
Diputados afirman que no hace mucho se rechazó un proyecto similar, que fue presentado por otra legisladora, por falta de fundamentos y documentación.
Página Siete / La Paz
La diputada Concepción Ortiz del Movimiento Al Socialismo (MAS) remitió un proyecto de ley que propone una nueva nacionalización de autos chutos, en el que incluye un cobro de hasta un 50% del impuesto omitido, la última vez que se regularizó fue en junio de 2011. La legisladora afirma que la medida sugerida responde a temas sociales y económicos.
“Este proyecto lo he planteado por dos motivos, el tema social en el que hay mucha gente que ilegalmente ha adquirido esos vehículos y no fue controlado por la Aduana, como debe ser, pero lamentablemente están circulando en territorio nacional. Muchos de ellos, en las comunidades y municipios alejados son usados como transporte público, pero cuando sufren accidentes no cuentan con SOAT y nadie asume esos daños. Entonces buscamos eso, que esos autos que circulan tengan el SOAT”, afirmó a este medio la legisladora.
El otro argumento es por temas económicos, ya que el Estado recaudará mayores recursos con el pago de impuestos, mucho más cuando en el país se registra la pandemia por el coronavirus, que ocasionó que los ingresos del país desciendan; por tanto, puede servir para la lucha contra la emergencia sanitaria, continuó.
El nuevo ministro de Economía, Óscar Ortiz, anticipó ayer que analizará el tema con el Viceministerio de Política Tributaria.
“Recién he tomado posesión ahora (ayer), veré con los expertos del Viceministerio de Política Tributaria cuál sería la mejor forma de ver esta propuesta”, afirmó la autoridad en respuesta a una solicitud que hizo este medio.
Entretanto, la presidenta de la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, afirmó que el proyecto 706-19 de Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras Mercancías Indocumentados, fue remitido hoy a la instancia, por tanto, recién lo tratarán.
Por su parte, el diputado y miembro del Comité de Planificación de Diputados Francisco Cuéllar mencionó que ya anteriormente trataron un proyecto similar propuesto por la diputada Lidia Patty (MAS), que tiene que ver con la amnistía de autos indocumentados, pero fue rechazado.
“Por unanimidad hemos rechazado el proyecto porque no estaba fundamentado ni documentado. Aún no nos llegó la propuesta de la diputada Ortiz, que tal vez tiene mejores fundamentos y con documentación respaldada. No podemos decir que lo vamos a rechazar ya nomás, sino que tenemos que hacer su tratamiento y el análisis correspondiente”, anticipó Cuéllar.
Los fundamentos
En el proyecto de ley presentado por la diputada Ortiz, la exposición de motivos señala que entre 1994 y 2005 se aprobaron programas de regularización de autos indocumentados que ingresaron por la vía del contrabando al país.
De los cuales por 141.674 autos se llegó a recaudar más de 1.128,3 millones de bolivianos. En el documento menciona que según los análisis hechos los ingresos que se obtienen en promedio son 3.969 bolivianos por cada uno.
También hace referencia que la Ley 133 de Saneamiento Legal, promulgada en junio de 2011, establece en su artículo primero que “por única vez se autoriza un programa de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques (…)”.
No obstante, según Ortiz, el plazo de este programa vence el 7 de noviembre próximo. “La prescripción legal de la ley señala que al cabo de nueve años surge la necesidad económica y social, nuevamente, de forma excepcional, normar un nuevo proceso de nacionalización de autos indocumentados”.
De acuerdo con la proyectista, los vehículos que sean a gas natural vehicular (GNV) deben pagar una multa del 25% del tributo omitido. En el caso de autos a diésel y gasolina su multa será el 50% del tributo omitido; para los remolques y tractores hasta un 25%.
En el artículo 1 señala que este proyecto también beneficiará a la micro y pequeña empresa. “Los motorizados destinados a este sector deberán presentar la certificación original de su entidad matriz que certifique que su vehículo será nacionalizado para el uso en su actividad empresarial, bajo pena de decomiso en caso de dar diferente uso”.
Este medio de comunicación se contactó con la Conamype y la Confederación de Choferes para conocer su posición, pero no se obtuvo respuesta.
Los fundamentos del proyecto de ley
- Incautaciones Según los datos de la legisladora Concepción Ortiz, en 2015 la Aduana se incautó de 1.200 automotores chutos; en 2016, el número se elevó a 1.638. Pese a ello, se estima que muchos vehículos lograron ingresar al país sumando un total de 33.000 vehículos indocumentados y se tiene alrededor de 10.000 placas clonadas.
- Razón Argumenta que la ilegalidad genera más irregularidades y que los más beneficiados son los agentes de control y los que internan estos autos, en desmedro de los comercios legales y en contra del erario nacional.
- Propuesta Se propone que en el plazo de 15 días hábiles, desde la publicación de la norma, los propietarios de estos tipos de motorizados los registren en la Administración de la Aduana.
- Requisitos Sugieren que los propietarios de este tipo de autos concurran ante la Aduana y presenten: certificado de Diprove, que acredite la inexistencia de denuncia por robo, el pago de los tributos aduaneros que aplican por su importación y el pago de una multa que va desde el 25%, en el caso de los vehículos a GNV, hasta el 50%.
La Cámara Automotor advierte riesgo de quiebra
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su disconformidad absoluta y advierte riesgos de quiebra en las empresas formales del sector, en el caso de que se apruebe el proyecto 706-19, Ley Excepcional de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores y otras Mercancías Indocumentados.
“A la fecha hay más de 20.000 unidades nuevas sin vender, importadas por el sector automotriz, que han pagado todos los tributos e impuestos por la vía formal. Existen más de 200 marcas importadas anualmente y al menos 45 empresas formales con riesgo de quiebra por las condiciones adversas, competencia desleal de informales y el contrabando”, advirtió el sector en un comunicado remitido a este medio.
También menciona que la generación económica del sector automotriz formal, el movimiento económico desde un tornillo hasta el más complejo de los vehículos para la industria generan más de 2.000 millones de dólares y su contribución al Estado es “altamente significativa” para el progreso del país. El sector genera más de 12.000 empleos directos y 70.000 indirectos.
“Este proyecto de ley atenta también la cadena de pagos al sistema bancario, que puede verse afectado por la caída de varias empresas formales que tienen actividad relacionada. Actualmente, estamos siendo golpeados duramente por más de 100 días de inactividad que han cortado totalmente el nivel de ventas, poniendo en riesgo la manutención de toda la fuerza laboral del sector”, manifiesta.
Según la CAB, en la Ley 133/2011, cuando se nacionalizó los autos chutos, en uno de sus artículos claramente hace referencia a la parte de “por única vez”, por tanto, este nuevo proyecto de ley no respeta esa disposición.
Fuente: Página Siete