Caso Focas: La Fiscalía archiva el juicio contra Goni y Samuel

La investigación duró más de cuatro años y se cierra tras el cambio de Gobierno

Caso Focas: La Fiscalía archiva el juicio contra Goni y Samuel 

El líder de UN Samuel Doria Medina, en una de las audiencias por el caso Focas.

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Fuente: correodelsur.com

PARA SABER MÁS

– En enero de 2016, la Asamblea Legislativa, con mayoría de parlamentarios del MAS, envió a juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y otros.



– Desde enero de 2017, los imputados estaban arraigados en el país, debían presentarse una vez al mes en la Fiscalía y todos sus bienes estaban con anotación preventiva.

– La Asamblea Legislativa acusó a Doria Medina por la suscripción de un contrato de préstamo de $us 21 millones de dinero de Focas a favor de Funda-Pro, el 8 de octubre de 1992.

La Fiscalía General decidió archivar el juicio de responsabilidades en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Samuel Doria Medina y otros diez exfuncionarios del Estado imputados por el denominado “caso Focas”, al no haber encontrado elementos suficientes para sustentar una acusación.

El proceso, que finaliza así con el sobreseimiento de todos los denunciados, fue impulsado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio Público, durante el gobierno de Evo Morales.

La resolución fiscal pasó posteriormente a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que hace de control jurisdiccional de la investigación, para su correspondiente archivo.

LA RESOLUCIÓN FISCAL

La decisión fue asumida por el fiscal general Juan Lanchipa, luego de que en la fase preparatoria del juicio oral no se encontraran elementos suficientes para seguir con el juicio y enmarcado en la Constitución Política del Estado que establece que “el fiscal se abstendrá de acusar cuando no encuentre fundamento para ello”, según se especifica en los fundamentos de la resolución fiscal, emitida el 5 de agosto pasado.

Entre los sobreseídos figuran algunas personas que fallecieron mientras se desarrollaba el juicio, como el exministro de Trabajo Reynaldo Peters y otros que ya no podrán conocer que el Ministerio Público, tras varios años de persecución penal, no encontró suficientes elementos como para sentarlos en la silla de los acusados por un contrato firmado el 8 de octubre de 1992, hace 28 años.

En noviembre de 2016, la Fiscalía General, a la cabeza de Ramiro Guerrero (quien fue exconstituyente del Movimiento Al Socialismo), presentó la imputación formal contra 13 personas por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

La comisión de fiscales nunca reveló el monto del supuesto daño económico, con el argumento de que lo haría en un posible proceso de reparación civil.

En 2017, se instaló la audiencia cautelar en el TSJ y en ella el Ministerio Público se opuso a la nulidad de la imputación formal solicitada por la defensa. Esta acudió a todos los incidentes, como la nulidad de imputación, la extinción de la causa y otros para cerrar este caso, pero la justicia no le dio curso.

En las audiencias, los acusadores: Ministerio Público y Procuraduría General, solicitaron la detención preventiva para Doria Medina y otros, además de medidas sustitutivas para siete imputados por su avanzada edad. La disposición cautelar tampoco prosperó.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín eran procesados en rebeldía –porque ambos radican en Estados Unidos desde octubre de 2003– por un convenio de préstamo y donación de Estados Unidos para el proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas).