En una nueva pulseta entre poderes, la tarde de este miércoles la presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa (MAS), promulgó leyes que aprueban 176 contratos mineros en beneficio de cooperativistas que operan en Tarija, Tupiza, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz.

Las normas fueron sancionadas en 2019 por el Legislativo, controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero hasta el momento el gobierno transitorio de Jeanine Áñez no dio curso a la promulgación, como ocurrió con otras tres normas.

Ante esa situación, Copa optó por promulgar esas leyes para la explotación minera.

“Son en total 176 contratos que beneficiarán a las cooperativas mineras y empresas unipersonales, favoreciendo a sus socios y accionistas, generando fuentes de trabajo directos e indirectos, (además de crear) movimiento económico que tanta falta nos hace tras la crisis del coronavirus que llegó a nuestro país”, señaló.

En el acto, desarrollado en la Vicepresidencia, estuvo el dirigente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, William Colque. “Muchas cooperativas estuvieron peregrinando por estas leyes, el sistema cooperativo nacional necesita de este tipo de trabajos, que vayan dirigidos a fortalecer la economía del país”.

Son siete leyes puestas en vigencia, aunque su operativización está en manos del Ejecutivo y sus diferentes instancias. De los 176 contratos, 80 están en Tupiza y Tarija; 27 en Potosí y Chuquisaca; 5 en Santa Cruz y 64 en La Paz.

Copa también promulgó recientemente las leyes Excepcional de Arrendamientos (alquileres); Transitoria para garantizar la atención y tratamiento por parte del Subsector Privado de Salud durante la Emergencia Sanitaria producida por el Coronavirus COVID-19; y la que fomenta la Donación Voluntaria de Plasma Sanguíneo Hiperinmune para el Tratamiento de Pacientes con Coronavirus.

La administración de Áñez evitó la publicación de esas normas en la Gaceta Oficial, condición para que entren en vigencia. Copa acudió personalmente hasta oficinas del Palacio Quemado para pedir su publicación en la Gaceta, pero el Gobierno presentó un recurso para impedirlo.