El viceministro de Régimen Interior aclara que no se trata de investigar a la población movilizada. El MAS espera una investigación detallada de todo lo ocurrido.
Baldwin Montero / La Paz
A la fecha al menos cuatro procesos investigativos fueron abiertos para establecer responsabilidades por los hechos de violencia ocurridos entre octubre y noviembre de 2019. Si bien tres no descartan la inclusión de civiles, el mayor peso recae sobre la participación de miembros de la Policía y las FFAA, instituciones a las que el gobierno urgió a entregar toda la información que sea requerida por la justicia.
El viceministro de Régimen Interior, Emilio Rodas, explicó ayer que no se trata de encontrar responsables en la sociedad civil movilizada en esas fechas, sino entre quienes conducían ambas instituciones en ese entonces y algunos actores políticos.
“Hubo un sector de la Policía que se levantó contra el orden constitucional, hubo unas Fuerzas Armadas que pidieron la renuncia al presidente, lejos de su obligación constitucional, hubo actores políticos que desconocieron el orden establecido e incitaron a la subversión, entonces, esos hechos deben esclarecerse”, dijo.
Uno de los actores políticos clave durante el período señalado fue el exdirigente cívico Fernando Camacho, sobre quien justamente se abrió uno de los últimos procesos por terrorismo, sedición y conspiración, en el que además están incluidos tres exjefes militares y un exjefe policial.
La demanda fue presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty y, además de Camacho, quienes son acusados por esos tres delitos son su padre (Luis Fernando Camacho Vaca) y el excomandante en jefe de las FFAA Williams Kalimán Romero, el excomandante de la Policía Boliviana Vladimir Yuri Calderón Mariscal, el exjefe de operaciones de las Fuerzas Armadas Sergio Carlos Orellana Centellas y el exjefe del estado mayor Flavio Castro Arce San Martín.
Además, existe un proceso interno de oficio abierto por la Policía por el motín que se produjo en ese periodo por la quema de una parte de las instalaciones del Comando Departamental de Cochabamba y por la quema de la wiphala en los uniformes de algunos miembros de esa institución.
Este hecho es investigado por la Fiscalía Policial y el comandante de esa institución, Jhonny Aguilera, dijo que no interferirá en la labor de los tribunales policiales, aunque abrió la posibilidad de reunirse con las esposas de los policías que temen ser incluidos en el proceso.
Además de estos dos procesos en distintas instancias, existe otro abierto por asesinato, homicidio y lesiones graves y leves, en el caso de las muertes ocurridas Senkata, y un cuarto que se procesa en Cochabamba por los decesos en Sacaba-Huaillani.
En el primer caso, el fiscal Wálter Lora informó el martes que “se está investigando a generales que en su momento fueron los encargados de los operativos”. Se trataría de tres exjefes de las FFAA que según el representante del Ministerio Público serán citados a declarar.
A mediados de noviembre, el general Luis F. V. F., exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ofreció su declaración informativa en este caso.
En el caso Sacaba-Huaillani son investigados al menos dos exjefes policiales y un militar, además de los exministros de Defensa y Gobierno, Fernando López y Arturo Murillo. Cinco personas ya prestaron sus declaraciones hasta la fecha.
En Senkata y Huaillani fallecieron 20 personas durante los hechos de violencia de 2019, según un reporte oficial de la Defensoría del Pueblo.
Rodas insistió ayer en que las investigaciones tienen que ver con la subversión. “No se está juzgando a la gente por los 21 días de paro, no se está juzgando a la gente por las banderas o las pititas colocadas en las esquinas, esos hechos están al margen de la investigación porque era en su momento un derecho ciudadano”, declaró en entrevista con la red Unitel.
Para el MAS se trató de un golpe de Estado y así lo reiteró ayer Segundina Flores, principal dirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa. “Exigimos y pedimos al Ministerio Público la investigación detallada de los hechos ocurridos durante el ‘golpe de Estado’ en noviembre de 2019, según lo que emana de la Constitución”, declaró luego de expresar su respaldo a la demanda de la exdiputada Patty.
Justamente en este caso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, desmintió ayer al fiscal Omar Mejillones, quien un día antes había informado que se activó una alerta migratoria contra todos los procesados. Dijo que eso no es evidente. Casi de inmediato el abogado de Patty, Jorge Nina, anunció que insistirán en que se active la alerta lo antes posible. “Debía ser en el transcurso del día”, opinó. Pidió además que se conforme una comisión de fiscales para este caso.
La senadora de Creemos Centa Reck dijo que espera que la justicia no acelere de manera irregular los pasos que se deben dar en estos casos, “porque en todas las situaciones lo que se debe cuidar es el debido proceso”.
El presidente Luis Arce pidió a la Policía y FFAA facilitar información para aclarar estos hechos