La aeronave con «200 toneladas» de insumos médicos que no llegó a Bolivia

 

 

Leny Chuquimia Ch./ La Paz 

Por un absurdo enredo burocrático, en plena primera ola de Covid-19, el Gobierno boliviano canceló un vuelo que partía de China con 200 toneladas de elementos de bioseguridad. Las inconsistencias contractuales y la negligencia en el seguimiento de las compras provocaron que los equipos terminaran en Egipto y China.

Después de que la emergencia sanitaria se declaró en Bolivia -en abril de 2020-, el mercado de insumos médicos se desabasteció durante meses. Claudia S., médica residente en el Hospital de la Mujer, recibía un gorro desechable y barbijo quirúrgico que debían durar lo mismo que su turno: más de 24 horas, cuando la OMS recomienda que sea cambiado después cuatro horas de uso, como máximo.

“Al complejo hospitalario de Miraflores llegaron muy pocos elementos. Por lo escaso del material teníamos que estirar su uso o comprarlo por nuestra cuenta, pero no había en ningún lugar y lo que había era muy costoso”, dijo Claudia.

La situación se repetía en todos los hospitales de Bolivia, donde los insumos de bioseguridad eran los más preciados ante la alta demanda mundial que causó la pandemia.

En mayo 2020, en plena escasez y mientras el país ascendía al pico de los contagios, un vuelo humanitario que partía de China rumbo a Bolivia, con 200 toneladas de elementos de bioseguridad, fue cancelado por instrucción del Ministerio de Energías. Entre la carga declarada por varias empresas figuraba una compra estatal que en papeles había sido entregada más de un mes antes y rescindida, según el gobierno, una semana atrás.

“Por las restricciones y la situación en todos los países, no había cómo traer insumos y había escasez en el país. Por eso varios importadores (22) hemos contratado un vuelo a través de la empresa ChexAir que logró traer cargas. Entre nosotros estaba Provtec, la que tenía los contratos con el Estado. En los productos sólo yo tenía invertidos más de 100 mil dólares, con la cancelación nos quedamos sin nuestra inversión y las farmacias, hospitales, alcaldías, etc…, sin insumos”, señaló el empresario Juan Carlos Nemtala, uno de los proveedores afectados.

El 29 de mayo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) autorizó, a pedido de la empresa ChexAir, el ingreso a territorio boliviano del Airbus egipcio A330-203 con miles de productos de bioseguridad adquiridos por las 22 empresas. Pero dos días después la autorización fue anulada abruptamente, cuando la aeronave ya había cargado los insumos y se alistaba a despegar de China rumbo a Bolivia, debido a que la compra estatal que debía llegar en ese avión había sido anulada varias semanas atrás y el vuelo perdió la categoría de humanitario.

Durante la cuarentena rígida, los vuelos humanitarios -aquellos que transportaban insumos médicos adquiridos por el Estado o pasajeros con permiso de retornar a sus países- eran los únicos autorizados. Bolivia había cerrado sus fronteras para frenar los contagios de Covid-19 que iban en ascenso.

El director ejecutivo a.i. de la DGAC, Ceiler Aparicio Arispe Rosas, explicó que el 31 de mayo de 2020 esta entidad recibió una nota, firmada por Luis Claros Mayorga, director general de la empresa Provtec, en la que informaba que el Ministerio de Energías había cancelado la orden de compra de insumos y equipos.

El argumento para cancelar la autorización fue que la razón que justificaba al vuelo -traer una carga de insumos sanitarios para el gobierno- había dejado de existir. “Por tanto, la posibilidad de que ingrese al país en una aeronave egipcia proveniente de China, ya no era factible, debido a que nuestro país no tiene relaciones aerocomerciales con Egipto ni con China”, sostuvo Arispe Rosas.

El ahora exministro de Energías Rodrigo Guzmán, antes de dar por “cerrado el caso”, afirmó que en el avión no había ningún lote de insumos para la cartera que presidía.

“Sí, firmamos dos contratos con Provtec, pero uno ya había sido entregado y el otro -por 10 respiradores- fue rescindido porque la proveedora indicó que le era imposible cumplir. Ese dinero está intacto”, declaró.

Por el caso, que impidió la llegada de insumos médicos a Bolivia, se presentó una demanda. “Nosotros presentamos una demanda por los delitos de uso indebido de influencia, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, delitos contra la salud pública.  El proceso es por impedir la llegada de 200 toneladas de insumos de bioseguridad desde China”, afirmó la senadora María Oporto del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, consultada para esta  investigación.

El origen de los contratos

“Desde el inicio de la emergencia sostuvimos reuniones y se pidió al hospital y a las autoridades departamentales que compren insumos, pero no llegaba nada”, afirma Claudia. Estas solicitudes se replicaban en varios hospitales del país, donde médicos y enfermeras protestaban en las calles exigiendo la dotación de los insumos de bioseguridad.

Para atender la emergencia, la presidenta transitoria, Jeanine Añez, nombró nueve delegados presidenciales. El ministro de Energías Rodrigo Guzmán era uno de ellos.

Su misión era coordinar las tareas de lucha contra el coronavirus en el departamento del Beni, el segundo más golpeado de Bolivia por la enfermedad. Allí, por falta de insumos de bioseguridad los médicos enfermaron y se tuvo que enviar galenos de todo el país para evitar más decesos cuando éstos se registraban por cientos cada día.

En esa situación, el Ministerio de Energías programó dos adquisiciones de insumos y equipos médicos para combatir la Covid-19.

En el Sistema de Compras Estatales (Sicoes) los dos contratos están registrados en un solo proceso asignado con el CUCE 20-0085-00-1042107-0-E bajo el título de “Provisión y dotación de material de bioseguridad y de primeros auxilios para el personal del PERII y PEVD para afrontar la crisis de Covid 19-marzo 2020”. Sólo figuran seis documentos; todos imprecisos, incompletos y publicados el 2 de junio, dos meses después de las adjudicaciones.

Las órdenes de compra del contrato están enumeradas como 401 y 402. Ambas fueron adjudicadas a la empresa Provtec de forma directa y los recursos salieron del Programa de Electrificación Rural, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se realizaron en el marco del Decreto Supremo 4174, que permite excepcionalmente durante la emergencia sanitaria, las compras directas; sin embargo, no exime a las autoridades de publicar la información de los contratos en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

La compra 401 data del 9 de abril y consta de cinco ítems: 800 gafas protectoras, 2.000 máscaras KN95, 722 mamelucos, 800 protectores faciales y 800 guantes no estériles. Todo por un valor de 736.770 bolivianos (105.252 dólares). Un acta de recepción firmada por tres responsables del proceso da cuenta que estos insumos fueron entregados el 13 de abril, más de un mes antes del polémico vuelo.

La 402 contempla un solo ítem: la adquisición de 10 respiradores, cuyo costo total asciende a 405.830 dólares (2.784.000 bolivianos). Es decir que el precio de cada equipo era 40.583 dólares (278.400 bolivianos). El plazo de entrega estaba fijado en 15 días calendario.

No se adjuntan especificaciones técnicas, propuestas, procedencia u otros datos para comparar los precios en el mercado. Pero no es lo único que falta. Esta compra fue “dejada sin efecto” el 19 de mayo mediante un acta firmada por el viceministro de Electricidad, José Luis Peña.

El contrato no especifica posibles multas por incumplimiento o las causales para un rescindimiento. Asimismo, el documento que lo disuelve por “caso fortuito” no precisa cual fue el motivo específico.

En contacto con los medios, el viceministro Peña señaló después que la empresa Provtec no podría entregar los equipos en el tiempo establecido.

“La Orden de Compra  402/2020 (10 respiradores) no contiene las multas por incumplimiento, ni las causales por las que podría resolverse o dejarse sin efecto; sin embargo, en nota MEN-01132/ VMEEA/PEVD/PERII-0140/2020 del 19 de mayo de 2020  se manifiesta la ‘… aceptación de dejar sin efecto orden de compra 402/2020…’, bajo el argumento de un caso fortuito presentado por la  empresa, que no se especifica”, señaló un analista experto en licitaciones al que Página Siete pidió una revisión de los documentos.

Apunta también a otras irregularidades: el ministerio no detalla cuál es la causa de la compra y la orden de compra es extemporánea, toda vez que fue emitida el 22 de abril de 2020 con un plazo de 15 días calendario; es decir, que los respiradores debieron entregarse el 7 de mayo. Sin embargo, se deja sin efecto el 19, cuando ya había incumplimiento por parte de la proveedora.

El 22 de abril, fecha en la que se emitió la orden de compra de los respiradores, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) era la instancia que concentraba las adquisiciones para combatir la Covid-19. Sin embargo, la adjudicación de los respiradores no fue supervisada por esa entidad ni por el Ministerio de Salud.

“Nos comunicamos con personal de Salud, médicos y amigos personales, para que nos den un parámetro de ciertas especificaciones técnicas, porque estos respiradores eran para terapia intensiva. Vieron que los equipos estaban dentro del rango del precio y que eran buenos. Con ese criterio es que se procedió a la contratación”, explicó Peña, el 23 de junio.

A la fecha, aún se desconocen las especificaciones exactas de los artefactos hospitalarios. Para esta investigación se solicitó los datos técnicos de la adquisición fallida al Ministerio de Salud, a la Aisem, al Viceministerio de Transparencia y al Ministerio de Energías; sin embargo, no se obtuvo respuestas.

¿Qué pasó con el vuelo?

“Cuando ya estábamos por despegar del aeropuerto de China, llegó la anulación del permiso para entrar a Bolivia.  Eran unos 22 clientes que traían entre uno y cuatro ítems cada uno. Había 44 tipos de productos: mascarillas, overoles, termómetros, barbijos quirúrgicos, de tres capas, N95 … absolutamente todos los dispositivos de bioseguridad. Eran unos 150 metros cúbicos, prácticamente la totalidad del avión. Estaba también la supuesta compra para el Ministerio de Energías”, dijo el operador logístico del vuelo, quien pidió mantener su nombre en reserva.

Esta carga iba a ser transportada en un puente aéreo entre China y Bolivia el 31 de mayo. Arribaría al aeropuerto Jorge Wilstermann, de Cochabamba, entre el 1 y el 2 de junio. Sin embargo, el vuelo –que al traer insumos contra la Covid-19 para una entidad estatal debía ser considerado humanitario-   fue desautorizado desde la DGAC, a pedido de la proveedora.

Con el argumento de que Energías canceló la orden de compra, Provtec solicitó dejar sin efecto la última autorización, cuando la nave ya estaba a punto de partir de China rumbo a Bolivia. El vuelo nunca llegó y parte de la mercadería se quedó en China y otra tuvo que ser trasladada hasta Egipto.

 

“El 4 de mayo, la empresa manda la solicitud para que el Airbus A330-243 pueda ingresar al país. Hice las gestiones ante la DGAC. Este avión nunca llegó y resulta que después la misma empresa, el 22 de mayo, solicita el ingreso de una nueva aeronave como si fuera carga para el Ministerio de Energías, cuando el 19 de mayo rescindimos el último contrato, ¿cómo una empresa quiere utilizar al Ministerio para ingresar insumos al país? ¿Qué clase de seriedad es esa?”, cuestionó Guzmán.

Autorizaciones y cancelaciones

En la Dirección General de Aeronáutica Civil el caso está documentado en un compendio de documentos que advierten contradicciones entre los papeles presentados por la empresa Provtec y el proceso de contratación. Desde el 28 de abril se remiten cartas de solicitud para la importación a la Cancillería, se emiten dos autorizaciones que se anulan y luego se vuelven a autorizar.

El 4 de mayo, es ChexAir (empresa que consolida carga y tramita transporte para terceros) la que presenta la solicitud para el ingreso de una aeronave egipcia a territorio boliviano, argumentando que entre su carga estaría la compra hecha por el Ministerio de Energías a Provtec, además de la mercadería adquirida por una veintena de importadores. Después de varias gestiones en la Cancillería, el ministerio y la DGAC, la autorización fue emitida el 11 de mayo. Pero ésta no fue utilizada.

Aunque el 19 de mayo Energías rescindió el contrato de adquisición de 10 respiradores con la proveedora, el 22 de mayo se vuelve a hacer la solicitud de ingreso de una nave con insumos médicos para el dicho ministerio. El 27 de mayo, es Provtec la que presenta su contrato con el Estado, el mismo que no correspondía al que había sido rescindido, sino a uno anterior (por insumos de bioseguridad) que ya había sido ejecutado y entregado. Adjunta incluso, una lista detallada de toda la carga.

Aunque se buscó insistentemente al propietario de Provtec, éste no respondió a las consultas sobre su papel en el incidente ni por qué presentó un contrato que ya había sido ejecutado. En sus oficinas, ubicadas en Cochabamba, señalaron que el empresario se presenta de vez en cuando.

Provtec está registrada en la base de datos de proveedores del Estado a nombre de Luis Ricardo Claros Mayorga. En Fundempresa figura como una entidad unipersonal. Sus plataformas señalan que brinda servicios de tecnología, sistemas, redes, telecomunicaciones y venta de insumos y equipos médicos desde hace 10 años.

Trabas a la  importación

Aunque para evitar el desabastecimiento de insumos médicos en el mercado boliviano durante la pandemia se dio la orden de dar prioridad a la internación de esos productos, hubo todo tipo de problemas para el aprovisionamiento. La burocracia y las falencias en el personal aduanero por la cuarentena generaron cuellos de botella que dificultaron el abastecimiento.

“Si bien el Gobierno transitorio emitió normativa que instruía la facilitación en la importación a todas las instituciones que tienen que ver con los productos especificados, lamentablemente, éstas no estaban listas para poder ejecutar esa instrucción. Se identificaron problemas muy comunes que no fueron resueltos por el Estado”, indicó la Cámara Nacional de Comercio (CNC).

Pese a las limitaciones de circulación que imponía la cuarentena, se pidió que las autorizaciones previas para la importación de estos productos, en muchas instituciones, sean tramitadas personalmente. El personal de la institución certificadora trabajaba una vez a la semana y no abastecía el día para tramitar todas las solicitudes.

La oferta del servicio de transporte aéreo de carga se vio “reducida al límite”, siendo Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) la única empresa habilitada para trabajar en el traslado de mercadería desde y hacia Bolivia. Esto generó un cuello de botella por el que se incumplieron varios contratos tanto con el sector privado como con el sector público.

Tramitar la nacionalización de mercadería y acceder a la documentación de la carga (que no podía llegar del exterior) se volvió un viacrucis, muchos importadores tuvieron que pagar sobre estadías (demurrage), al incumplir el tiempo para la devolución de contenedores a las líneas navieras. En los puertos de Arica e Iquique se quedaron varados al menos 6.000 contenedores con insumos médicos que debían abastecer a los hospitales y farmacias bolivianas.

Los montos que los importadores debían pagar por estas demoras oscilaban entre los 60 y 90 dólares diarios por contenedor. La CNC afirma que llegó a reportar 20 millones de dólares americanos de pagos por este concepto, lo que generó grandes pérdidas para los importadores, costos que luego acabaron siendo pasados a los consumidores finales.

A ello se sumaba que cuando la mercadería llegaba a recintos aduaneros, no podían retirarla por las dificultades para realizar los trámites y debían pagar otro monto adicional de dinero por el almacenamiento. Y es que en la parte operativa de la nacionalización las empresas al no poder trasladar a su personal de manera física no contaban con documentos originales, por lo que se solicitó poder realizar este trámite con fotocopias o trabajar tal vez con códigos QR. Pero no hubo respuesta.

Para los que lograban internar los productos, hacerlos llegar a los destinos tampoco fue fácil. Los mecanismos para tramitar permisos de circulación constituyeron otro cuello de botella que alargó la espera del sector público y privado para el abastecimiento de fármacos, insumos y equipos médicos.

Una batalla que no termina

Transcurrido  un año de la primera ola de contagios, el sistema de salud boliviano aún siente el temor por las consecuencias de una tercera ola. Hasta la fecha, el país ha sufrido la pérdida de más 500 médicos y salubristas que trabajaban en primera línea.

“La primera ola fue la más crítica por la falta de insumos y equipos de bioseguridad. Existía una debilidad en el sistema de salud, de personal de salud, de infraestructura y de equipamiento”, dice el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) La Paz, Fernando Romero.

Añade que aunque ha pasado un año las falencias continúan, que no hay equipos médicos y que los equipos de protección personal aún son insuficientes.

Claudia aún combate al coronavirus en el Hospital de la Mujer. “Desde la crisis soy muy cuidadosa con los barbijos, los guantes, los mamelucos. Temo que vuelvan a faltar”, lamenta.

La industria nacional no logra abastecer el mercado
El  67% de los insumos médicos que usa Bolivia son importados

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el 67% de los insumos médicos, medicamentos o equipos destinados a atender la pandemia de Covid-19 en Bolivia son importados. La industria nacional sólo logra cubrir el 37% de los necesarios.

“Sobre la base de cálculo de un aproximado de 1.700 ítems, se estima que la industria nacional abasteció con un 37% de los insumos médicos, medicamentos y equipos destinados a atender la emergencia por la pandemia del Covid-19, mientras que el restante 67% fue de origen importado”, señaló el gerente general del IBCE, Gary Antonio Rodríguez A.

Entre enero y octubre de 2020, el país importó 11,5 millones de kilos de insumos médicos, medicamentos y equipos hospitalarios, por un costo de 308,3 millones de dólares. Entre junio y octubre, las internaciones superaron a las hechas en el mismo periodo de 2019. China fue el origen de la mayoría de los productos.

Un análisis específico de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) sobre las importaciones de los artículos de bioseguridad advierte que en 2018 el monto total importado alcanzó los 1,6 millones de dólares siendo el producto más requerido los guantes de nitrilo. En 2019 este monto se incrementó en 64% registrando 2,7 millones de dólares. Finalmente, en 2020 se reportó 2,8 millones de dólares de importación.

Los datos evidencian que, si bien se incrementó la importación de los productos de bioseguridad a causa de la crisis sanitaria, esta no presentó un gran salto cuantitativo en relación a la pasada gestión. Una de las razones es que la importación de estos productos —en su mayoría— provenían de China, el epicentro de la pandemia. En consecuencia, el comercio se vio truncado en un momento de alta demanda mundial, lo que reducía aún más la oferta y el acceso a los mismos.

“Las cuarentenas interrumpieron el normal abastecimiento, ocasionaron problemas de logística y transporte por puertos y aeropuertos cerrados y después, por el volumen de importación que se vio multiplicado. El agotamiento de la materia prima subió su cotización por la mayor demanda, a nivel de fabricantes y el precio del transporte aéreo se cuadruplicó”, dijo Rodríguez.

  Pese a la urgencia, el contrato se anuló
 Las 672 mil pruebas que tampoco llegaron

Durante el primer pico, los laboratorios no se daban  abasto, no habían reactivos y desde municipios y gobernaciones pedían al gobierno central la dotación de pruebas. Desde el ejecutivo nacional se gestionó pruebas mediante la OMS, se recibió donaciones y hasta se retuvo reactivos. Se inició una serie de contrataciones que por errores en los procesos eran anuladas y reiniciadas. Pero una llamó la atención.

En agosto el gobierno adjudicó la compra de 7.000 kits (672 mil pruebas) PCR para coronavirus a una intermediaria americana que ofrecía test chinos, por sobre laboratorios regionales. El contrato tenía un costo de 25 millones de bolivianos por encima de lo ofertado por la uruguaya ATGen. Las alertas saltaron,  por presunto sobreprecio y favoritismo.

“El informe –contundente- del viceministro de Transparencia corrobora que el proceso de contratación no tiene ningún tipo de anomalía o irregularidad o ilegalidad jurídica, el proceso continúa, con tal de facilitar y acelerar, el contar con estos reactivos en el país”, sostuvo la ministra de Salud, Eidy Roca, en conferencia de prensa el 17 de agosto de 2020.

Se argumentó que el rechazo al contrato más barato era por la falta de certificación internacional, documentación incompleta y  seguridad de la salud de la población. Sin embargo, nunca se explicó el porqué se usó una intermediaria y no un laboratorio, ni por qué meses después se anuló la compra debido a dos informes técnicos y legales que hasta hoy no fueron  publicados en el Sicoes.

“ATGen tiene una certificación internacional de calidad y la presentó. Tiene una validación del Ministerio de Salud Pública Uruguayo —que no es una actividad de escritorio, sino de laboratorio— las pruebas ofrecidas cumplen con lo que se pedía y algo más. Se pueden utilizar no solo en los equipos que menciona el pliego, sino en otros; es decir exceden a lo solicitado”, afirmó el director asociado y representante legal del laboratorio ATGen de Uruguay, Fabricio Sarlos.

Al respecto, el ahora ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Miguel Saravia Aguilar, explicó que “en fecha 17 de agosto de 2020, la Embajada de la República Oriental del Uruguay remitió la postura de la empresa ATGen, en la que dicha empresa expresa que no realizó y no realizará ningún tipo de queja (impugnación) al proceso de contratación”.

Una resolución firmada por Sergio Mustafá Sáenz, en noviembre pasado -fecha hasta la que no se entregaron las pruebas que en agosto se califico de urgentes para seguir con la compra-  afirma que no se tiene pruebas que las nuevas variantes del Sars-Cov-2 causen mayor índice de letalidad, por lo que se debe evaluar la necesidad de diagnósticos.

Se añade  que “se considera que existe suficiente justificación técnica   para la cancelación de la compra.
Cinco agrónomos hacen frente al virus 
Test desde  el corazón de Bolivia 

“Cuando el comité departamental de emergencia señaló que se debía buscar una solución a la falta de pruebas, nosotros comenzamos a investigar. Dimos con un grupo de científicos de Bélgica que estaban usando el método LAMP. Nosotros podíamos hacerlo y generar nuestras propias pruebas en el país, pero necesitábamos dinero. Pedimos apoyo al Ministerio de Salud, a la gobernación, al Sedes, pero nadie nos lo dio”, indica el responsable del proyecto, Jorge Rojas.

A inicios de mayo, en un momento de alta tensión entre el gobierno y la Gobernación de Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) gestionó la donación (con ayuda de la Embajada de Bolivia en Bruselas) de 5.000 pruebas rápidas. Estas eran adicionales a otras 5.000 que fueron enviadas para un proyecto de investigación del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Agronomía.

“Era una tecnología alternativa a la PCR que para su aplicación en un laboratorio no necesitaba los equipos costosos que el gobierno no podía comprar. Solo necesitábamos los insumos y nosotros podríamos armar los kits acá, en el corazón de Bolivia”, dice Rojas.

Los test y reactivos donados llegaron a Santa Cruz en una valija diplomática que fue interceptada por el Ministerio de Salud para que no siguieran su curso hasta Cochabamba. De las 5.000 pruebas rápidas sólo se entregaron 2.000 a la casa de estudios superiores. Las otras 3.000 fueron retenidas para ser usadas en Beni que en ese momento colapsaba por la magnitud del brote.

“En cuanto supieron que eran pruebas, el material fue interceptado por el gobierno que nos dijo que si había pruebas debía ser para esta cartera. Tuvimos que ir a traer nuestros reactivos porque eran muy importantes para nuestra investigación.  Fuimos por tierra en una camioneta de la universidad que no tenía permisos de circulación porque el gobierno tampoco nos la emitió. Le pusimos el logo de la universidad, nos pusimos mandiles blancos y trajes de bioseguridad y partimos”, relata Rojas.

Y es que esa dotación de reactivos sería usada para investigar y producir kits de pruebas LAMP, que ya eran usados en varios países de la región. Estas, al igual que las PCR, se toman por medio de hisopado nasofaríngeo del que extrae el ARN viral. El material genético extraído es mínimo y para ser detectado debe ser amplificado.

Para ello la PCR necesita un termociclador, mientras que la LAMP -por las enzimas que usa- “amplifica” más en menor tiempo y sólo con un baño maría y un indicador de PH que al detectar la amplificación del virus cambia de rosado a amarillo, dando un positivo que puede ser leído a simple vista. Eso implica un menor costo y la posibilidad de hacer la prueba en cualquier laboratorio.

Aunque la sensibilidad es menor (96% la PCR y 94% la LAMP), la especificidad es mayor debido a que no tendrá falsos negativos o positivos por la cantidad de indicadores usados en la prueba. Mientras la PCR usa tres, la LAMP usa seis.

Esta tecnología se hizo posible en manos de cinco investigadores agrónomos. Desde un laboratorio instalado en medio de Tiquipaya se enfrentaron al virus “cara a cara”.

“Hicimos los estudios del virus, de la técnica y logramos perfeccionarla y hacer la validación de nuestras pruebas con las muestras enviadas por el Inlasa y el Sedes Cochabamba. El primero emitió un informe de aprobación de inmediato pero el segundo no da una respuesta.

También se enviaron los informes a la Agemed y al Conalab. Esta última instancia es la que debe registrarnos en su lista de pruebas válidas, aunque ya anunciaron que estamos autorizados”, explicó Rojas.

El polémico  vuelo

22 de abril  Se emitió la Orden de Compra N° 402/2020 por un valor de  $us 405.830 para 10 respiradores.

4 de mayo  Chex Air solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores  “realizar la gestión para aterrizar la aeronave: Airbus A330-243”. Argumenta que trae mercadería para el Estado.

5  de mayo   El Ministerio de Energías solicita a la DGAC cooperar  para la llegada del avión A330-243. Horas después Provtec comunica que no podrá  entregar los respiradores.

19 de mayo El Ministerio de Energías    dejó sin efecto  el contrato, pero no comunicó a la DGAC que la compra  fue cancelada. Desde ese momento se rompe toda relación contractual.

20 de mayo   Se comunica al BID, financiador  del programa con el que se haría  la compra,  que se dejó  sin efecto la compra de los respiradores de terapia intensiva.

22 de mayo La DGAC, recibió una nueva solicitud para el ingreso de la aeronave egipcia SU-TCH. Cinco días después   Provtec apoya esta solicitud con un contrato pasado y ya cumplido.

31 de mayo Provtec comunicó  a  la DGAC que la compra  estatal fue cancelada. Por este motivo el vuelo perdió la calidad de humanitario y, por tanto,  la autorización para que el avión entre a cielo boliviano fue anulada. La nave ya con carga tuvo que desviarse a el Cairo.

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