El Gobierno afirma que las personas que usaron armas, dinamita y que afectaron bienes públicos deben ser penadas con normas aprobadas en la gestión anterior.
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron ayer dos propuestas de ley para otorgar inmunidad a los dirigentes y personas que impulsaron los bloqueos en las carreteras del país; uno de los anteproyectos tendrá vigencia de un año. Abogados afirman que el proyecto es inconstitucional.
“La presente ley se aplicará en todo el Estado Plurinacional de Bolivia y excepcionalmente a todas las personas naturales, que en defensa de la democracia, la salud y educación, se han movilizado y realizado el bloqueo de carreteras en agosto de este año. La presente ley, por su carácter excepcional, tiene vigencia transitoria de un año computable a partir de su promulgación”, señalan los artículos segundo y sexto del anteproyecto de Ley Excepcional de Impedimento de Persecución Penal contra documento que fue remitido a la Asamblea Legislativa por el diputado Víctor Borda.
Asimismo, en el artículo quinto se determina que tendrá carácter retroactivo, en todos aquellos procesos, denuncias, querellas iniciadas por los bloqueos y movilizaciones que se registraron en este mes y que por efecto de la ley deberán ser “extinguidos en su acción penal y civil, el archivo del caso”, previsto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Borda afirmó ayer que la propuesta determina que de forma excepcional la Fiscalía y la justicia no podrán iniciar una acción o persecución penal en contra de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), Central Obrera Departamental (COD), juntas vecinales y los miembros del Pacto de Unidad.
“Amparados en varias normativas, pero principalmente en el artículo 51, numeral VI de la CPE, que señala que: ‘los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical (…), no se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical’; por tanto, los dirigentes no podrán ser perseguidos ni privados de su libertad por el ejercicio sindical”, consideró Borda.
La jefa nacional de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados Betty Yañíquez también presentó otro anteproyecto de ley con el mismo tenor. Consultada al respecto, señaló escuetamente que el espíritu de ambos proyectos es el mismo.
Las reacciones
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia Israel Centellas afirmó que el proyecto de ley es inconstitucional porque se trata de eximir de responsabilidad penal a las personas que han ocasionado la muerte de personas y, en otros casos, fueron causantes de que no se dé la atención oportuna. “Es inconstitucional porque la norma siempre es para lo venidero y no tiene efecto retroactivo y en ese sentido no podría beneficiar a esas personas que ya han cometido un ilícito; se debe generar un precedente para que a futuro no se sigan cometiendo ilegalidades”, cuestionó.
En su criterio, el Gobierno debe elevar una consulta previa al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que determine la constitucionalidad de esta propuesta y a partir de eso recién llevar adelante su tratamiento.
Consideró que la propuesta sólo busca la inmunidad para los culpables, pero lo que se debe entender es que en la Constitución no se establecen fueros ni privilegios, y es la Fiscalía la cual debe determinar responsabilidades y la autoría sobre los incidentes que ocasionaron.
El constitucionalista Williams Bascopé anticipó que en delitos de terrorismo y lesa humanidad no les beneficiará la retroactividad.
“La retroactividad es cuando opera para beneficiar al imputado, pero por si acaso en delitos de lesa humanidad no tiene el alcance. Eso ya se dio con una sentencia constitucional”, enfatizó el abogado.
Según el viceministro de Régimen Interior Javier Issa, los legisladores incurren en el delito de encubrimiento y complicidad en la muerte de las más de 30 personas, resultado de los bloqueos en las carreteras.
“Es responsabilidad del MAS que quieran encubrir actos delictivos. Lo que han cometido estos dirigentes son actos delictivos, por eso quieren sacar una ley. Es un encubrimiento directo del MAS, el 80% de la población estará en contra de esta norma y el Gobierno hará sus consultas al TCP”, dijo ayer la autoridad a Radio Fides.
Procesos
El ministro de Gobierno Arturo Murillo afirmó que las personas que usaron armas de fuego, dinamita u otros objetos, y que afectaron bienes públicos deben ser penalizadas. Eso lo establece la Ley 400 y el Decreto Supremo 2888, aprobado en septiembre de 2016. “El Gobierno no está de acuerdo con la impunidad, hay gente que ha muerto por la falta de oxígeno, han dinamitado caminos, son delitos que deben ser investigados por la Fiscalía. No hay ninguna ley que sea retroactiva, las personas que cometieron un delito tendrán que pagar por sus actos y serán juzgadas con las normas vigentes y no con otras que sean aprobadas posteriormente”, advirtió.
Entretanto, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez manifestó que los bolivianos están indignados por estos 12 días de bloqueos, de los cuales ya se tienen identificados a los responsables.
Óscar Mario Justiniano, vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señaló que los delitos ya fueron cometidos; por tanto, una propuesta de norma no puede ser extemporánea.
“Entiendo que los delitos ya han sido cometidos y si se formula una propuesta de norma o aprueban una ley, viene a ser extemporánea y es para una aplicación hacia delante”, advirtió en contacto con este medio.
Sobre los procesos, afirmó que sostendrán una reunión con el consorcio de abogados que contrataron para establecer y tipificar los delitos, pero el principal tiene que ver con el delito de lesa humanidad. “Ya se tiene identificadas a las personas contra las que nos vamos a querellar”.
A estos procesos se suma un tercero del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) que prepara contra todos los dirigentes de los bloqueos. El Ministerio de Gobierno informó que hay organizaciones ciudadanas que también anunciaron querellas contra aquellos que convocaron a bloquear.
Choque afirma que no se “socaparán” actos delictivos
El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque afirmó ayer que el MAS jamás “socapará” actos delictivos y descartó que se tenga un proyecto de ley que se tramite para proteger a los dirigentes que impulsaron los bloqueos.
“El MAS jamás va a socapar ningún acto delictivo; lo único que se pretende es que se respete la Constitución Política del Estado, en la que establece que las personas tenemos derecho al disenso, a la libertad de expresión. En ese sentido, no necesitamos ninguna ley que proteja a ningún dirigente”, afirmó.
Según Choque, si bien los parlamentarios tienen la obligación de analizar y debatir cualquier proyecto de ley que provenga del Órgano Ejecutivo o de algunos de los asambleístas, eso no significa su aprobación obligatoria, porque toda iniciativa tiene que seguir el curso que establece el procedimiento legislativo.
“Es una iniciativa como cualquier otra y una vez que sea tratada, nuestra obligación no es aprobar de ipso facto. Si la comisión la aprueba, el pleno verá si rechaza o apoya la propuesta”, dijo.
Al momento se presentaron dos anteproyectos de ley de inmunidad para los dirigentes.
Las afectaciones
- Registro Según la CAO, las movilizaciones de 12 días, que fueron convocadas por la COB y el Pacto de Unidad, provocaron al sector una pérdida de 130 millones de dólares, de los cuales sólo en Santa Cruz suman 100 millones de dólares.
- Daños El daño económico al Estado causado por los bloqueos en las carreteras del país alcanza a 10,2 millones de bolivianos, que tiene que ver principalmente con: destrozos a las casetas de peaje, la imposibilidad de recaudación de los peajes, vías dañadas y los costos por los vuelos hechos para trasladar oxígeno.
- Procesos El Ministerio de Obras Públicas señala que los recursos no están programados en el presupuesto de la gestión 2020, por lo que presentará un informe al Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General y a la Fiscalía, para sumarse a las demandas penales por los bloqueos y la incitación al daño público.