Expulsaron a Robert Blanco de la dirigencia deportiva

El congreso ordinario de la federación determinó ratificar el castigo al dirigente cruceño, que ganó un amparo constitucional para ser reconocido como el máximo representante del balompié nacional

Fuente: El Deber

El 50º congreso ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ratificó la destitución como miembro del comité ejecutivo y la expulsión de Robert Blanco de la dirigencia deportiva. Los 21 asistentes apoyaron esta determinación de manera unánime. Su reemplazante será elegido en una nueva cita.



El 21 de agosto, sus pares decidieron marginarlo por haber acudido a la justicia ordinaria, en la pugna por el sillón presidencial de la federación con Marcos Rodríguez, pero tenía que ser confirmado en la asamblea magna del balompié nacional.

Blanco ganó un amparo constitucional, el 18 de agosto, para ser reconocido como el máximo dirigente del fútbol boliviano; sin embargo, solo logró ingresar a las oficinas de la FBF en Cochabamba, ya que en La Paz guardias de seguridad privada le impidieron su paso.

¿En qué se avalan? El artículo 15 del Estatuto de la FBF dice que el congreso puede expulsar a un miembro “por acudir a los tribunales ordinarios para resolver un conflicto, evitar el cumplimiento de un fallo o la modificación de la normativa en vigencia de la FBF o sus miembros, excepto en los casos en los que las disposiciones legales vinculantes de FIFA, de la Conmebol o de la FBF lo autoricen específicamente”.

“Esto parece la película Jurassic Park donde los dinosaurios ponen y sacan presidentes. Todo es nulo e ilegal, el amparo constitucional (que ganó) sigue vigente, iré hasta lo último”, expresó Blanco este sábado, horas después de que concluyó la reunión.

Los miembros del comité ejecutivo (Rodríguez, Lily Rocabado, Antonio Decormis, Jaime Cornejo y Rolando Aramayo) tienen un proceso en contra por desacato al amparo constitucional, que le otorga la presidencia de la federación a Blanco. Además, fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, falsificación de documento privado y uso de documento falsificado, estafa agravada con víctimas múltiples y asociación delictuosa.