Defensa: Militares acusados por Sacaba y Senkata deben ser juzgados en la vía ordinaria

El documento de ese despacho indica que las FFAA no pueden asumir responsabilidad por los hechos cometidos por ninguno de sus miembros, cuando se trata de atentados contra la vida humana.

 



Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Los militares implicados en las muertes de Senkata y Sacaba deben ser juzgados por la vía ordinaria y no por la Justicia Militar y las “Fuerzas Armadas (FFAA) no pueden ser salpicadas por los delitos cometidos por cualquiera de sus miembros, sin importar su rango”, indica un comunicado del Ministerio de Defensa publicado en su página de Facebook.

Un día después, que el presidente Luis Arce Catacora, advirtiera a las FFAA que “no es posible eludir la justicia”, sobre las muertes de 2019, el documento que hizo público Defensa ratifica que la vida es el mayor bien jurídico protegido por la Constitución Política del Estado (CPE). “Y ninguna persona, sea civil o militar puede estar al margen de dicho amparo jurídico”.

Citando a la Sentencia Constitucional Plurinacional 2540/2012, que establece que la jurisdicción ordinaria se constituye en la regla, respecto a la jurisdicción penal militar que se constituye en la excepción. “Las Fuerzas Armadas no pueden asumir responsabilidad por los hechos cometidos por ninguno de sus miembros, cuando se trata de atentados contra la vida humana”.

Indica además “respecto al falso debate de que si el caso que nos ocupa debe ser sustanciado y dirimido por la justicia militar o por la jurisdicción ordinaria”, cuando se trata de proteger o amparar un bien jurídico como es la vida, “la regla establece que es la justicia ordinaria la que está por encima de cualquier fuero especial”. La mencionada sentencia se aplicó en el caso de un subteniente que “mortalmente golpeado durante un entrenamiento militar en Sanandita (Tarija)”.

El otro ejemplo se refiere a la ‘Guerra del Gas de 2003’, cuando los militares fueron acusados ante la justicia ordinaria por las muertes de civiles tras la convulsión social.

“Por ello el Ministerio de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, remarca que institucionalmente las Fuerzas Armadas no pueden ser salpicadas por los delitos cometidos por cualquiera de sus miembros, sin importar su rango”, concluye el documento.

Desde el 23 de diciembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga los hechos luctuosos que acabaron con la vida de al menos 37 personas en Senkata, Sacaba y Montero el año pasado.

El 24 de noviembre, la Fiscalía detuvo al general Alfredo Cuéllar, que en 2019, fue comandante de la guarnición militar en Cochabamba, sospechoso de las muertes en Huayculi, Sacaba; sin embargo, unas horas después se benefició con la detención domiciliaria. “En el caso de la detención y procesamiento del Gral. Cuellar no corresponde que toda la institución armada se sienta afectada para actuar en ‘espíritu de cuerpo’”, añade el comunicado del Ministerio de Defensa.