Esta cartera de Estado trabajará una agenda prioritaria de cinco puntos, todos orientados a la prevención, protección, atención y restitución de los derechos de las NNA del país, desde diferentes ámbitos.
Fuente: Página Siete Digital
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Dirección General de la Niñez y Personas Adultas Mayores, presentó este lunes una agenda prioritaria de cinco puntos con la cual se trabajará desde la prevención, protección, atención y restitución de los derechos de los menores de 18 años.
Los datos del Ministerio Público muestran que en lo que va del año, seis niños y niñas fueron asesinados, además de que hubo 800 vejámenes contra menores de edad.
En la agenda:
El primer punto tiene relación al fortalecimiento del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (Sipproina) a través de una «reingeniería» del sistema, el establecimiento de una agenda subnacional y la reforma de la Justicia, con relación a la jurisdicción de la niñez y adolescencia.
Se tiene previsto generar un gran pacto nacional y una cruzada de protección con la participación de los diferentes niveles de gobierno en el ámbito de sus competencias.
Respecto a la reforma judicial, se trabajará en el fortalecimiento de las capacidades de los jueces públicos de la Niñez y Adolescencia, y los mecanismos que permitan trabajar de manera coordinada.
El objetivo es fortalecer el sistema en todas sus fases, tanto en la prevención, atención, como de restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de todo tipo de violencia.
El segundo punto se refiere a la protección y desarrollo integral de niñas y niños de la primera infancia.
Las experiencias regionales muestran que intervenir en el desarrollo de los más pequeños, genera a la larga adultos sanos con posibilidad de devolverle al país elementos cualitativos. Para ello, se trabajará en las Escuelas de la Ternura Para la Primera Infancia de la mano de las familias, a través de la campaña denominada Primera Infancia con Amor.
Los registros públicos apuntan a que las y los niños más vulnerables a ser víctimas de violencia sexual e infanticidio, son los más pequeños.
El tercer punto está relacionado a la prevención, atención y restitución de los derechos de NNA víctimas de violencia sexual y violencia en entornos digitales.
El tipo penal más recurrente en las y los niños es la violencia sexual, por eso se trabajará principalmente en mejorar la respuesta del sistema a estos casos, desde el órgano Judicial, Ministerio Público, defensorías de la niñez y de servicios como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), entre otros.
El cuarto punto tiene relación a la implementación de la Ley 1168 de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes, de abril de 2019, y la construcción de la política pública de restitución del derecho a la familia.
Con esta premisa se busca trabajar por los más de 5.600 niños y niñas que viven en 180 centros de acogida del país.
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El objetivo es trabajar a través del plan de implementación de la Ley 1168 para lograr adopciones prontas y seguras, basada en los derechos de la niñez. En caso de que las y los niños tengan familia, se trabajará en la reintegración familiar.
Respecto a quienes no pudieron ser adoptados, se aplicará un programa para adolescentes con el fin de ir preparándolos para su egreso de los centros, a los 18 años.
El quinto punto es concerniente a la protección integral de NNA testigos de violencia de género y feminicidio, quienes también resultan siendo víctimas directas de estos flagelos, por lo que se buscará que cuenten con una categoría de protección.
Muchos de estos acontecimientos trágicos ocurren en el seno familiar, así lo confirmó el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de Chuquisaca, Sergio Fajardo.
Asimismo, durante 2020, se registraron 225 casos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes y el año cerró con 2.146 embarazos infantiles.