En Bolivia, pacientes infectados que sean enviados del sistema público al privado no tendrían que pagar nada. El sector espera convocatoria para la reglamentación.
Anabel Vaca / La Paz
De acuerdo con el proyecto de ley que garantiza atención gratuita a pacientes con Covid-19 en clínicas privadas, el Gobierno deberá desembolsar el costo “mínimo” a los centros médicos por los servicios de diagnóstico, atención y tratamiento de personas con coronavirus. La norma fue sancionada anoche en el pleno de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Según el artículo 3 de la norma, el reembolso “deberá considerar el costo mínimo comercial estandarizado en que se haya incurrido y demostrable de manera documentada, bajo los principios de transparencia, economía, proporcionalidad y razonabilidad”.
Ciro Zabala, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), destacó la norma. “(Con esta ley) estamos tratando de que se haga justicia, que no se haga un libre albedrío, dibujo a mano alzada del manejo de pacientes que tienen Covid”, dijo.
“El Estado lo que hará es pagar, pero de acuerdo a los costos mínimos. Quiere decir que se le reconocerá a la institución el costo mínimo y sólo puede llegar una persona con Covid siempre y cuando haya sido referida del sistema público de salud”, explicó el asambleísta.
“Estábamos con el conflicto de que los servicios privados estaban pidiendo -por ejemplo- 100 mil bolivianos de garantía para empezar a atender a un paciente. Los costos por día podían llegar hasta 40.000 bolivianos”, contó el senador Zabala. “Vimos que eso era importante regular y eso es lo que hace la ley”, agregó.
En cuanto a los reembolsos -según el proyecto- el Estado devolverá los costos mínimos que incluya la atención que requiera el paciente, conforme a reglamentación emitida por el Ministerio de Salud.
Este proyecto de ley se presentó luego de denuncias de varios ciudadanos, quienes contaron que en algunos centros privados fijaron precios elevados para la atención de pacientes infectados con el coronavirus. Los precios van desde más de 1.000 bolivianos hasta por encima de los 11.000 bolivianos diarios y sólo por acceder a una cama, según consultas que hizo Página Siete a algunos de estos establecimientos.
El proyecto fue sancionado anoche en el pleno de la Cámara de Senadores y los legisladores pidieron a la presidenta Jeanine Añez promulgar la ley en las próximas horas.
“Le pido a la Presidenta de manera personal que pueda promulgar a la brevedad posible, en el plazo no mayor a 24 o 48 horas, es urgente. Si realmente queremos salvar vidas, la ley debiera promulgarse de manera inmediata y no mercantilizar la salud boliviana”, dijo el senador Omar Aguilar, del Movimiento Al Socialismo (MAS). El legislador explicó que esta ley establece que el sistema de salud privado fortalece el sistema de salud público. “Permitirá mayor amplitud en la parte de atención a los contagios de Covid-19”, sostuvo.
Por su parte, la senadora Carmen Eva Gonzales, de Unidad Demócrata (UD), indicó que “todo proyecto que venga a beneficiar a la familia y a las personas que han adquirido el virus es positivo”. Resaltó que todos los legisladores aprobaron la ley en beneficio del país y señaló que las clínicas privadas deben poner su aporte frente a la crisis sanitaria.
“Espero que (esta ley) ya se encuentre en manos de la señora Presidenta y pueda promulgarla a la brevedad posible porque la pandemia está cobrando vidas”, dijo Gonzales y reiteró que con la norma se espera evitar que sigan falleciendo personas por falta de asistencia en salud.
El diputado Tomás Monasterio, de Demócratas, indicó que debido a la situación que vive el país “amerita la colaboración y la ayuda de todos los niveles”.
Sector espera reglamentación
Los representantes de las clínicas privadas indicaron que esperan un encuentro con las autoridades en Salud para la reglamentación de esta normativa.
“En la reglamentación debe haber un diálogo entre la parte gubernamental y la privada. (…) El pago dependerá justamente de ese diálogo que haya, donde nosotros también expresemos nuestras necesidades y nuestras posibilidades para que obviamente no se creen falsas expectativas”, dijo el médico y gerente general de la Clínica Alemana, Luis Kushner.
El galeno explicó que del “100% de camas en salud que hay en Bolivia, el 8% pertenecen al sector privado”. “Esa ley tampoco salvará a Bolivia del Covid. Es interesante, pero tenemos que dialogar y presentar nuestras posibilidades, que no son gigantes”, aseguró.
El presidente del Colegio Médico de La Paz Luis Larrea dijo que las autoridades deben escuchar al sector e indicó que se espera una convocatoria al diálogo. La norma deberá ser reglamentada en un plazo de cinco días.
“Si el proyecto dice gratuidad, pero debe pagar el Ministerio (de Salud). Hay que ver qué patologías podemos pagar. No tenemos las condiciones para que el día de mañana se pueda atender a todos los pacientes. No hay esas condiciones. Tenemos clínicas que tienen máximo tres camas que tienen terapia intensiva”, explicó Larrea.
¿Cuáles son los ejes y beneficios de la norma?
La “Ley Transitoria para Garantizar la Atención y Tratamiento por Parte del Subsector Privado de Salud Durante la Emergencia Sanitaria Producida por el Coronavirus Covid-19” -que fue sancionada anoche en el pleno de la Cámara de Senadores- tiene por objeto garantizar la atención gratuita de pacientes infectados por parte del subsistema privado de salud que integra el sistema nacional de salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado, se lee en su artículo 1.
El artículo 2 de la norma señala que el sector privado deberá “atender obligatoriamente sin dilatación alguna a todas las personas que sean referidas por el subsector público de salud, a fin de ser diagnosticadas, atendidas y tratadas”.
En cuanto a los reembolsos -según el proyecto- el Estado devolverá los costos mínimos que incluya la atención que requiera el paciente, conforme a reglamentación emitida por el Ministerio de Salud.
El reembolso “deberá considerar el costo mínimo comercial estandarizado en que se haya incurrido y demostrable de manera documentada, bajo los principios de transparencia, economía, proporcionalidad y razonabilidad”, se lee en el artículo 3.
En compensación, el nivel central de Estado podrá optar por la dotación al subsector privado de salud de medicamentos, insumos o equipos para su atención y tratamiento.
El Gobierno podrá utilizar los recursos asignados por la Ley 602 de Gestión de Riesgos, además de créditos y donaciones externas e internas que ingresen al país, para financiar estos gastos en el sector privado de salud.
Fuente: Página Siete Digital