CC denuncia que Alliance es una ONG y hay vicios de nulidad en contrato con Mutún

El diputado José Manuel Ormachea solicitó al ministro Ramiro Villavicencio la rescisión del contrato con la firma de abogados.

Fuente: paginasiete.bo



El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, denunció que la firma Alliance Abogados y Asociados está inscrita en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) como una sociedad sin fines de lucro. Además no concluyó con el trámite del Registro Público de Abogados (RPA), por lo cual el contrato con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) tiene vicios de nulidad.

En pasados días Página Siete dio a conocer que el consorcio de juristas, del cual son socios el exprocurador Pablo Menacho y el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, se adjudicaron la defensa del Mutún para el arbitraje internacional contra la Jindal Steel. El monto del contrato es de $us 360.000, equivalente a Bs 2,5 millones.

«Hay contradicciones en el proceso de contratación, como el hecho de que se adjudicó directamente el contrato. (…) La omisión del Registro Público de Abogados es una gravísima irregularidad, es como no presentar tu carnet de identidad en un proceso de contratación. La inscripción de la empresa Arce Zaconeta como una sociedad sin fines de lucro, para hacerse de un millonario contrato, es otra irregularidad», detalló Ormachea.

El legislador señaló que se envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, para que explique cómo fue el proceso de contratación de Alliance Abogados Asociados. Asimismo, le solicita que deje sin efecto el convenio, porque no se cumplieron con varios requisitos durante el proceso de adjudicación.

Entre las disposiciones no cumplidas está no contar con el RPA, acceder a un contrato pese a que es una sociedad sin fines de lucro. No se cumplen con los términos de referencia, que ser un bufete de abogados, no contar con la inscripción en la Cámara de Comercio, tampoco cuentan con boleta de garantía, entre otras observaciones.

«Es una empresa fantasma para efecto de los servicios legales. Hemos presentado una carta al ministro de Minería, para que se rescinda este contrato por las irregularidades y por el posible tráfico de influencias», complementó el parlamentario de oposición.