Los analistas consideran que el costo político es que toda acción que la mandataria haga o disponga es pasible de ser cuestionada y puesta en duda.
Fuente: Página Siete
Pablo Peralta M. / La Paz
Desde que la presidenta Jeanine Añez lanzó su candidatura, el 24 de enero, transcurrieron más de siete meses. En medio llegó la pandemia, la fecha de las elecciones se postergó, se clausuró el año escolar y el país afrontó el flagelo de 12 días de bloqueos. Mientras los problemas y la conflictividad iban subiendo, también fue tomando fuerza el cuestionamiento al rol de Añez de candidata y presidenta.
Los analistas ven que Añez paga la factura de ser “presidenta y candidata”, puesto que todo lo que hace es puesto bajo los reflectores de su postulación.
“Ese es el gran problema de un gobierno que es transitorio, que tenía poco tiempo, que se ha tenido que quedar más tiempo por la pandemia, y que al haber decidido ser candidata lo que hace y lo que no hace la presidenta Jeanine Añez es juzgado en relación a la candidatura”, explicó José María Paz, analista político.
Alejandro Canedo, escritor y consultor en TICs, sostuvo que “el día que Jeanine Añez decidió ser candidata, fue el día que dejó de ser presidenta”.
Canedo identifica al menos tres problemas subyacentes respecto a “los presidentes candidatos”: 1) El gobierno se vuelve débil, dado que las acciones que emprende y las decisiones que toma tienden a ser tibias con el fin de no arriesgar la gobernabilidad; 2) Un presidente candidato tiene su reputación pendiendo de un hilo muy delgado y éste, a su vez, depende del comportamiento de quienes le rodean; y 3) la capacidad constitucional que tiene un Estado para defenderse y defender a sus ciudadanos se ve limitada por la superposición del cálculo político.
Franco Albarracín, analista político, explica que Añez asumió la presidencia con la misión de llevar adelante una administración “básica” del Estado, “no estructural”, pero sobre todo para llamar a elecciones tras los fallidos comicios de 2019.
El también activista por los derechos humanos considera que con su postulación a la presidencia la mandataria puso en entredicho todo ese proceso e incentiva que sea cuestionado.
“En una situación tan complicada de crisis política y crisis sanitaria, el rol que tiene la presidenta se debe concentrar únicamente en salvar vidas, en llamar a elecciones y obviamente administrar el Estado. Pero todo esto se ve tergiversado con su postulación, porque al final de cuentas en el trabajo que ella pueda desempeñar no sabemos si está incurriendo en una acción determinada a favorecer a su partido o a favorecer a los bolivianos”, sostuvo Albarracín.
Marcelo Arequipa, politólogo y docente universitario, considera que tanto la pandemia y los recientes conflictos fueron administrados de una forma electoral. En el primer caso explica que el Gobierno lo manejó como un asunto de seguridad de Estado, en el que -sobre todo durante la cuarentena rígida- el “único autorizado” para hablar sobre el tema era el Ejecutivo.
“Todo el tiempo desde la primera intervención de Añez, cuando entramos en cuarentena rígida, hasta ahora, todas sus intervenciones, todos sus mensajes al país han sido qué bono se implementaba, cuándo y dónde iba a llegar. No había una medida concreta sobre el tema sanitario, solamente había acción directa sobre los bonos, por eso digo que lo electoralizó”, expresó.
En el caso de los recientes bloqueos, Arequipa considera que la administración que Añez hizo del conflicto está marcada por dos factores: el intento de diferenciarse de Mesa y Camacho, porque se disputan el mismo electorado, la llamada generación pitita; y el intento de encasillar al partido azul.
“Añez intenta diferenciarse de Camacho y Mesa, intenta mostrarse como más auténtica, y segundo, intenta poner un enmarque a todo lo que es de izquierda o del MAS que es la ‘criminalización’ (…). Entonces, estas dos cosas son como el sello particular de cómo ella ha gestionado el conflicto”, asegura.
Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por Juntos, indicó esta semana que Añez “no se va a bajar” de la candidatura. “Jeanine tiene el derecho constitucional de postular (…). Sin forzar la ley, simplemente acogiéndose a ella”, expresó.
Paz considera que lo que queda de tiempo, el Gobierno tiene que hacer lo mejor posible e intentar que todo llegue de la manera más pacífica, con los números más bajos de la pandemia, a la elección, que es “una fecha impostergable y es absolutamente necesaria”.