Comenzó el juicio oral en contra de un militar acusado de haber asesinado a Zulmah Vargas

El 20 de octubre de 2018, Zulmah Vargas (29) fue encontrada muerta en Villa Tunari (trópico de Cochabamba) donde fue vista por última vez en compañía del capitán Víctor Alberto C. C. (el acusado), quien era miembro de la Seguridad Presidencial de Evo Morales.
  • Fotografía de archivo. | Daniel James
Fuente: Los Tiempos
Carmen Challapa Cabezas

El juicio oral contra el capitán de las Fuerzas Armadas (FFAA) Víctor Alberto C. C., acusado por el feminicidio de Zulmah Vargas Cortez, comenzó ayer en el Tribunal de Sentencia de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba.

El 20 de octubre de 2018, Zulmah Vargas (29) fue encontrada muerta en Villa Tunari, donde fue vista por última vez en compañía del capitán mencionado, quien era miembro de la Seguridad Presidencial.

El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en el río San Mateo, en inmediaciones del hotel Mirador, donde estaban hospedados junto a otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia.



“Existen los suficientes elementos de prueba para lograr una sanción de 30 años. Pedimos a las FFAA que no protejan a este militar que hace dos años le arrebató la vida a mi hija”, dijo Germán Vargas, padre de la víctima.

Vargas lamentó que, durante el proceso de investigación, el fiscal que llevaba el caso fue cambiado, al igual que varios peritos, hecho que considera una desventaja.

Se prevé que un delegado del Ministerio de Justicia y del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) acompañen el proceso judicial, al igual que colectivos que trabajan en defensa de las víctimas de feminicidio.

“Nos quedaremos aquí en el trópico hasta que se dicte sentencia. No podemos dejar el caso de mi hija. Ella era una joven profesional con mucho futuro. No nos podemos quedar con los brazos cruzados”, manifestó.

El 3 de mayo de 2019, la Fiscalía Policial acusó al investigador José Luis F. C. de cometer una falta grave prevista en el artículo 13 numeral 7 de la Ley 101, que se refiere a “extraviar, extraer folios, o inutilizar dolosamente expedientes disciplinarios, cuadernos de investigación, pruebas, informes periciales, archivos de personal, valores policiales y documentos que se encuentren bajo su responsabilidad en el marco de la función policial”.