Defensoras de las mujeres advierten que la ley 553, que modifica la ley de Abreviación Procesal Penal, obliga al Ministerio Público a rechazar denuncias de violencia cometida por dirigentes sindicales.
Fuente: Página Siete Digital
La Coordinadora de la Mujer ve «injerencia» por parte del Órgano Legislativo respecto al proyecto de Ley 553, que busca modificar la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal, ya que considera que la norma favorecerá a quienes cometan ilícitos contra las mujeres.
“El proyecto de ley plantea en su artículo tercero que el Ministerio Público estaría obligado a rechazar las denuncias por la comisión de delitos cometidos por dirigentes sindicales, entre ellos los hechos de violencia (…). Imponer el deber de rechazar estas denuncias al Ministerio Público, además de ser contrario a la Constitución, constituye una injerencia indebida del Legislativo en la labor del Ministerio Público”, explicó la integrante de la Comunidad de Derechos Humanos y de la Alianza Libres Sin Violencia, Monicá Bayá, a través de una conferencia realizada este lunes a través de Zoom.
Indicó, además, que la ley modificatoria “desnaturaliza” el fuero sindical cuyo fin es “proteger a dirigentes frente a represalias por su labor en la defensa de los derechos laborales y de ninguna manera para encubrir delitos de orden público”.
Asimismo, la integrante del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem Bolivia), Patricia Brañez, sostuvo que la modificación de la norma pretende “institucionalizar la impunidad” de los agresores.
“Manifestamos nuestra profunda indignación, primero porque proponen mecanismos de impunidad y encubrimiento a feminicidas, violadores y agresores. Y segundo, porque no responde a las preocupaciones planteadas por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil sobre la mora procesal de los delitos de violencia y el régimen de medidas cautelares”, declaró Brañez.