Los incidentes ocurrieron en Montero, Huayculi y Vila Vila. Entre los casos citados está la quema de buses PumaKatari en La Paz, que quedó al margen de las pesquisas.
Erika Segales / La Paz
La comisión especial de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigó los sucesos acaecidos producto de las movilizaciones que tuvieron lugar a partir del 21 de octubre de 2019 no investigó ni halló responsables en al menos ocho hechos de violencia previos al 12 de noviembre. Esa instancia legislativa recomendó, por otro lado, juicio de responsabilidades a la presidenta Jeanine Añez y procesos penales contra su primer gabinete.
Quedaron al margen de las investigaciones las muertes de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en Montero (Santa Cruz), de Limbert Guzmán en Huayculi (Cochabamba), la emboscada de Vila Vila (Oruro), el tiroteo en Challapata (Oruro), la quema de los buses PumaKatari, de las casas de activistas, periodistas y autoridades, el saqueo e incendio de módulos policiales y el ataque al policía Juan José Alcón.
El presidente saliente de la comisión Víctor Borda sostiene que debido al poco tiempo con el que se contó para la investigación de los hechos por la pandemia se tuvo que priorizar algunos casos y que debe ser el Ministerio Público que investigue los otros casos.
“Conforme a la naturaleza de la resolución y en aplicación estricta de la Constitución Política del Estado, la comisión priorizó los hechos donde fundamentalmente se vulneró uno de los derechos más elementales que tiene el ser humano: la vida, la integridad física y el derecho a la libre locomoción. En base a estos elementos se priorizó qué hechos deberían investigarse”, dijo el ahora exdiputado.
Borda subrayó: “Los demás hechos se han dejado no para la impunidad, sino para que sea el Ministerio Público el que haga la acción respectiva y la investigación. Además, de acuerdo al informe del fiscal general Juan Lanchipa tenemos conocimiento que ya se abrieron procesos respecto a esos hechos”.
La comisión que recomendó procesos contra al menos 20 autoridades y exautoridades profundizó con inspecciones in situ y entrevistas a las víctimas y otros actores en cinco casos: los destrozos e incendios en el barrio Guadalupe de Cofadena (Santa Cruz), enfrentamientos en Ovejuyo (La Paz), la intervención de Fuerzas Combinadas en Betanzos (Potosí), los muertos en Huayllani Sacaba (Cochabamba) y la “masacre” de Senkata.
Si bien el informe hace referencia a las muertes por impacto de bala de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas en Montero, no se realiza ninguna entrevista a las familias de las víctimas y solo se cita el informe del fiscal en el que se devela que uno de los detenidos es hijo de Juan Cala, integrante de la comisión investigadora.
En el informe por minoría presentado por el ahora exdiputado Amilcar Barral se advierte que al formar parte de la comisión el padre de uno de los investigados, “se vulneran una serie de principios constitucionales y procesales fundamentales en el ámbito del Estado de Derecho”, y que existe la susceptibilidad de una posible manipulación en la investigación.
La Felcc de El Alto quedó en ruinas tras el saqueo e incendio. Foto: Archivo / Página Siete
Borda confirmó el parentesco de Juan Cala con uno de los involucrados en las muertes de Salvatierra y Terrazas en Montero, pero aclaró que el mismo le solicitó que se retire de la inspección y de la investigación de ese caso.
No obstante, Cala participó en las otras investigaciones de otros casos ocurridos en Montero.
Por otro lado, quedó al margen de las investigaciones el enfrentamiento del 6 de noviembre en el puente Huayculi, en el que falleció Limbert Guzmán, de 20 años, tras sufrir graves golpes en la cabeza.
La comisión tampoco investigó la emboscada del 9 de noviembre a delegaciones de Sucre y Potosí en la carretera Oruro-Potosí, altura Vila Vila, que dejó cerca de 37 heridos y la toma de una quincena de rehenes, entre ellos mujeres, que denunciaron ser víctimas de agresiones sexuales.
Asimismo, no se hace ninguna referencia a la balacera contra los mineros de Potosí, en Challapata, el 10 de noviembre, en la que resultaron tres heridos por impactos de bala. En ese hecho se denunció que los disparos posiblemente fueron perpetrados por francotiradores.
De esa misma fecha, quedó fuera de la investigación de la comisión la quema de 64 buses PumaKatari que representaron una perdida de 11,7 millones de dólares, y el incendio y ataque a las casas de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, del entonces rector de la UMSA Waldo Albarracín, de la periodista Casimira Lema y del dirigente Nelson Condori.
Tampoco se tomaron en cuenta las violentas revueltas entre el 9 y 11 de noviembre, en las que se saqueó y quemó unidades policiales, escuelas, empresas y medios de comunicación. Ni los hechos de violencia que cegaron la vida del policía Juan José Alcón. El uniformado fue brutalmente golpeado por una turba en el Comando Regional de El Alto, el 11 de noviembre.
Los mineros trasladaron a los heridos de bala en Challapata. Foto: Archivo / Página Siete
La comisión de la Asamblea Legislativa tampoco logró realizar ninguna entrevista a las exautoridades del gobierno de Morales que se encontraban en funciones antes de la asunción de Añez como presidenta transitoria.
“No hemos querido cometer el mismo error que cometió el fiscal general. Sabemos asimilar el concepto de extraterritorialidad. Una notificación a los exministros asilados se debería hacer vía Cancillería, sí lo hizo conocer la Embajada de México, pero lamentablemente no recibimos ningún apoyo de la Cancillería”, expresó Borda.