El ministro Quelca indicó que las direcciones departamentales y distritales de Bolivia deben regular los excesos de las unidades educativas privadas. La DDE de La Paz alista sanciones, según la norma establecida.
Verónica Zapana S. / La Paz
Incrementos arbitrarios en las pensiones, contratos notariados, procesos civiles por falta de pago e ingreso en lista de mora son cuatro de las irregularidades que identificaron los padres de familia de colegios privados al momento de inscribir a sus hijos. Educación anuncia sanciones.
“Lastimosamente ya hemos recibido más de 150 denuncias sobre diferentes irregularidades en las inscripciones de los colegios privados”, indicó el presidente de la junta nacional de padres de familia de colegios particulares, José Antonio Pereira.
Explicó que entre las denuncias más frecuentes está la firma de contratos arbitrarios entre padres y colegios como requisito para la inscripción de los alumnos. “Varios padres de familia han denunciado que les obligan a firmar un contrato que es notariado. En el documento hay varias irregularidades y llama la atención una cláusula que indica que si el Gobierno decide hacer una rebaja de pensiones, el padre no podrá acogerse a ese beneficio”.
Un contrato al cual accedió Página Siete indica: “tomando en cuenta las obligaciones anuales de carácter económico que mantiene (el colegio) tanto con el personal docente como administrativo, las cuotas ordinarias por el servicio educativo continuarán pagándose de forma periódica aún ante la eventual suspensión, reducción o clausura al que pueda someterse la continuidad regular del año escolar por determinación de autoridades gubernamentales (…)”.
Pero no sólo es eso, precisó Pereira, e indicó que en otros colegios también se han registrado denuncias de alza de pensiones, pese a que el Gobierno no ha fijado el incremento de las cuotas mensuales. “Por ejemplo, en un establecimiento que está cerca en centro paceño, el año pasado la mensualidad era 737 bolivianos, pero ahora están cobrando 746 bolivianos”, resaltó.
El artículo 100 de la Resolución Ministerial 01/2021 – la cual regula la gestión educativa- establece que el incremento de las pensiones para la gestión 2021 dependerá de la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “La inobservancia de esta previsión será sancionada a la unidad educativa privada con una multa de acuerdo a lo establecido”, dice la norma.
Las sanciones van desde una multa del 10% del ingreso mensual neto del colegio cuando la infracción es por primera vez y del 20% de su ingreso mensual neto si es por segunda vez hasta el cierre definitivo del establecimiento en caso de que incurra en una tercera infracción.
Respecto al pago de una cuota extra “como aporte voluntario” en algunos colegios, Pereira remarcó que esos cobros se aplican principalmente a estudiantes nuevos. “Cobran esos aportes y ni siquiera entregan factura”, reclamó. Con ese pago, el padre de familia de un estudiante llega a pagar 11 mensualidades.
El representante explicó que otra de las irregularidades identificadas es que este año de educación virtual los colegios están cobrando el mismo monto que se pagaba por clases presenciales en 2020. “¿Cómo vamos a pagar por clases virtuales, en las cuales los niños pasan sólo dos horas como máximo, como si fuesen clases presenciales que tenían un horario de casi seis horas?”, cuestionó molesto.
El ministro de Educación, Adrián Quelca, oficializó hace unos días que debido al alto índice de casos de coronavirus en el país, las clases en áreas urbanas serán a distancia. Es decir, con el apoyo de la vía virtual, de textos y medios de comunicación, como radio y televisión.
Pereira lamentó que no exista “por lo menos una escala de pensiones mientras dure la pandemia y las clases sean virtuales”.
Otra madre de familia de un colegio del centro paceño denunció que el contrato de prestación de servicios del establecimiento indica que los progenitores que se atrasen en el pago de pensiones ingresarán a una lista de mora. “Igual que en los bancos. Eso incluso nos hará pasibles a un proceso civil”, dijo.
El ministro Quelca recalcó que los colegios particulares “deben adecuar las pensiones a las modalidades de servicio que van a ofrecer a los estudiantes”. Acotó que son las autoridades departamentales y distritales de Educación las que deben regular los pagos. Desde la dirección departamental de Educación de La Paz se aseguró que las faltas a la norma serán sancionadas.
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