Tras 14 años, develan cinco rutas del dinero venezolano en Bolivia

Fuente: lostiempos.com

Cuando el río suena, piedras trae. Este refrán se aplica de manera perfecta a las denuncias realizadas anteriormente sobre el manejo dudoso de millonarios fondos de origen venezolano en Bolivia.



Informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y del proyecto periodístico ChavismoINC dan cuenta del manejo discrecional de recursos presumiblemente destinados para proyectos pero desviados para la compra de medios de comunicación a través de transferencias a privados. Pero los “intereses” venezolanos en Bolivia van más allá, e implican empresas, agroindustria y bancos. Se menciona al menos cinco rutas de esos recursos.

Entre los principales implicados de la administración chavista en Bolivia, suena el nombre de Carlos Gill, quien tendría un conglomerado de empresas en el país, y que gozaba de la protección de Evo Morales.

En los casi 14 años de gestión gubernamental del exmandatario, no se transparentó el manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno de Venezuela para la ejecución de proyectos del programa “Bolivia Cambia,Evo Cumple”, que entre 2007-2011 alcanzó a 339 millones de bolivianos.

La UIF identificó que dentro de este periodo, específicamente 2008-2009, se entregó algo más de 16 millones de dólares de este programa a particulares para la compra de los medios de comunicación como La Razón, Extra, ATB.

Pero también se cuestionó la participación del Gobierno venezolano en varios rubros nacionales, además de presunto favor a Gill en el mercado boliviano.

Banca y la soya

Una de las primeras irrupciones del Estado venezolano en la banca boliviana se dio en 2008, año en que el Fondo Financiero Privado (Prodem) , entidad especializada en microcréditos y fundada en 1998, pasa a ser parte de capital del país caribeño. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), entonces controlado por Hugo Chávez, adquirió el 94 por ciento del grupo boliviano.

La transacción, de la que no se conocen cifras, se produjo gracias al programa “Evo cumple” del expresidente Morales, amigo personal de Hugo Chávez.

Otra operación del gobierno de Chávez que se registró ese año fue la adquisición, primero del 77,5 y luego el 99 por ciento de Gravetal Bolivia por parte de Monómeros Colombo Venezolanos, una filial de Pequiven (Petroquímica de Venezuela), subsidiaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En 2009, el entonces diputado Juan Valdivida Almanza (MAS) tomó las riendas de la empresa, pero controlada por un grupo de funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Chávez y de Morales.

Otro proyecto promovido por la dupla Chávez-Morales fue Petroandina, de la empresa de Pdvsa y la estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Chávez lo presentó en 2011, oportunidad en que anunció desembolsos millonarios. “1.500 millones de dólares para convertir a Bolivia en una potencia petroquímica”, declaró. Pero este proyecto fracasó. En 2016, el propio Morales reconoció que Petroandina estaba “en problemas” y que el gobierno estudiaba recuperarla.

Petroandina sigue en manos de Pdvsa, que desde 2011 ostenta el 40 por ciento de la estructura accionaria.

Las mencionadas empresas todavía estarían bajo el control del régimen chavista de Nicolás Maduro.

Según el portal ChavismoINC, una investigación colaborativa realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, al menos 10 empresas tuvieron relación con los flujos de dinero venezolano en Bolivia. Éstas son: Gravetal Bolivia S.A., Inversiones de Capital Inversoja, Monómeros Colombo Venezolanos, Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (Pdval),

Petroandina; Industrias Diana, Lácteos Los Andes, Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Constructora Gómez Núñez Bolivia S.A y Bolivia Inversiones Gastronómicas S.A. Bigasa. Dos nombres sobresalen en todos estos proyectos: Carlos Gill y Juan Valdivia.

En septiembre de 2019, el entonces senador Oscar Ortiz puso en evidencia un modelo de protección, de favorecimiento e incluso corrupción que habría desarrollado el gobierno de Morales, a través de contrataciones directas, para beneficiar a determinadas personas.

Pese al hermetismo y falta de información, el ahora ministro de Economía, Ortiz, con recopilación de diferentes documentos, entrevistas y otros, refiere cierta preferencia del gobierno de Morales por Carlos Gill Ramírez, paraguayo-venezolano, a sus inversiones y emprendimientos.

Cabe señalar que, en una entrevista de julio de 2015 concedida por Gill Ramírez a Economy en Paraguay, reveló que su grupo empresarial en Bolivia lo constituyen Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon).

“En Bolivia hemos invertido unos 300 millones de dólares en nuestras empresas de logística y más de 20 millones de dólares en las demás”, aseguró en esa oportunidad.

Las adquisiciones de Gill Ramírez se remontan a 2008, cuando fue introducido al Gobierno de la mano del exembajador venezolano de entonces en el país, Julio Montes.

En esa oportunidad, se conoció que Gill Ramírez compró las televisoras ATB, PAT y los diarios Extra y La Razón de La Paz, “y los vinculó editorialmente con el MAS ”.

En junio de 2014, el empresario venezolano compró del grupo Genesse Wyoming de Estados Unidos el 50 por ciento de las acciones de la Ferroviaria Oriental, que presta servicios en Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina.

En septiembre de 2015, Gill compró del grupo chileno Luksic la mitad de las acciones de la Ferroviaria Andina de Bolivia, que opera en Oruro y Potosí y realiza la conexión con Chile.

De acuerdo con la indagación de Ortiz, el Gobierno de Morales habría priorizado en este proyecto la relación con una sola empresa y un solo empresario: Gill Ramirez.

Según datos, el consorcio a cargo del tren bioceánico estaría conformado por Rumo, Transfesa, Hub Intermodal de Tres Lagos, Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental.

Hasta julio de 2018, Gill Ramírez manifestó que el tren bioceánico se encontraba en el 85 por ciento de avance y anunció nuevas inversiones, entre 80 y 100 millones de dólares.

Las indagaciones del dinero venezolano en Bolivia implican no sólo a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia, sino también a oficiales de las Fuerzas Armadas, debido a que se encontraron documentos del programa “Bolivia Cambia” en oficinas del Estado Mayor.

También se investiga a una serie de empresas y medios de comunicación, según develó el jefe de la Unidad Administrativa Financiera de la UPRE, Hugo Pérez.

Los asambleístas opositores a la mayoría del MAS, en diversas oportunidades, solicitaron informes sobre los destinos de los recursos de la UPRE, las inversiones de Gill Ramírez y otros implicados, pero sin recibir respuesta alguna.

“Tarde o temprano saldrán a luz el desvío de fondos del Estado a cuentas particulares, el favorecimiento a empresarios y otro tipo de negociados. Van a salir así como ésta, otras revelaciones del manejo delincuencial que ha llevado adelante el MAS en complicidad con sus compañeros venezolanos”, refiere el diputado Gonzalo Barrientos de Unidad Demócrata (UD).

Agregó que la los dos tercios del MAS en la Asamblea Legislativa”encubrieron” estos delitos. “Hubo proteccionismo a estos hechos y delitos cometidos, también omisión de por su aporte, porque durante 14 años se han hecho de la vista gorda, a tal extremo de que han aplaudido y felicitado este tipo de hechos”.

VALDIVIA, OTRO DE LOS IMPLICADOS

Juan Valdivia Almanza, diputado por Cochabamba entre 2010 y 2014, fue presidente y accionista mayoritario de Gravetal, cuando aún no había concluido su mandato como diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según la denuncia de su excolega Bernardo Montenegro, Valdivia era accionista del 34% de Gravetal, empresa que en ese entonces valía 100 millones de dólares, monto que no figura en la declaración jurada de aquél año.

En 2015, incursionó en la actividad inmobiliaria en Santa Cruz, donde habría comprado 193.199 metros cuadrados para el proyecto Colinas del Urubó por 11.591.000 de dólares

También sería dueño de la importadora de autos Honsam la empresa Agrobol, una de las mayores distribuidoras de fertilizantes del país, y propietario de restaurantes y heladerías en Cochabamba.

En mayo de 2019, compró un paquete accionario en el lujoso Hotel Radisson en Santa Cruz, según refieren medios de esa ciudad.

FUNCIONARIOS VENEZOLANOS IMPLICADOS EN BOLIVIA

REDACCIÓN CENTRAL

El portal ChavismoINC, que junta una serie de investigaciones sobre el destino del dinero de los gobiernos chavistas fuera de ese país, apunta a una serie de empresas y funcionarios chavistas implicados en presuntos desvíos de fondos venezolanos en Bolivia.

De la lista destaca Pedro Lugo Gómez, quien llegó a ser presidente de Monómeros Colombo Venezolanos, la empresa que sirvió para adquirir Gravetal.

En Gravetal resalta Juan Moisés Lares González. Entre todos fue quien permaneció mayor tiempo en posiciones directivas: ocho años, hasta el 25 de noviembre de 2019. Lo removieron dos semanas después de la renuncia de Evo

Morales de la presidencia boliviana. En paralelo, Lares González desempeñó otras funciones, detalla el reporte titulado “El diamante mejor escondido del chavismo”.

En el caso del Fondo Financiero Privado Prodem, se informó que tiene entre su directorio y ejecutivos a funcionarios que han ejercido o ejercen altos cargos importantes para la administración de Maduro.

Por ejemplo, Xabier Fernando León Anchustegui, que fue expresidente del directorio de Prodem, ejerció como viceministro de Articulación Económica y viceministro de Comercio.

También se menciona a Arlen Siu Piñate Pérez, que según medios venezolanos, es hija del ministro de Trabajo de Venezuela, Eduardo Piñate.

En el caso de desvíos de fondos venezolanos para comprar ATB y La Razón, se vinculó al exembajador de ese país en Bolivia Julio Montes, fallecido en 2017.