Para las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, que fueron anuladas por fraude, el Estado destinó 217 millones de bolivianos.
Evo Morales emite su voto en las elecciones del año 2019. Foto: ABI
Entre 2016 y 2019 se realizaron tres procesos electorales vinculados, de uno u otro modo, a la aspiración de Evo Morales de mantenerse en el poder hasta 2025, cuando habría cumplido 19 años continuos en la presidencia de Bolivia. Los tres costaron al país casi 400 millones de bolivianos.
El primero fue el referendo de reforma constitucional del domingo 21 de febrero de 2016, que costó 153 millones de bolivianos, según informaron entonces las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE); 38.579.925 bolivianos se utilizaron para el empadronamiento masivo y la impresión de boletas de sufragio y 115.330.753 bolivianos para la campaña de información, la contratación de notarios electorales y capacitación de jurados electorales.
No obstante, el resultado de ese proceso, que rechazó la repostulación de Morales y Álvaro García, no impidió que, nueve meses después, el Tribunal Constitucional Plurinacional autorice la repostulación alegando la aplicación preferente del Pacto de San José. Incluso fue más allá, porque determinó que la repostulación sea indefinida.
El segundo proceso ocurrió el 27 de enero de 2019. En medio de una polémica nacional por el derecho de Morales a repostularse nuevamente, el TSE convocó a las primeras elecciones primarias, en las que todos los partidos presentaron binomios únicos. El costo fue de 27 millones de bolivianos.
Finalmente, el 20 de octubre de ese mismo año, con un costo de 217 millones de bolivianos, se realizó la elección general con el presidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) como candidato a su cuarto mandato continuo, proceso que finalmente fue anulado por fraude.
Un informe de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó ese extremo y, producto de ello, todos los vocales del TSE y una treintena de los tribunales departamentales electorales están procesados por delitos electorales.
El informe concluye que hubo “operaciones dolosas” que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”. Una de las principales implicadas es la vocal Lucy Cruz, quien fue identificada como la persona que ordenó cortar el flujo de información del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.
Sin embargo, la investigación que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó en este caso reveló que hubo una célula del MAS que operó el fraude, en coordinación con un grupo de al menos 21 extranjeros, 20 de ellos mexicanos.
Identificó además que una reunión en el piso 17 de la Casa Grande del Pueblo podría haber dado inicio al fraude, ya que se realizó en reserva y con personal del sector informático de varias dependencias del Estado.
El viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría dijo que quien encabezó el operativo para el fraude fue el exministro de la Presidencia de Evo Morales. “Estamos en condiciones de demostrar que el operador político designado en el gobierno del MAS, para manejar el tema electoral, era el exministro Juan Ramón Quintana”, afirmó.
Quintana se encuentra actualmente asilado en la residencia de la Embajada de México, en La Paz, junto con el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación Nicolás Laguna, quien también es investigado por el fraude electoral. Junto a ellos se encuentran los exministros de Justicia y Defensa, Héctor Arce y Javier Zavaleta.