La evolución de la pandemia muestra a Bolivia por debajo del promedio regional de casos detectados de la enfermedad, los que en estos días previos a la elección van en descenso.
En mi anterior artículo sobre la Covid-19 (Tres escenarios marcan el ritmo de la pandemia hasta el día de las elecciones, publicado el 1 de julio) describía cómo estábamos en ese momento, qué nos vendría y cómo enfrentaríamos las anunciadas elecciones del 6 de septiembre. Hoy nos centraremos en el momento, en el cómo vivimos la pandemia y cómo llegamos a las elecciones que se realizan este domingo 18 de octubre.
Para ello, seguiremos a la enfermedad por tres etapas que hasta hoy transita en nuestro país: su auge, crisis y descenso y hablaremos de verdades, yerros, mitos y falsedades (el que sea el virus más informado —verdadera infodemia de verdades y bulos—, expandido y coercitivo de toda la historia lo hace singular).
Inicio y auge de la pandemia
La epidemia del coronavirus —porque no fue oficialmente pandemia hasta que el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó así— llegó a Bolivia con un retraso, el 10 de marzo, con dos señoras bolivianas que regresaban de España y de Italia, respectivamente. Y digo con retraso porque en la región la Covid-19 había aterrizado, literalmente, con ciudadano brasileño que llegó por vía aérea a Sao Paulo, procedente de Italia el 25 de febrero. Cuando aterrizó en Bolivia ya había llegado, además de Brasil, a México (27), Ecuador (29), República Dominicana (1/10), Argentina, Chile (3), Colombia, Costa Rica y Perú (6), Paraguay (7) y Panamá (8).
Después de llegar a nuestro territorio arribó a Cuba, Honduras y Guyana (11), Guatemala, Uruguay y Venezuela (13), El Salvador y Nicaragua (18), Haití (19) y Belice (23), entre los países de Latinoamérica; no obstante, ningún país de la región (incluyendo todas las islas del Caribe, las Guyanas, las Islas Malvinas y Georgia) se salvó de la enfermedad.
Reubicándonos en Bolivia, el 12 de marzo —con dos casos en los departamentos de Santa Cruz y Oruro—, el gobierno nacional tomó las primeras medidas frente a la ya pandemia con la declaratoria del Estado de emergencia sanitaria por Covid-19, que debió regir, inicialmente, hasta el 30 de abril, pero que debido a la situación sanitaria, se fue extendiendo hasta la actualidad, con diferentes aperturas autorizadas por los gobiernos autónomos de nivel departamental y municipal, en función del nivel de riesgo. Actualmente vivimos la etapa denominada “cuarentena condicionada y dinámica”, sin ser abierta totalmente, es más flexibilizada y municipalizada.
El 21 de marzo —con 22 casos en todo el país (10 en el departamento de Santa Cruz, uno en el de La Paz, dos en el de Cochabamba y nueve en el de Oruro) se emitió el Decreto Supremo 4199 que declaraba cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, para frenar el contagio y propagación de la enfermedad. El decreto establecía una “cuarentena rígida y obligatoria en todo el país” y estuvo acompañado de un conjunto de medidas que ingresaron en vigencia desde el domingo 22 de marzo.
El Ministro de Salud que navegó el inicio de la pandemia fue Aníbal Cruz Senzano, parte del primer gabinete del gobierno de transición, nombrado el 14 de noviembre. Aunque aparentemente había un control sobre la propagación de la enfermedad, el 8 de abril —sólo aún con 264 casos repartidos en los departamentos de Santa Cruz (con casi la mitad de los casos), La Paz, Cochabamba y nueve en Oruro— fue sustituido abruptamente con Marcelo Navajas Salinas, cuya gestión duró hasta el 20 de mayo y también terminó abruptamente, pero con detención policial contra la nueva autoridad. Pocos días antes había estallado el escándalo por la compra de 170 respiradores artificiales —muy básicos— fabricados por la compañía española GPA Innova, en medio graves irregularidades y un sobreprecio del 170%.
Al momento de explotar el escándalo, aún la situación epidemiológica no era abiertamente crítica, algo más de 4.900 casos, 438 ese día (casi el 60% en el departamento de Santa Cruz, sobre todo su ciudad capital).
Pero el escándalo alrededor de esa compra develó graves falencias, hasta entonces latentes pero poco advertidas, del gobierno de transición: falta de adecuados controles y transparencia —ésta prometida pero no cumplida—, improvisación y malísima comunicación gubernamental, discrecionalidad y deficiencia en los criterios de gestión —la compra irregular partió de dos funcionarios principales del Ministerio de Salud, uno de los cuales había sido por muchos años de la máxima confianza de la última ministra masista-.
La justificación dada, evitar una masacre blanca de exfuncionarios masistas (en este caso masacre azul), era ausente de criterio, sobre todo porque el anterior gobierno había sido expulsado por una insubordinación civil—. Ese desgaste marcó el inicio de lo que sería, en poco tiempo, el final del proyecto político Juntos con la candidatura de la presidente transitoria.
La siguiente encargada de la cartera —María Eidy Roca Justiniano— fue nombrada para enfrentar la crisis que se avecinaba, para paliar las graves deficiencias dejadas por los anteriores gobiernos y “navegar” la herencia dejada por Navajas.
Se desborda la pandemia
El primero de junio sobrepasamos los 10.000 casos totales desde el inicio de la pandemia y el 17 del mismo mes los 20.000 casos. El 22 tuvimos por primera vez un día con más de mil nuevos pacientes detectados. El 27 llegamos a 30.000 afectados, el 6 de julio a 40.000, para el 14 sobrepasar los 50.000 y el 20 los 60.000. Días antes, el 28 de junio, sobrepasamos los primeros mil fallecidos y el 17 de julio los 2.000 decesos por el coronavirus; ese mismo día alcanzamos los 2.000 nuevos pacientes detectados en 24 horas.
El 27 de julio superamos los 70.000 contagios y el 1 de agosto se superaron los 3.000 nuevos pacientes, detectados en un sólo día, y sobrepasamos los 3.000 decesos. Al día siguiente nos acercamos a los 80.000 contagiados y el 9 a los 90.000.
El 15 de agosto superamos las 4.000 víctimas mortales; mientras que el 16 sobrepasamos las 100 mil personas infectadas desde el inicio de la pandemia y el 25 los 110 mil. El 31 de agosto, como cierre de mes, alcanzamos más de 5.000 decesos, el 6 de septiembre —tras corrección y sinceramiento estadísticos en Santa Cruz— los 7.000 y el primero de agosto contabilizamos 8.000.
El 5 de septiembre llegamos a los 120 mil detectados y el 19 a los 130 mil. Alcanzaremos los 140 mil a mediados de la próxima semana si se mantiene la progresión actual.
Son cifras frías, pero más dramáticas si pensáramos que no tienen que ser las totales. Los detectados, muchos asintomáticos o levemente sintomáticos e incluso enfermos graves, como los que murieron en las calles o fuera de los hospitales, no fueron comprobados, parte por la poca cantidad de pruebas PCR diarias —el día con más pruebas, según el Ministerio de Salud, se hicieron las 4.800—, por el atraso en los procesamientos de esas pruebas, lo que llevó al descarte de alrededor de 10.000 acumuladas sospechosas sin procesar en un mes, y porque posibles afectados no se verificaban, rehuyendo la lamentable estigmatización social que la epidemia conllevaba para los contagiados.
Tampoco los registros de fallecidos por la epidemia serían definitivos, tanto por los entierros clandestinos como por el atraso en el procesamiento de pruebas ya demora —consecuencia de las restricciones por las cuarentenas— en actualizar los datos en el Registro Civil.
Declive de casos
El descenso de los nuevos casos, la reducción de los fallecimientos y, sobre todo, la reducción de los casos activos —que aún no me atrevería a denominar franca recuperación porque hay indicios, leves aún, de aumento de nuevos casos en Santa Cruz y se mantienen indicadores aún altos en algunos departamentos, principalmente Tarija pero también Chuquisaca y Potosí— se inicia el 22 de agosto.
El día anterior, los casos activos habían alcanzado su mayor cuota (60.928), pero a partir de entonces empezó un descenso continuado gracias a la reducción de nuevos casos detectados como a la recuperación de pacientes atendidos, hasta llegar, el miércoles pasado, 14 de octubre, a los 28.122 casos activos.
¿Debemos sentirnos satisfechos? No queda dudas de que las medidas tomadas durante las cuarentenas y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno para paliar las falencias del sistema de salud —indiscutibles más allá de las críticas que he manifestado (incluyendo ahora la coordinación entre esos tres niveles), aunque aún sin satisfacer todas las carencias, incidieron favorablemente en reducir los casos afectados, pero sobre todo aplanaron la curva de contagios, moderando el real desborde de los servicios intensivos y los fallecimientos. Sin embargo, la realidad ha desnudado un sistema de salud que, más allá de la emergencia de la epidemia, es ampliamente carente.
Algunas cifras nos ayudarán a confirmalo:
En morbilidad —casos detectados x 100 mil habitantes—, tenemos un índice de 1.192,2 en la región (22 países analizados) —menor que el promedio regional: 1.593,8—, lo que nos sitúa por delante de Costa Rica (1.776,6), Colombia (1.844,3), Argentina (2.028,1), Brasil (2.432,3), Chile (2.527,0), Perú (2.643,4) y Panamá (2.892,8). Algo que pudiera morigerarse, para beneficio de las estadísticas nacionales, por la cantidad de detectados según más o menos pruebas PCR que cada país hubiese realizado. El índice mundial al domingo pasado llegó a 490,0.
Respecto de los decesos, los resultados son menos auguriosos: el porcentaje de mortalidad versus morbilidad de Bolivia, hasta el domingo 11 de octubre fue de 6,0%, lo que nos sitúa sólo mejor que México (10,2%) y Ecuador (8,3%). Respecto a la mortalidad de enfermos de Covid-19 por 100 mil habitantes, con 71,6 decesos nos ubicamos sólo con menos que Brasil y Ecuador (71,8 ambos) y Perú (103,7). A nivel regional, la mortalidad versus morbilidad llegó a 3,5% y la mortalidad por 100 mil habitantes a 35,6; en el mundo, las cifras alcanzaron a 2,9 y 14,0, respectivamente a cada indicador.
En recuperados, según datos también hasta el domingo 11 de octubre, Bolivia (73,5%) estaba mejor situada que Guyana (65,8%), Paraguay (64,6%), Belice (61,2%), Costa Rica (59,7%) y Honduras (38,1%); pero muy lejos de Chile (94,9%) y Cuba (92,9%). A nivel regional, el promedio llegó a 82,4% y a nivel mundial 69,3%.
Elecciones y endemia
De acuerdo al artículo que publiqué en julio, las elecciones fijadas para el 6 de septiembre por la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 de postergación de las elecciones generales 2020 pudieron ser un suicidio colectivo: ese día tuvimos más de 120.500 casos totales, más de 500 nuevos casos y 40 nuevos fallecidos. El 2 de septiembre se alcanzó el récord de 102 fallecidos en un día.
Ahora, con cifras significativamente más bajas —sólo Santa Cruz tiene más nuevos casos que recuperados, pero aún bajo niveles manejables— el voto de este domingo se convierte en una posibilidad segura, manteniendo las medidas de bioprotección recomendadas.
Agradezco a Página Siete que me invitara a escribir ambos artículos, en julio para advertir del peligro y ahora en octubre, para dar a conocer una realidad mucho menos complicada.
Ejerzamos nuestro derecho. Por la democracia y, también, por una urgida mejor y adecuada salud pública.
José Rafael Vilar es analista y consultor.