El caso destapó “la encarnizada competencia” entre coroneles que buscan el ascenso para ser el nuevo Comandante General de la Policía Boliviana.
Fuente: Página Siete
Carlos Quisbert / La Paz
El Ministerio de Gobierno informó que Manuel Aramayo, presunto falsificador y su contacto el subteniente Ayrton Gutiérrez vendieron de manera ilegal al menos 1.000 condecoraciones a oficiales que buscaban el ascenso a diferentes grados. La Fiscalía halló indicios de que los involucrados se dedicaban a ese negocio desde 2018.
“Podemos afirmar que hay 1.000 certificados (falsos) que se han vendido (…) pedimos al nuevo Ministro de Gobierno y al presidente electo (Luis Arce) que pida una auditoría a (los documentos de) todos los coroneles que van a ascender (a generales)”, expresó el ministro de Gobierno Arturo Murillo.
En octubre, Murillo afirmó que el caso destapó la “lucha encarnizada” que se vive al interior de la verde olivo por los ascensos, en la que estarían inmersos oficiales que encabezan, por calificaciones, la promoción 1989 de la Academia de Policías, quienes serán parte del Comando General de la Policía 2021.
Señaló -sin pruebas- que Jhonny Aguilera, “implicado en el caso terrorismo, el caso extorsión y otros fue de frente contra el coronel (Iván) Rojas (exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Felcc)”, a quien señalan por manipular el operativo con el fin de perjudicar a sus rivales en el proceso de ascensos.
La Fiscalía informó que según los indicios, Aramayo comercializaba los documentos entre los policías desde 2018 y que ya se iniciaron las pericias de al menos 100 documentos secuestrados en el operativo realizado por los grupos de Inteligencia encabezados por el Ministerio de Gobierno, el 4 de septiembre.
Entre los certificados figuran nueve que llevan la firma del entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque (MAS) y otros documentos con la rúbrica del ministro de Defensa Fernando López. Ambos se presentaron como víctimas ante el Ministerio Público.
Según las declaraciones de los implicados, en el caso figuran 50 policías comprometidos.
En septiembre, la Fiscalía conminó a la Dirección Nacional de Personal de la Policía a entregar la información sobre los certificados, diplomas y condecoraciones que, desde sargentos hasta generales, presentaron para sumar puntos y ascender de grado desde la gestión 2016.
Laura Crespo, abogada del subteniente Gutiérrez, señaló que a dos meses del inicio del caso, el fiscal Rudy Terrazas no respondió a los pedidos de investigación que ha solicitado. Dijo desconocer cuál es el informe en el que se basó el ministro Murillo para afirmar que existe esa cantidad de documentos vendidos.
“Como parte de la defensa, quisiéramos que el ministro sea tan amable y nos pase una copia de ese informe. En efecto, todos los documentos han sido llevados para su valoración al laboratorio, pero no hay un informe que diga que son certificados falsos, cuántos son o a quiénes se los vendió”, afirmó Crespo.