El exprocurador de Bolivia afirmó que en la gestión de Evo Morales la Escuela de Gestión Pública contrató a un experto en seguridad informática, que no impartió cursos.
Fuente: Página Siete
Erika Segales / La Paz
El exprocurador José María Cabrera reveló que la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), dependiente del Ministerio de Educación, encubrió a un experto en informática que estaría involucrado en el caso del fraude electoral. El profesional de nacionalidad mexicana fue identificado como Paulino C.P.
“Hace escasos días, cuando yo todavía estaba en funciones, finalmente pudimos tener el hallazgo de la identidad del principal mexicano involucrado en el caso del fraude electoral, que es el señor Paulino C.P., quien fungía como experto en seguridad informática, contratado por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional”, señaló Cabrera.
La exautoridad indicó que en las investigaciones se descubrió que pese a que el involucrado fue contratado como capacitador para impartir cursos de seguridad informática, en el calendario de la EGPP no se encontraron registros de algún curso programado o realizado por él, aunque hay recibos de pago por su trabajo.
“No era uno, sino varios pagos supuestamente por haber impartido capacitación en seguridad informática. El pago no era de manera directa, porque no estaba en el registro obligatorio de proveedores del Estado; estos pagos salían a nombre de los funcionarios del Ministerio de Educación y de la EGPP, luego esos funcionarios le entregaban el pago con un recibo”, dijo Cabrera.
El exprocurador señaló también que este ciudadano extranjero habría salido del país luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) publicara los resultados de la auditoría al proceso electoral fallido del 20 de octubre de 2019.
Cabrera indicó que toda la investigación sobre la participación de mexicanos en el caso del fraude se encuentra en la Procuraduría General del Estado, y que la Fiscalía debe formular su requerimiento acusatorio con base en las indagaciones realizadas.
Página Siete intentó comunicarse con las autoridades pertinentes del Ministerio de Educación para tener una versión de esa entidad. Sin embargo, no se tuvo éxito.
Un caso empantanado
El exprocurador advirtió que el caso del fraude electoral está siendo dilatado para evitar que se llegue al juicio oral, con nuevas pericias solicitadas desde el Ministerio Público. Indicó que no hay una firma auditora con más prestigio que la OEA.
“Se pretende dilatar, empantanar el juicio de fraude electoral con el pretexto de que se está a la espera de otras pericias. Se está queriendo perjudicar el caso con el pretexto de querer realizar otras auditorías, ya el informe de la auditoría de la OEA es concluyente. La Fiscalía debe presentar la acusación para que se pase a la etapa de juicio oral”, subrayó Cabrera.
No obstante, el fiscal general, Juan Lanchipa, señaló que la investigación del fraude se vio perjudicada por la paralización de actividades durante la pandemia . “No se ha podido desarrollar ninguna actividad investigativa. No es atribuible al Ministerio Público la paralización de las investigaciones. Hemos tenido la paralización, lo cual ha impedido llevar adelante diferentes actividades”, indicó, según Erbol.
Fiscalía desplegará peritos para el 18-O
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, emitió un instructivo en el que se establece las acciones para desplegar a fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del 16 al 19 de octubre, con la finalidad de atender los hechos delictivos contemplados en la Ley del Régimen Electoral u otros hechos punibles.
“Emitimos un instructivo para que, a través de los fiscales departamentales, se conformen equipos de fiscales y peritos del IDIF de turno antes, durante y después del verificativo de las elecciones, estando pendientes las 24 horas del día. Vamos a tener un despliegue de todo el cuerpo fiscal y del IDIF”, manifestó Lanchipa.
De acuerdo al instructivo, los fiscales departamentales deberán elaborar un plan de trabajo, con el fin de reforzar los turnos habituales que se cumplen tanto a llamado como en dependencias de la Fiscalía.