En los páramos que separan a Bolivia de Perú y Chile abundan ajustes de cuentas, asesinatos y trata y tráfico de jóvenes, en complicidad con malos policías.
Carlos Quisbert / La Paz
“¡Agárrenlos!…¡Mátenlos!”, instigaba un contrabandista a un numeroso grupo de jóvenes que hacían retroceder a una patrulla de militares del Comando Estratégico Operacional (CEO) de Lucha Contra el Contrabando. Los uniformados habían intervenido un convoy de 20 camiones cargados de mercadería que ingresaban por una de las 118 rutas ilegales que proliferan en la frontera boliviana con Chile y Perú.
Antes de escapar, los contrabandistas inutilizaron algunos de sus vehículos para que los militares no pudieran llevárselos. Ganaban tiempo para reorganizarse, reunir comunarios y hacer retroceder al CEO. Además de las amenazas y el viento silbando entre la paja brava, en la filmación de ese enfrentamiento se escuchan los motores de cuatro camiones de mercadería ilegal que se alejan mientras la turba persigue a los militares por un camino clandestino, entre el municipio de Pisiga y la ciudad de Oruro.
El reporte de Inteligencia de aquel 20 de febrero de 2019 reveló que además de armas de fuego, piedras y palos, los atacantes llevaban en sus mochilas dinamitas y bombas molotov.
“Este ataque ha sido planificado, no era una zona de paso peatonal de los comunarios (de Pisiga). La gente que intervino lo hizo de manera consciente para interferir en las labores de lucha contra el contrabando”, informó después el entonces ministro de Defensa, Javier Zavaleta.
En ese enfrentamiento perdió la vida Edgar Villegas Ramos, chofer de uno de los dos camiones que se incineraron en el operativo. La Fiscalía confirmó que el fallecido, de 42 años, había recibido un disparo de arma de fuego. La víctima era de Tupiza (Potosí), donde trabajaba como chofer “con sus dos líneas de flotas”. La versión policial señala que al momento de recibir el impacto Villegas no estaba al volante, sino en la pampa entre los atacantes.
“Salió de Tupiza con un grupo de pasajeros. Él pasaba por el lugar del enfrentamiento. No somos delincuentes ni contrabandistas”, declaró aquel día a la Red Unitel el hermano de la víctima. Edgar dejó tres niños en la orfandad, “sus familiares piden justicia”, señala la nota de prensa. Se descartó una acción militar ilegal en contra de civiles desarmados.
“Cuando son detenidos todos son inocentes, más si hay muertos, se convierten en víctimas. La confusión es otra arma de los contrabandistas. Para ellos es más fácil acusar de extorsión al militar o al policía que patrulla la frontera”, aseguró a Página Siete un militar que participó en el operativo.
Asesinatos
Un año antes, el 25 de abril de 2018 se promulgó la Ley Nº 1053 de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando y mediante el Decreto Supremo Nº 3540 se creó un viceministerio a cargo de esa tarea. Su primer titular fue el coronel en retiro Gonzalo Rodríguez, un veterano en la lucha contra el narcotráfico.
Rodríguez fue posesionado el 3 de mayo de 2018, 23 días después de que los sargentos del Ejército Vladimir Evans Siñani, de 24 años, y Fidel Chávez Huarina, de 27, fueran asesinados por un grupo de chuteros con impactos de bala en la cabeza.
“¡Nos están disparando!”, gritó el sargento Chávez mientras hablaba por celular con su esposa Anahí Grisel Alá Gutiérrez. Fueron las últimas palabras que la joven escuchó de su pareja la mañana de ese 11 de marzo de 2018, instantes antes de que un chutero le disparase con una carabina.
Hallan el cuerpo de Silvia. Funeral de Fidel Chávez.
Fidel y Anahí se casaron el 9 de diciembre de 2017. Con apenas cuatro meses de matrimonio y pese a los operativos en los que participaba el sargento, mantenían una comunicación constante emocionados con “una nueva vida”, la que acabó tras esa llamada. “Te amaré por mil años más”, le había escrito un día antes Fidel a Anahí en su muro de Facebook.
Minutos antes a esa última llamada, según figura en el cuaderno de investigaciones en la Fiscalía de Oruro, la patrulla de ambos sargentos intervino un convoy de vehículos chutos o indocumentados que pretendía ingresar por un camino clandestino, paralelo a la Ruta Nacional 12, que va desde la frontera con Chile, por Pisiga, hacia la ciudad de Oruro.
Los militares lograron capturar dos motorizados, uno de ellos -un Toyota tipo Caldina color blanco- debía ser trasladado por los sargentos a Huachacalla. Pero el vehículo se rezagó del contingente militar sin prever que los contrabandistas se habían reorganizado y los perseguían con armas y explosivos.
El cadáver de Vladimir fue hallado a 100 metros del camino a Sabaya. Fidel, aún con vida, fue trasladado hasta el Hospital de Huachacalla. Allí perdió la vida debido a un profuso sangrado. En el proceso de investigación se logró dar con un video en el que se identificó a los contrabandistas que los atacaron.
El 13 de marzo de 2018, la Policía presentó a Zulma Mamani Marca de Gómez, Marín Mamani Layme y Gabriel Tangara Poma como los autores intelectuales del hecho. Fueron acusados de instigar a pobladores de la comunidad de Cahuana, cercana a Sabaya, para que ataquen a los militares. La Fiscalía identificó como cabecilla de la organización criminal a Elsa Monroy Colque, “pilotera (chofer guía) temida por los chuteros del sector”, dijo el entonces fiscal de Oruro, Mario Rocha.
Finalmente, en agosto de ese año, Rudi Lucana Huayta fue capturado y presentado como el autor material del disparo de una carabina contra Fidel Chávez. Junto a Lucana cayó María Mamani Colque, quien aparecía en el mismo video portando bombas molotov aquel 11 de marzo.
El informe forense y la inspección técnica ocular al lugar del hecho concluyen que los sargentos fueron sacados del vehículo y reducidos por sus atacantes. Con base en la trayectoria de las heridas en sus cuerpos, determinaron que ambos estaban de rodillas cuando les dispararon casi a quemarropa.
Permiso para disparar
El asesinato de los jóvenes militares y las impactantes imágenes del cuerpo de Fidel tendido sobre la camilla del hospital, con el anillo de bodas aún en la mano izquierda y el uniforme manchado de sangre, provocó el repudio nacional y obligó al gobierno de Evo Morales a asumir medidas más eficaces para la lucha contra el contrabando.
Entonces, mediante los seis artículos de la Ley 1053 se autorizó a la Policía y a las Fuerzas Armadas (FFAA) el uso de armas de fuego en los operativos “en legítima defensa y de forma proporcional al peligro”. También exime de responsabilidad a los efectivos por la destrucción o inutilización de los medios de transporte de los contrabandistas, la mercadería ilegal y el centro de almacenamiento.
Foto: Ministerio de Defensa
“Como Estado tenemos la enorme responsabilidad de enfrentar el contrabando que hace mucho daño a la economía boliviana, por eso decidimos crear un Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (…). Que los movimientos sociales, transportistas, indígenas, vecinos, todos, ayuden a luchar contra el contrabando y no a protegerlo”, declaró Morales el 3 de mayo en la posesión de Rodríguez.
Según el Ministerio de Economía, a consecuencia del contrabando Bolivia pierde en promedio 1.000 millones de dólares al año y el Estado, más de 350 millones de dólares en relación al pago de aranceles.
“El Cangri”
Parte de esa millonaria pérdida en la recaudación para las arcas del Estado tiene que ver con la cantidad de vehículos chutos que se internan al país. Ahora, el trueque de autos por cocaína y marihuana en la frontera con Chile dificulta aún más la cuantificación del daño económico. Más aún cuando los intermediarios son policías bolivianos.
El 24 de febrero de 2019, en el cerro Apacheta (Potosí) se hallaron los cuerpos sin vida de los chilenos Germán Gundian, de 44 años, y Sebastián Leiva, apodado El Cangri, de 26 y famoso por participar en un reality show en Chile. El hecho reveló lo cotidiano de ese tipo de delitos que también se cometen en la frontera de Bolivia.
La investigación realizada por la Fiscalía de Chile sostiene la hipótesis de que Gundian y El Cangri eran parte de una red de robo de vehículos en su país. Los autos eran internados por San Pedro de Atacama para ser entregados a narcos en Potosí. Sus contactos eran policías bolivianos.
Además, los indicios sobre ambas muertes apuntan a un ajuste de cuentas, pues Gundian tenía deudas con otros cómplices en su país y también chuteros bolivianos, quienes finalmente fueron quienes lo abandonaron en el desierto potosino, donde murieron por hipotermia. Dos sospechosos, en Bolivia, fueron enviados a la cárcel semanas después.
El fiscal de Maipú (Chile), Tufid Bufadel, cuestiona que las autoridades bolivianas aún investiguen el caso como un simple robo de vehículos, cuando además de los indicios de narcotráfico, el informe forense reveló que se halló líquido seminal y espermatozoides en la ropa y el cuerpo de El Cangri. Por ello, considera que se debe procesar a los involucrados por el delito de homicidio.
En medio de aquellos escabrosos hallazgos, en junio de 2019, el Tribunal Disciplinario de la Policía de Potosí dispuso la baja definitiva del teniente Imar Chávez, el cabo Alfredo Flores, los policías Alfredo Pérez, Wilson Ramírez y Richard Cruz. No se logró demostrar que esos uniformados tuvieran contacto con las víctimas, pero se presume que iban a recibir el vehículo que internaban Gundian y El Cangri para canjearlo por droga.
Las circunstancias en las que murieron los chilenos no son las únicas ni las más macabras. Los informes emitidos por el viceministerio en 2019 señalan que el narcotráfico y el contrabando se “parcelaron” los 850 kilómetros de la frontera con Chile. En las zonas desérticas, en Potosí, transitan “los mochileros” que llevan droga hacia Atacama o Iquique.
Foto: Ministerio de Defensa
Un futuro mejor
“Los famosos mochileros son muchachos del Norte de Potosí, captados en sus ayllus (comunidades), varias veces se han encontrado fallecidos ajusticiados con disparos de armas de fuego en la cabeza. Son niños, de 17 o 18 años. ¿Qué hacen (los comunarios cuando matan a alguien)? Se llevan el cuerpo, no dejan que las autoridades investiguen y lo entierra en cementerios clandestinos”, afirmó Rodríguez a Página Siete.
La trata de personas y las promesas de ingresos económicos fáciles -pese a los riesgos- no sólo atraen a varones osados, si no también a mujeres jóvenes. Ellas son vulnerables por triple partida, pues en la ruta de los narcos tropiezan con la imposición de la prostitución y el riesgo ser víctimas de feminicidio.
Esa temible mezcla iba en el vientre de Silvia M. el 8 de julio de 2019, cuando murió en el camino de retorno de Pisiga a Oruro. Buena estudiante, pero con un niño al que debía mantener, la joven de 18 años dejó las aulas y junto a su amiga Jésica partió de su natal Santa Cruz hacia Cochabamba. De allí -con los gastos pagados por “la Huanca”, señalada como tratante con fines de prostitución- llegó a Oruro y se conectó a una red de envíos de droga.
El expediente judicial señala que en esa fecha, ante el cierre de la frontera con Chile, junto a su compañera, el chofer del minibús en el que viajaron y un menor que hacía de ayudante decidieron regresar sin lograr entregar la mercancía. Los móviles del hecho aún no fueron esclarecidos, pues la causa de muerte de Silvia fue asfixia mecánica y no el estallido de una de las 15 cápsulas de droga que llevaba en su cuerpo, como se sospechó en un inicio, pues en la necropsia las halló intactas.
Su cadáver fue encontrado cerca al botadero municipal de Oruro. La Policía demoró hasta diciembre de ese año para dar con Daniel, el cabecilla de la organización, quien había prometido a Silvia y Jésica una mejor vida, con ingresos fáciles. El hijo de Silvia -por quien decidió emprender aquel viaje del que no regresó con vida- quedó a cargo de la familia de la joven.
Esas y otras cientos de historias tienen un escenario común: la frontera y las 118 rutas por las que transitan los destinos de contrabandistas, uniformados, mochileros y narcos. El uso de armas y la ampliación de los años de cárcel parecen insuficientes para frenar el incremento de esos delitos.