Caen producción e ingresos de YPFB y el Gobierno proyecta una reactivación

La producción de gas natural cayó en -26,4%. La CBHE observa la falta de políticas para atraer inversiones. Operarios denuncian crecimiento de la burocracia estatal

 

“El sector hidrocarburífero quedó en una situación catastrófica tras el gobierno del Movimiento al Socialismo”, afirma el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos al momento de explicar cuál es la situación del negocio más importante de Bolivia, que representa el 30% de los ingresos totales por exportaciones. 

La producción de gas ya registraba una caída durante el gobierno de Evo Morales, y evidentemente no se ha recuperado en los últimos meses. “El Gobierno actual está chupando la mandarina amarga. Dicen que la producción de gas está bien, pero no es la realidad”, precisó Ríos.

Producción y exportación

Cuando Jeanine Áñez llegó a la presidencia de Bolivia -luego de la renuncia del entonces presidente Evo Morales- la producción del país, según el Centro Nacional de Información Hidrocarburífera, llegaba a 53,03 millones de metros cúbicos de gas diarios (MMm3/d). En diciembre de 2019 este resultado cayó a 44,68 millones.

Ya en 2020, en enero los pozos de gas arrojaron una producción de 51 MMm3/d. Para marzo las cifras cayeron a 39,3 MMm3/d. Desde ese mes las cifras no se actualizaron más. Los ingresos también bajaron. Al primer semestre, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior las exportaciones de gas llegaron a $us 1.089 millones.

La cifra es inferior a los $us 1.306 millones, registrados en el mismo periodo del año pasado, es decir, una caída del 17%, situación que se atribuye al comportamiento de la producción y venta de hidrocarburos en el mundo.

La producción de líquidos también se contrajo. En noviembre se extraían 49.833 barriles por día de petróleo crudo (BPD). En marzo la cifra cayó a 38.734 BPD.

Ríos se apresura a indicar que la caída de la producción no es culpa del actual Gobierno, pero debe trabajar en un diagnóstico certero para la próxima administración. “La demanda interna de Bolivia son 14 MMm3/d, entonces viendo la curva de producción se ve que en 2029 vamos a estar deficitarios en gas natural, estamos a nueve años de comenzar a importar gas natural”, explicó.

Sobre el tema, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, indicó que con las empresas petroleras se está trabajando en un plan de reactivación. Y es más, aseguró que se viene una nueva ley de hidrocarburos más abierta para la inversión.

Y si bien los ingresos bajaron, los gastos operativos en la petrolera, subieron. El dirigente de los trabajadores petroleros de La Paz, David Paredes, sostuvo que antes de la llegada de la nueva administración la estatal contaba con 6.500 funcionarios en todo el país. Pero actualmente esta cifra se incrementó a 8.000 operarios, la mayoría, personal administrativo.

Enderezar el rumbo

Si bien era previsible una caída en los ingresos debido a la poca producción y a los bajos precios, según el experto en hidrocarburos, Hugo del Granado, “se esperaba que este Gobierno, pueda enderezar el rumbo equivocado que había tomado la política petrolera en la administración de Evo Morales”. Para él, desde el comienzo de su gestión, el Gobierno lanzó ‘declaraciones exitistas’, igual que el anterior régimen.

Por ejemplo, explicó que a comienzos de año, YPFB anunció el descubrimiento de gas en dos nuevos campos: Sipotindi y Yarará, y que iban a entrar a producción en el mes de abril, pero en cambio, según Del Granado, estos proyectos serán cerrados. “Informaron que iban a perforar 19 pozos. Luego que había noticias interesantes del pozo Jaguar, dos meses después Shell lo abandonó porque no era comercial”, detalló.

Desde el sector privado, el diagnóstico tampoco es optimista. Claudia Cronenbold, presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), dijo que en estos meses no se avanzó en ningún aspecto del negocio. Sostuvo que hay buena voluntad, pero el escenario general, de bajos precios y pandemia, hacen que la situación se deteriore. “El sector está con dificultades para realizar inversiones; que están en su nivel más bajo. Hay un escenario global difícil, pero no hay ninguna reacción para atraer inversiones”, afirmó.

Cronenbold es consciente de que quizás por el carácter transitorio del Gobierno es complicado tomar decisiones estructurales, pero sí cree que se pudo destrabar la burocracia, pero no ocurrió.

El empresario del sector, Carlos Delius, dijo que la única tarea del Gobierno era administrar lo mejor posible YPFB, lo que no cumplió.

Se tenía que aplicar torniquetes, el sector se desangra. Pero no se hizo nada”, sostuvo.

Mientras Ríos señala que el Gobierno de transición debe dejar lineamientos e insiste en que prima el factor político y no el técnico.

En eso coincide Del Granado que también aseguró que la herencia del MAS fue desastrosa, porque se priorizó en el desarrollo de proyectos antes que en la exploración: el corazón del sector.

El especialista Bernardo Prado dijo que es complicado evaluar las políticas hidrocarburíferas porque el tiempo es corto. Pero, observó los diferentes casos de corrupción y la falta de transparencia.

Ya van tres presidentes

En estos nueve meses pasaron tres presidentes por YPFB; José Luis Rivero, Herland Soliz y Richard Botello. Los dos primeros se fueron en medio de escándalos.

El primero se alejó a menos de un mes de asumir, tras haber afirmado que la estatal estaba en quiebra. El segundo se fue por supuestas denuncias de corrupción -que no han sido comprobadas- en medio de rumores de disputas políticas por espacios de poder en el sector de hidrocarburos.

Lo reemplazó Richard Botello, un profesional con perfil técnico, quien lleva tres meses en el cargo en los cuales se tomó la decisión de aceptar la causa de fuerza mayor que planteó Petrobras para reducir sus requerimientos de gas.

 Adenda, el acierto

Los expertos consultados consideran que el acierto de la actual gestión en materia de hidrocarburos fue llevar a buen puerto la negociación de la adenda suscrita con Brasil, para dar continuidad a las exportaciones de gas. El contrato finalizó en diciembre, y las negociaciones se estancaron con el anterior Gobierno.

Este nuevo acuerdo permitirá, según la información estatal, que el país reciba entre $us 4.000 y $us 6.000 millones hasta 2026, cuando finalice el convenio. “Estábamos a contrarreloj: el contrato se vencía el 31 de diciembre y no había acuerdos. Tomando en cuenta las diversas opciones y competitividad, se logró un buen acuerdo”, explicó Cronenbold.

Lo mismo opina Ríos. Aseguró que el acuerdo se firmó en los mismos términos y condiciones que el contrato original, “solo que con menores volúmenes porque la capacidad de producción del país es menor”.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, dijo que no descuida la gestión del sector más allá de su labor política como delegado presidencial en Tarija con el tema de salud para enfrentar a la pandemia del Covid-19.

Zamora mencionó que se debió retomar las negociaciones con Petrobras para ajustar la octava adenda del contrato de exportación de gas natural al Brasil y que ahora permite al país seguir percibiendo ingresos por regalías.

“El anterior gobierno nos dejó un desastre de relación con Petrobras porque si no se incorporaba la adenda, Bolivia hubiese seguido entregando gas sin cobrar y pagando las multas”, afirmó.

Según el ministro, se incrementaron los volúmenes de exportación a Brasil que ahora demanda más de 20 MMm3/d, mientras que Argentina compra 19 MMm3/d, en promedio.

LA PLANTA DE UREA SIGUE PARADA Y PIDEN AUDITAR PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN

De grandes dimensiones y una inversión de casi $us 1.000 millones, la planta de urea, fue el proyecto estrella con el que Evo Morales, expresidente del país, dio por comenzada la era de la industrialización del gas. El complejo fue construido en pleno trópico cochabambino, lugar húmedo y distante de los mercados para el producto, lo cual encarece la comercialización, según los expertos.

La planta está paralizada desde noviembre y a la fecha no hay señales de que vuelva a operar aseguran expertos consultados por EL DEBER, que sugieren revisar todos los proyectos del anterior Gobierno.

Desde que comenzó su construcción en 2013 la obra fue cuestionada por su ubicación; lejos de la frontera con Brasil, uno de los principales mercados para el producto. La planta comenzó a operar en 2017, pero su funcionamiento fue irregular.

De hecho, durante el Gobierno del MAS sus operaciones fueron paradas en varias ocasiones.

Un análisis elaborado por la consultora Gas Energy Latín América (GELA) reveló que la planta de urea y amoniaco reportó pérdidas de aproximadamente $us 88,22 millones, entre 2018 y 2019.

En julio de este año el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, informó que las operaciones del complejo siguen paralizadas por el efecto generado por la histórica caída del precio del petróleo.

“Lo que se está haciendo es tomar los tiempos necesarios, de acuerdo con lo que nos informe Yacimientos, para requerir los insumos y posteriormente, cuando existan las condiciones, reactivar la industria”, sostuvo.

El empresario y especialista del sector, Carlos Delius, cuestionó al Gobierno actual por no dar una solución pragmática a este problema. Explicó que no es el único proyecto industrial paralizado.

En esta misma situación, está la planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco y la Planta de Mini GNL de Río Grande. El especialista Hugo del Granado, sostuvo que al comienzo de esta gestión se prometió que se haría una auditoría a la planta de urea, pero hasta la fecha no hay un diagnóstico sobre la situación de complejo, que cada día que pasa se deteriora más.

Ambos analistas coinciden en que el próximo Gobierno tendrá en sus manos un sector bomba a punto de explotar, con una empresa estatal completamente politizada y con proyectos industriales que se convirtieron en elefantes blancos.

“Es un panorama tétrico y pareciera que no se tiene a la gente adecuada en la posición de mando para poder tomar las medidas que se necesitan”, dijo.

En la víspera, el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora sostuvo que el Gobierno alista una nueva agenda de reactivación de la industria petrolera que contempla el desarrollo de un esquema de reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa más importante del sector.