Fuente: Página Siete
La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Logaric, indicó este viernes que se defenderá de las acusaciones que se le hacen por los hechos luctuosos ocurridos en noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, ya que señala que las actuaciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) estuvieron en el marco de la Constitución Política del Estado.
“Tengo muy clara la sindicación que se me hace por el decreto supremo que se aprobó para la participación de las Fuerzas Armadas para controlar los hechos de confrontación que ocurrieron en diciembre (noviembre) del año pasado. Eso lo hemos conversado mucho, la Constitución Política del Estado obliga a las Fuerzas Armadas a cuidar la seguridad cuando la Policía fuera rebasada y lo que se hizo fue absolutamente constitucional”, indicó, entrevista en el programa En Portada.
El jueves la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe final de la comisión especial que investigó los hechos luctuosos, en el que se recomienda un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez y juicio ordinario contra su gabinete de ministros.
La Canciller aseguró que se defenderá de las acusaciones y de la misma justicia, ya que considera que la misma se encuentra parcializada.
“Esas sindicaciones son demasiado débiles, voy a asumir mi defensa y estoy absolutamente segura de que es tan débil esa sindicación que realizan que voy a defenderme en justicia, pero también sé que voy a defenderme de la Justicia, porque esta es una justicia parcializada que ha estado orquestada por el MAS durante 15 años”, sostuvo.
Dijo que es víctima de una persecución política por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“He sido víctima de una persecución política y de una violación a mi derechos humanos, esto está sancionado por las normas internacionales, he sido víctima del acoso político contra la mujer, porque el MAS tomó represalias contra mi persona por la política exterior que yo encaré”, indicó y agregó que la política exterior impulsada por ella no fue sobre la base de intereses políticos porque no tiene militancia política.
El pasado 15 de noviembre, tras los operativos de las fuerzas del orden en Sacaba, Añez y su gabinete firmaron el DS 4078, que en su artículo 3 señalaba: “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
A la Presidenta y a los ministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López, por los delitos de genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, «por los hechos luctuosos ocurridos en el puente Huayllani en Sacaba, Cochabamba y en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto».
La comisión legislativa recomienda juicio ordinario contra el resto de los ministros de Añez, entre ellos Longaric, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, por haber emitido el Decreto 4078.
Ante el saldo de aproximadamente 30 civiles muertos y cientos de heridos de bala en Sacaba y Senkata, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos observaron dicha norma, por lo que el 28 de ese mes, la misma fue abrogada.