Diputados sanciona la Ley de arraigo de autoridades en todos los niveles de Estado

La diputada de UD, Lourdes Millares, sostuvo que la norma vulnera la Constitución Política del Estado y atenta contra la presunción de inocencia.

Nacional



miércoles, 26 de agosto de 2020 · 12:33

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

ACTUALIZACIÓN

El pleno de la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la Ley N°197/2019-2020 “de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas”.

El proyecto tiene el propósito de garantizar la permanencia en el país de las autoridades que dejarán sus cargos a la conclusión de la gestión gubernamental en el caso del nivel central, y de las gobernaciones y municipios de todo el país, según explicó anteriormente el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.

“Esta ley es inconstitucional, vulnera la Constitución Política del Estado, atenta contra la presunción de inocencia, contra la libre locomoción, vulnera tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. Nosotros vemos que es el Movimiento al Socialismo (MAS) el que ha decidido aprobar una ley con fines esencialmente político -partidarios vulnerando derechos y garantías constitucionales”, señaló por su parte la diputada de UD, Lourdes Millares, en un contacto con BTV.

La norma fue aprobada el 11 de agosto por la cámara de Senadores, luego el proyecto pasó a Diputados y su tratamiento se realizó la mañana de este miércoles, tras su aprobación corresponde la remisión de la misma al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La semana pasada, la canciller Karen Longaric calificó a la denominada ley de arraigo de autoridades como un “absurdo jurídico” porque prejuzga la culpabilidad de las personas.

«Eso es otro absurdo (porque) es prejuzgar la culpabilidad de las personas, va contra el principio fundamental del derecho donde se prejuzga más bien la inocencia y no la culpabilidad; (los legisladores del MAS) quieren (…) predecir la comisión de un delito y eso es un absurdo jurídico, es absolutamente inconstitucional», manifestó la Canciller en su momento.