El cuerpo de Mario Salvatierra fue trasladado al cementerio de Montero, el 2 de noviembre de 2019. (Foto: APG)

Fuente: www.periodicobolivia.com.bo



En el informe por minoría presentado por el ahora exdiputado Amílcar Barral se advierte que existen dos indicios que pueden declarar nulo el informe presentado por la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que investigó los sucesos derivados de las movilizaciones a partir del 21 de octubre de 2019, porque dos diputados fueron parte de los conflictos indagados y a la vez son miembros de la delegación parlamentaria.

“Se vulneraron una serie de principios constitucionales y procesales fundamentales en el ámbito del Estado de Derecho, además que existe la susceptibilidad de una posible manipulación en la investigación a favor de alguno de los implicados”, resaltó el legislador.

Barral explicó que la primera observación es que el diputado del MAS, Víctor Borda, elegido como presidente de la comisión sin tomar en cuenta que fue víctima en los conflictos postelectorales. El 10 de noviembre de 2019 renunció a su cargo porque un grupo de personas incendiaron su domicilio en Potosí y secuestraron a su hermano.

Sin embargo, el exdiputado Borda, en contacto con el periódico Bolivia, consideró que su participación en la comisión no direccionó la investigación porque no se tomó en cuenta investigar las agresiones que se produjeron contra su hermano y la quema de su bien inmueble.

“Lo que no toma en cuenta el exdiputado Barral es que no se han investigado esos hechos, no son parte del informe que se presentó al pleno de la Asamblea Legislativa y por tanto consideramos que no pueden ser un indicio para invalidar el trabajo que hemos hecho”, precisó Borda.

PARENTESCO IMPLICADO

Otra de las observaciones hechas al trabajo de la delegación parlamentaria es que el diputado del MAS, Juan Cala Ortega, miembro de la comisión, es padre de Iván Cala Ventura, uno de los presuntos responsables de la muerte de los activistas Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en la localidad de Montero en Santa Cruz.

Si bien el informe de la comisión mixta hace referencia que ambas personas fallecieron por impacto de bala el 30 de octubre de 2019, no se realiza ninguna entrevista a las familias de las víctimas fatales. Pero se toman las declaraciones de los vecinos de Guadalupe de Cofadena por los destrozos que se registraron por integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista.

Borda confirmó el parentesco de Juan Cala con uno de los involucrados en las muertes de Salvatierra y Terrazas en Montero, pero aclaró que el mismo le solicitó que se retire de la inspección y de la investigación de ese caso.

La exdiputada del MAS, Mireya Montaño, afirmó que ese hecho tampoco es un vicio de nulidad del informe, porque los implicados de las muertes están con detención preventiva en Palmasola a la espera del juicio oral y una posterior sentencia.

No obstante, Cala participó en las otras investigaciones de otros casos ocurridos en Montero y es uno de los firmantes del informe final que presentó la comisión el pasado 29 de octubre ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

Se recomendó iniciar un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Añez y todo su Gabinete ministerial por genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos en el puente Huayllani, Sacaba-Cochabamba y la planta Senkata, en El Alto.

INFORME SESGADO

El viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, afirmó que el informe presentado por el MAS en la Asamblea está sesgado porque no se toma en cuenta que el Gobierno pacificó el país ante la ola de violencia que desencadenó los sectores afines al MAS.

“Tanto la presidenta Añez como el Gabinete son inocentes, además se estarían yendo con la conciencia limpia porque desde una crisis política y social que Evo Morales ha realizado a través del megafraude grosero del 2019, se ha llegado a pacificar al país. (…) Uno se va con la conciencia limpia”, dijo.
la investigación

La comisión profundizó con inspecciones in situ y entrevistas a las víctimas y otros actores en cinco casos: los destrozos e incendios en el barrio Guadalupe de Cofadena (Santa Cruz), enfrentamientos en Ovejuyo (La Paz), la intervención de Fuerzas Combinadas en Betanzos (Potosí), los muertos en Huayllani Sacaba (Cochabamba) y la “masacre” de Senkata.

Con relación a los enfrentamientos en Ovejuyo de La Paz el 12 de noviembre, desde el MAS se confirmó que el abogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, patrocinó legalmente a la esposa de Percy Romer Conde Noguera, que falleció por impactos de bala.

Al respecto, Montaño indicó que la familia requería el asesoramiento de un abogado para presentar la denuncia por la muerte Percy. Además aseguró que esto no se debe señalar como una manipulación en la investigación.

Si bien la comisión hace una amplia explicación de cinco casos, no se investigó ni halló responsables en al menos nueve hechos de violencia previos al 12 de noviembre. Quedaron al margen de las investigaciones las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en Montero (Santa Cruz), de Limbert Guzmán en Huayculi (Cochabamba).

Asimismo, la emboscada de Vila Vila (Oruro), el tiroteo en Challapata (Oruro), la quema de los buses PumaKatari, de las casas de activistas, periodistas y autoridades, el saqueo e incendio de módulos policiales y el ataque al policía Juan José Alcón en El Alto.