La auditoría de la OEA, el informe de Ethical Hacking -que hizo la auditoría informática- y el informe de la Misión Técnica de Expertas Electorales de 2019 de la UE están entre los documentos de respaldo.
Yolanda Mamani Cayo / La Paz
Al menos cinco informes sustentan la denuncia por el caso fraude electoral en los comicios de octubre 2019. Tras un año de aquellas elecciones anuladas, mientras Comunidad Ciudadana (CC) sostiene que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca “imponer esa falsa hipótesis que en Bolivia hubo golpe”, en el partido azul insisten en negar en que haya algún indicio de dolo.
Los reportes mencionados son: la auditoría de la OEA, el informe de la auditoría informática que realizó Ethical Hacking, el informe de la Misión Técnica de Expertas Electorales de diciembre de 2019 de la Unión Europea (UE), el estudio Evo Morales y el fraude electoral en Bolivia: Evidencia de un experimento natural y discontinuidad y la investigación realizada desde la Procuraduría General del Estado, cuando el jurista José María Cabrera era su máxima autoridad.
El informe final de la auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, concluye que hubo “manipulación dolosa” en actas y en el procesamiento de los resultados.
“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios en dos planos. A nivel de las actas, a partir de la alteración de las mismas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. A nivel del procesamiento de los resultados, a partir del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas”, se lee en el informe.
Entre otros hallazgos, los auditores detectaron la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”; la introducción de servidores no previstos en la infraestructura tecnológica (BO1 y BO20), “a los cuales se desvió de manera intencional el flujo de información del TREP”; y la creación de un “esquema tecnológico paralelo y no controlado” que “facilitó un entorno que permitía la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital”.
El informe de la OEA concluye en que “las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa. Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”.
El informe de la Misión Técnica de Expertas Electorales de la UE detectó irregularidades en las elecciones del 20 de octubre del año pasado y, además, en las páginas de su reporte se reproducen las conclusiones del informe de la auditoría de la OEA sobre: el sistema informático, la cadena de custodia, la legalidad de la integridad de los formularios de resultados y da cuenta del análisis estadístico de los resultados finales, que “mostró que el último 5% de los resultados tenía una tendencia estadísticamente improbable en la ampliación de la diferencia hasta sobrepasar el 10%”.
En noviembre de 2019, la empresa Ethical Hacking, que realizó la auditoría informática al proceso electoral de octubre 2019, emitió un informe al organismo electoral, con 11 conclusiones sobre todas las vulneraciones que sufrió el sistema de cómputo, como la violación de la integridad de la base de datos, del software de las elecciones, entre otras anomalías.
“Nuestra función como empresa de seguridad de auditores es decir todo lo que se encontró, y mucho de lo que se encontró sustenta que el proceso electoral está viciado de nulidad”, declaró entonces Álvaro Andrade, gerente de la firma.
En septiembre pasado, el exprocurador Cabrera dio a conocer que, cuando él estaba en funciones de máxima autoridad, la Procuraduría General del Estado realizó una investigación sobre la supuesta participación de mexicanos en el caso fraude.
“La Procuraduría General del Estado, a través de sus propias indagaciones, a través de los requerimientos a Migración y una serie de actuaciones, ha dado con la identidad específica de cada uno de estos ciudadanos mexicanos, así como también instalaciones del Estado boliviano específicamente del Ministerio de Educación, donde llevaron a cabo estas actividades”, dijo Cabrera al respecto.
En octubre de este año se difundió el estudio Evo Morales y el fraude electoral en Bolivia: Evidencia de un experimento natural y discontinuidad. La investigación fue realizada por expertos de las universidades de Texas y Oklahoma de Estados Unidos, encabezada por Diego Escobari, director del programa de doctorados de la escuela de negocios Robert C. Vackar en la Universidad de Texas RGV.
Escobari explicó que el estudio “muestra evidencia de fraude antes de la caída del TREP porque las actas con fraude de Argentina llegaron al principio (por la diferencia de hora), con actas que registraban más votos para el MAS que el número de votantes registrados”.
El experto sostuvo que los votos en Argentina “tuvieron un margen tremendamente favorable a Morales, la participación de votantes subió en 154,6%, entre el 2016 y el 2019, cuando en el resto de las mesas la subida promedio fue de sólo 4,8%”.
A la par de esos documentos e informes, organismos como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y el Centro de Investigación Económica y Política difundieron análisis e informes que cuestionan la auditoría de la OEA y niegan el fraude.
Al respecto, el ingeniero Édgar Villegas, quien dio a conocer las primeras evidencias de irregularidades en las actas, afirmó a Página Siete que el informe de la OEA es contundente, y que ningún estudio pudo refutar hallazgos como los servidores ocultos y las alteraciones de las actas.
“Es realmente cínico que algunos puedan manejar el discurso de que no hubo fraude. No hay ningún tipo de estudio que demuestre que el año pasado no haya habido fraude”, dijo el investigador Villegas y lamentó que después de un año, la justicia aún no haya encontrado a los responsables de las irregularidades en los comicios anulados por fraude en octubre de 2019.
En contraste, Omar Aguilar, exsenador del MAS, afirmó que no hay ningún indicio de fraude y que “el supuesto fraude orquestado por la extrema derecha, digitada desde Estados Unidos con Luis Almagro desde la OEA, simplemente fue para derrocar a Evo Morales y quitar el poder a las organizaciones sociales representadas en un partido político”.
El político planteó que el Gobierno de Luis Arce no sólo inicie un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez y sus ministros, sino también que encamine un proceso contra el secretario general de la OEA Luis Almagro, “porque su informe preliminar llevó a las movilizaciones y enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y la Policía”, cuyo resultado son, supuestamente, los más de 30 muertos.
En tanto, Carlos Alarcón, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara Baja, sostuvo que, a un año de los hechos de 2019, la justicia está subordinada a los intereses del MAS y del expresidente Evo Morales.
“Quieren imponer esa falsa hipótesis que en Bolivia hubo golpe. Si hubiera sido así, las actuales autoridades tanto del Gobierno como del Legislativo no seríamos constitucionales, seríamos autoridades de facto porque la única razón de las elecciones del 18 de octubre es porque la anterior elección ha sido anulada por un fraude electoral”, afirmó Alarcón.
Para el analista Paul Coca, el conflicto que estalló en octubre y noviembre del año pasado se originó en 2016, cuando Morales no respetó el resultado del Referendo Constitucional del 21F. “La habilitación de Morales-García inició los conflictos y se generó el primer vicio de nulidad de las elecciones de 2019”, afirmó.