Defensoría del Pueblo evidencia abuso policial en desalojo de predios en litigio

Efectivos derribaron varias viviendas de la comunidad Nuevo Renacer, cumpliendo una orden del INRA. Se busca una salida humanitaria para las familias afectadas

Las casas destruidas tras la intervención policial

La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo evidenció que familias enteras fueron sacadas de sus viviendas tras la intervención policial en la comunidad campesina Nuevo Renacer, ubicada a 73 kilómetros de San José de Chiquitos.

En el informe presentado por Carlos Lara Ugarte, responsable de la Defensoría, se reporta la destrucción de cinco viviendas, una de ellas quemada, además de la escuelita. También indica que 67 personas, entre ellas niñas, niños y adultos mayores, han quedado sin techo debido a la acción policial.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en la comunidad Nuevo Renacer. Un contingente de 45 policías arribaron desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra junto al administrador de las tierras que tendría un propietario, personal del INRA y un notario de fe pública.



La comunidad está asentada en un terreno privado desde 2011. La intervención responde al litigio por la propiedad. Como resultado de la intervención policial, una persona fue detenida y trasladada a las celdas policiales de San José de Chiquitos.

Desde la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se observó la ausencia de instituciones que velen por los derechos de los comunarios durante el desalojo.

Ante la presencia del contingente policial, las familias procedieron a  sacar todas las pertenencias de sus viviendas.

El coordinador Regional de la Defensoría del Pueblo, Carlos Lara Ugarte, junto a una comisión integrada por personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San José de Chiquitos y el dirigente de la Sub Central Campesina de este municipio, realizaron la verificación del lugar y constataron cinco casas totalmente destruidas.

La misma suerte tuvo la escuelita donde destrozaron la infraestructura de madera, los pupitres, las pizarras y todo cuanto se encontró en este espacio de educación que costó el esfuerzo de la comunidad para beneficio de sus hijos, según los testimonios recibidos en el lugar.

Una de las viviendas afectadas fue totalmente quemada. Pertenecía a una pareja de ancianos de más de 70 años de edad que, al igual que las otras familias, han quedado sin techo.

Durante la verificación de las organizaciones defensoras de los derechos, se observó que todavía había llamas activas. Así que se activó un protocolo de alerta ante el peligro de afectar a pastizales secos.

La decisión del responsable de la Defensoría, junto al trabajo del administrador de la propiedad facilitaron el despliegue de personal para liquidar el fuego existente.

Tras las primeras indagaciones, la comisión desplazada desde San José se entrevistó con los comunarios afectados, quienes manifestaron que viven en esas tierras desde el año 2011 y que las viviendas fueron destruidas con el uso de maquinaria pesada.

Asimismo, la comisión se reunió con el administrador, identificado como señor Castedo, para solicitarle que, por razones humanitarias, permita el retorno de las familias a la comunidad que se encuentran en un lugar denominado 85, donde fueron trasladados por los mismos efectivos policiales.

La intervención de la Defensoría del Pueblo trata de encontrar una solución favorable para ambos, en el marco de la normativa vigente y los procedimientos que la ley establece para este caso.

Fuente: El Deber